Esto, porque en el Congreso de la República pareciera existir tensión creciente entre quienes abogan por priorizar las medidas exclusivamente destinadas a atender la emergencia sanitaria y quienes además presionan por que se aprueben desde ya medidas para la recuperación económica. Este no es un fenómeno que se deba a carencia de sensatez, sino un típico problema político, un choque de cuotas de poder entre quienes están tratando de enfrentar lo más urgente de la crisis y quienes ven en riesgo sus intereses personales o sectoriales.
Hoy la primera prioridad debe ser única y exclusivamente la atención de la emergencia sanitaria, contener el crecimiento exponencial de los contagios o, como ya parece estar de moda decir, «aplanar la curva» de contagios. Esto requiere que el Gobierno cuente con recursos financieros para consolidar el cerco sanitario y las medidas de aislamiento, incrementar el número de pruebas para diagnosticar el covid-19 y tener lista la red hospitalaria, incluyendo los hospitales de campaña hasta ahora anunciados.
Para el efecto, el Congreso debe aprobarle al Gobierno recursos de emergencia que incluyan el Préstamo para Políticas de Desarrollo sobre Gestión del Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CATDDO)/8962-GT, de 200 millones de dólares; el préstamo de apoyo presupuestario Programa de Administración Tributaria y Transparencia (PBL)/3786/OC-GU, de 250 millones de dólares, y el préstamo Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)/4791/OC-GU, de 100 millones de dólares, todos ellos créditos en condiciones blandas, de desembolso rápido, específicamente destinados al sector salud o para atender emergencias como la actual.
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Además, el Ejecutivo debe explicar en detalle por qué la ampliación presupuestaria solicitada, financiada totalmente con deuda pública, contribuye a la atención de la emergencia. El Congreso debe aprobar urgentemente los componentes de esta iniciativa de ley directamente vinculados con la emergencia y posponer la discusión de los demás. En estas aprobaciones, el Congreso debe incluir disposiciones estrictas, como los denominados candados presupuestarios o una suerte de toque de queda en las finanzas públicas, que obliguen al Ejecutivo a destinar estos recursos única y exclusivamente para atender la emergencia, y prohibir las adquisiciones públicas de excepción para otros fines.
Sin duda, la discusión de las medidas para la recuperación económica es importante, pero por ahora no es una urgencia extrema. A partir de esta semana el Congreso y el Ejecutivo pueden instalar mesas técnicas en las que participen el sector privado empresarial, la academia y la sociedad civil organizada para diseñar y acordar estas medidas.
Así, esta semana, en un plazo de horas o días, el Congreso debe aprobar de urgencia nacional los decretos que contengan medidas exclusivamente destinadas a la atención de la emergencia sanitaria. Estas medidas urgentes no deben retrasarse con la complejidad del diseño técnico y el proceso de acordar las medidas de recuperación económica.
En un plazo de semanas, a lo más un mes, luego de una discusión técnica, el Congreso puede dictaminar y aprobar las primeras medidas para iniciar el proceso de recuperación económica, incluyendo diferir el pago de impuestos, el capital de deudas privadas y cuotas al seguro social, así como la exoneración de multas e intereses por mora tributaria, préstamos privados o tarjetas de crédito, además de la creación de seguros de desempleo, transferencias o rentas básicas universales, entre otras.
Es el momento de demostrar sabiduría al reconocer que todo es importante, pero que primero es lo urgente. Hoy lo urgente debe ser la atención de la emergencia sanitaria, salvar vidas, sin restar importancia no urgente a la recuperación económica.
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