El tránsito a la seguridad democrática

Resuena en los distintos medios de comunicación la frase seguridad nacional, dicha por funcionarios que integran el Consejo Nacional de Seguridad, y con ello resurgen fantasmas que nos atemorizan al pensar que las instituciones de seguridad del Estado pueden estar siendo utilizadas para fines distintos a los promovidos por la doctrina de la seguridad democrática. Nos preocupa grandemente que, en un ejercicio totalmente alejado de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el referido consejo esté llevando a cabo investigaciones para determinar qué personas pueden representar un enemigo del Estado, argumento utilizado en otros tiempos para la comisión de hechos atroces como ejecuciones extrajudiciales, juicios sumarios, desapariciones forzadas, persecución, vigilancias extralegales y tortura.

Por eso es sano refrescar permanentemente conceptos y evidenciar un tránsito lento desde un modelo fácilmente manipulable para la represión hasta un modelo democrático fundado en el respeto de la persona y de sus derechos fundamentales y cuyo objetivo primordial sea garantizar una convivencia libre de amenazas de violaciones de derechos humanos. Recordar, desde una concepción kantiana si así se quiere ver, el artículo 1 de la Constitución guatemalteca, que coloca a la persona como el centro de la organización del Estado y el bien común como su finalidad, con lo cual entroniza la necesidad de un modelo de convivencia pacífica, con instituciones estatales orientadas a ello. Así lo dicen los compromisos asumidos en el Acuerdo de Esquipulas II, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, el Acuerdo de Paz sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática y la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

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En este tránsito hacia la seguridad democrática, uno de los puntos de mayor vulnerabilidad es la actividad de los servicios estatales de inteligencia, por lo que los controles parlamentarios, judiciales y ciudadanos siempre deben permanecer activos y ejercer constantemente una fiscalización y auditoría. El cierre del Consejo Asesor de Seguridad, concretado en el gobierno de Otto Pérez, representó de alguna manera el cierre de un mecanismo legítimo de diálogo. Decidir que las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad serán de naturaleza secreta y que no habrá posibilidad de debatir sus acuerdos, tal y como lo hace el actual consejo al limitar la publicación de sus actas de reunión o denegar el acceso al PDH, es un ejemplo de regreso a marcos de inteligencia concebidos como secretos y, por tanto, contrarios a todo avance hasta hoy obtenido.

De no actuar ahora en la exigencia de avanzar en la consolidación de la doctrina de seguridad democrática, estaremos siendo testigos del retroceso en uno de los máximos logros obtenidos por la sociedad durante los últimos 20 años.

«También puede ocurrir que el peso de la tradición antidemocrática permita que se acentúen las funciones de dominación y de fuerza sobre aquellas de la participación e integración, que se perpetúe la orientación de castigar los conflictos sociales […] Otro elemento crítico es la inexistencia de actores políticos democráticos no vinculados al pasado autoritario» [1].