Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
¿El tercer round?
Ir
Información

¿El tercer round?

redes sidebar

La Fiscal General Claudia Paz y Paz tiene su agenda llena. Siempre la ha tenido, pero tras el amparo provisional aceptado por la Corte de Constitucionalidad (CC) que limita su período en el puesto hasta mayo próximo, la tiene aún más. El viernes pasado, a pocas horas de que la CC diera a conocer que no admitía su recurso de revocación, ella estaba segura de que tenía argumentos jurídicos sólidos para mantenerse en el puesto hasta diciembre de este año.

“El MP era antes una institución que no tenía un rumbo claro. No había metas claramente definidas más que una cantidad de acusaciones cada mes. Y era una institución que tenía un sistema de investigación muy caro y muy ineficiente, en el que se investigaba caso por caso y que no era capaz de ver estructuras en su conjunto.”

¿En qué se basaba? En que la CC tenía que defender el Estado de Derecho y el orden constitucional, más allá de ahondar si esa diferencia de siete meses entre ambos plazos podría repercutir en investigaciones, casos, proyectos o planes trazados a realizarse dentro del MP para este período en pugna.

Desde hacía meses, en el clímax del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, además de las campañas públicas en su contra –y contra el tribunal y otros sectores que apoyaban el proceso-, se rumoraba que la estrategia utilizada para descabezar al Ministerio Público sería la de la fecha de la finalización de su periodo. Pero hasta hace una semana, con el proceso del juicio en un limbo jurídico, las aguas en la fiscalía parecían calmas.

Paz y Paz siempre evitó dar declaraciones sobre los ataques en su contra y esquivó hacer cualquier afirmación en la que se viera obligada acusar a los detractores de su gestión. Fue en medio de una charla (“una tarde de 2013”) -que luego el periodista y escritor Francisco Goldman transcribió en su crónica “Después del segundo round”, del libro Crecer a golpes, editado por Diego Fonseca-, en que Claudia Paz y Paz Bailey quitó algunas máscaras: “Cuando tú ves el rostro de esos intereses arraigados –voy a brincar doce años adelante– es durante el juicio de genocidio, sin disfraz, sin nada”.

Ante la pregunta de Goldman (”Ellos” que no dejan que el proceso de paz avance, “ellos" que protegen la impunidad… ¿Quiénes son estos “ellos?”), Claudia Paz y Paz dio nombres: la Fundación contra el Terrorismo, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y “los doce señores que firmaron esa carta”, en relación al comunicado de prensa publicado durante el juicio y firmado por unos de los funcionarios más cercanos a Álvaro Arzú durante su gobierno.

Algunos apuntan a la publicación en la Revista Contrapoder de un fragmento de la crónica de Goldman, como la pedrada que agitó de nuevo las aguas y a puso sobre la mesa el as en la manga: el recurso sobre la fecha de finalización de la gestión de la Fiscal General. Eso es imposible de probar, pero sí se puede afirmar que Ricardo Sagastume, el ciudadano que presentó la solicitud de amparo ante la CC para exigir el cese de funciones en mayo, ha tenido relación con al menos dos de los sectores mencionados en aquella conversación –Avemilgua y el CACIF–.

Pero, ahora, este viernes en que en el Congreso se forcejea por montar o no la comisión que ordenó la CC para nombrar a un nuevo fiscal; y en que en otra sala del MP se analizan argumentos para una nuevo movimiento –que se hará al día siguiente con la presentación de un recurso de ampliación y aclaración-; Claudia Paz y Paz vuelve al tono neutral y jurídico, y evade hacer cualquier señalamiento. Se concentra en defender todo lo relacionado a su gestión y los argumentos contra el amparo que ponen en juego su puesto.

En esa agenda apretada, no hay tiempo para otras preguntas relacionadas a las amenazas en contra de su puesto, a las posibles omisiones o fisuras de su gestión –las investigaciones en casos de corrupción, o la persecución al narcotráfico, por ejemplo-, la debilidad de las instituciones del Estado, que parecieran depender de individuos y poderes externos para poder sostenerse… o derrumbarse.

¿Cuáles son esos argumentos que utiliza usted ante la CC?

Impugnamos la decisión de la CC que otorga el amparo provisional. La Ley de Amparo, exhibición personal y de Constitucionalidad señala que los amparos provisionales pueden ser revocados y eso es lo que le pedimos que hiciera, fundamentalmente por tres razones. Uno, cuando me nombraron fue porque la CC anuló el proceso entero de elección anterior y hubo una nueva convocatoria con nuevos candidatos. Yo, de hecho, no me presenté a la primera convocatoria y fue hasta que se reconvocó que presenté mi currículum. Entonces, no puedo iniciar en un período que fue anulado, que ya no existe jurídicamente y no tiene efectos. Lo segundo es que se basa en una disposición transitoria. Todas las normas y sus modificaciones tienen disposiciones transitorias que rigen en un período en el que éstas entran en vigencia y hay situaciones que resolver. Eso funciona en aquel momento y no tienen vocación de permanencia. Y ellos invocan un artículo que dice que aquel Fiscal General, el primero, debía ser nombrado 30 días después que entraran en vigencia las reformas a la Constitución Política de 1993. Además, el Artículo 251, que es categórico, dice que el Fiscal General será nombrado por cuatro años. La Ley Orgánica sí menciona que en caso de remoción y de renuncia, el presidente de la República nombrará un nuevo Fiscal General de la lista, que fue el caso de Víctor Hugo Pérez Aguilera cuando sustituyó a Carlos de León, que fue destituido; y de Amílcar Velásquez, que sustituyó a Juan Luis Florido, que renunció.

Usted mencionó a elPeriódico que el licenciado Ricardo Sagastume Morales no es agraviado en este caso y por ello no pudo haber presentado el amparo.

La ley determina que para tener la posibilidad de presentar un amparo, el ciudadano que lo presenta debe de decir que tiene un agravio directo, que la disposición tomada por una autoridad lo afecta directamente a él, y esto debe de demostrarlo. O sea, no cualquier ciudadano puede presentar un amparo en defensa constitucional de intereses difusos. El único que puede hacerlo, según la ley, es el Procurador de Derechos Humanos (PDH). En este caso, se le está dando legitimación activa a una persona que no la tiene. Imaginemos que los 14 millones de guatemaltecos dijéramos: “Pues, nos afecta el aumento de impuestos”; van 14 millones de amparos y el sistema colapsaría. Si él (Sagastume) tiene derecho, igual lo tendría cualquier otro.

Este era el segundo amparo que el licenciado Sagastume interponía por el mismo tema. En el primero se le dijo que no se le podía dar trámite porque en aquel momento no se había vencido el plazo para convocar a la Comisión de postulación para la elección del Fiscal General. En ningún momento, la CC estableció que él no podía interponer un amparo en esta materia.

En aquel momento, la Corte lo que hizo fue decir que no procedía otorgar el amparo provisional porque no lo hacía aconsejable la situación. No tenemos resolución definitiva del primer amparo. O sea, hay dos amparos tramitándose al mismo tiempo.

¿Cuáles son los motivos para que se presenten estos amparos? Algunos aseguran que el artículo que se publicó en ContraPoder, que es un fragmento de la crónica de Francisco Goldman recién publicada, en la que usted habla muy abiertamente –como pocas veces – sobre esos ”Ellos”. Goldman pone entre comillas a estos poderes. Usted nombra a AVEMILGUA, CACIF y la Fundación contra el Terrorismo; los menciona en referencia al juicio (por genocidio), pero, ¿podrían estar relacionados también en este momento?

Quiero pensar que lo único que influye en los magistrados (de la CC) al tomar sus decisiones son criterios jurídicos y la adecuada interpretación de la Constitución. No podría imaginar que hubiera ningún otro aspecto que guiara sus decisiones, porque los funcionarios debemos actuar conforme a la ley y ese es el marco en el que nos debemos de regir.

Pero querer confiar no significa tener la certeza de que funcione así.

Ellos juraron fidelidad a la Constitución. Es su mandato. Como funcionarios a eso están obligados.

Usted le dijo a elPeriódico que había “sectores que se han visto afectados por el avance de la justicia que tienen prisa para que yo abandone el cargo”. ¿A qué sectores se refiere?

En los Acuerdos de paz había dos acuerdos estrechamente vinculados al fortalecimiento de la justicia y a la vigencia de los derechos humanos. A pesar de esto, para nadie es secreto que en Guatemala no se había logrado el fortalecimiento que se quería. Y llegamos a tener cifras gravísimas de impunidad en delitos contra la vida, delitos que siempre tienen que resolverse. Se hablaba del 95 por ciento o 97 por ciento. Y, en los últimos años, eso ha cambiado. Hemos logrado bajar la tasa de impunidad en la fiscalía de delitos contra la vida de ciudad Guatemala del 3% o 5% de esclarecimiento a más del 30%. Hemos logrado detener a grandes narcotraficantes y hecho todos los esfuerzos posibles por disminuir la violencia contra la mujer a partir de una persecución penal efectiva. Sin duda, con una acción más eficiente de la justicia, hemos llegado contra personas que nunca habían tenido que enfrentar la ley y que se pensaban por fuera del Estado de derecho. Aquellos que no creían que el sistema de justicia los podía alcanzar, ahora se ven afectados. Imagínense el poder que ejercieron los grandes narcotraficantes que están ya detenidos y esperando ser extraditados. Todos sabíamos que en Guatemala la familia Lorenzana era narcotraficante…Pero no había ninguna investigación desde el Ministerio Público (MP) hacia ellos.

Pero había una solicitud de extradición que tenía más de cuatro años de haber sido emitida y no había capturas. ¡Imagínense el territorio en donde estaban operando los Zetas, por la inefectividad del MP de aquella época! Y esa es una investigación nacional. Eso no había pasado.

Es interesante ver que todos los casos de personas con órdenes de extradición de Estados Unidos no tenían investigaciones abiertas en el país…

Es cierto, pero tampoco se lograban hacer las capturas para las extradiciones.

Desde 1990 hasta la detención de Eduardo “Guayo” Cano, solo un narcotraficante de alto nivel había sido detenido por investigación propia de Guatemala. Antes de eso, no había una investigación iniciada por el país sino que venían por órdenes de extradición de Estados Unidos. Mario “el Gordo” Paredes andaba a sus anchas en el país, por ejemplo. ¿Me está tratando de decir que estos son los sectores que están preocupados por los plazos de elección del Fiscal General?

Estos y otros. Hay muchas sentencias en casos sumamente graves que son investigaciones nacionales, como la sentencia de más de 100 integrantes de los Zetas. Este es un grupo vinculado al narcotráfico que ya fue condenado por el asesinato de Allan Stowlinsky Vidaurre (Auxiliar fiscal de Alta Verapaz que fue secuestrado, asesinado y desmembrado el 26 de mayo 2005), por tráfico de drogas y asociaciones ilícitas; y ahorita estamos esperando que se dicte sentencia por la matanza de Los Cocos. Y esto solo por poner un ejemplo, porque hay otros. Así como el combate al narcotráfico afecta a personas, la lucha contra la corrupción y el combate contra la violencia a la mujer afecta a personas que no tenían que someter al Estado de derecho en el pasado.

¿Usted cree que estos sectores pueden ejercer presión sobre una Corte de Constitucionalidad?

¿Por qué cree que había tanta impunidad en el sistema de justicia?

Le diría que toda la cadena dentro del sistema de seguridad está mal: Empezando por la PNC, pasando por el MP y terminando en el Sistema General Penitenciario, pasando por el Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), juzgados, etcétera. Pero lo que le pregunto es si estos sectores tienen poder para ejercer presión sobre la CC de tal manera que resuelva que su plazo vence en mayo y no en diciembre.

Creo que la pregunta que ustedes me hicieron es si yo entendía quiénes se podían sentir afectados por la labor del MP. Y mi respuesta es: Aquellos que nunca pensaron que iban a estar sometidos a la ley…

Le pregunto si estos sectores pueden ejercer presión sobre el sistema, sobre la CC, para que se resuelva no apegado a la Constitución.

Lo que puedo decir es que no compartimos el fallo de la CC y que por las razones jurídicas que expliqué, lo impugnamos.

¿Cómo era la institución cuándo usted llegó?

El MP era antes una institución que no tenía un rumbo claro. No había metas claramente definidas más que una cantidad de acusaciones cada mes. Y era una institución que tenía un sistema de investigación muy caro y muy ineficiente, en el que se investigaba caso por caso y que no era capaz de ver estructuras en su conjunto.

Una de las explicaciones a la reducción en la tasa de homicidios que analizan diferentes instituciones no gubernamentales es exactamente ese: empezar a hacer trabajo de inteligencia para desarticular estructuras y no solo ver casos. ¿Qué otras cosas faltaban por hacer?

Históricamente había una descoordinación entre el MP y la Policía Nacional Civil (PNC). Ahora, hay equipos de investigación en delitos contra la vida, en violencia contra la mujer, en narcotráfico y en trata de personas. Además, antes no teníamos suficiente acceso a la investigación científica. Casualmente, el sistema IBIS, el sistema de correlación balística, empezó a funcionar en diciembre de 2010 y eso nos permite vincular un arma con muchas escenas del crimen. Y entró el AFIS, el sistema informático de huellas digitales, y las pruebas de ADN… Cuando coincide una gota de sangre encontrada en la escena con el ADN del perpetrador, ¿quién dudará que él es quien realizó una acción aunque no tengamos ningún testigo? Y otro tema muy importante es que, aunque la Ley contra el crimen organizado se aprobó en 2006, las escuchas comenzaron a funcionar hasta 2010. Y estas son una herramienta muy eficaces de combate contra el crimen.

Este trabajo en conjunto con la PNC con el ministerio de Gobernación, ¿venía del gobierno anterior más que del actual?

El primer esfuerzo para establecer equipos conjuntos fue en la Fiscalía de delitos contra la vida, que se crea toda una unidad en 2009. Pero no cambiaron los resultados, hasta justamente que hubo objetivos comunes en las cabezas de las instituciones. Eso ayudó a afinar los mecanismos de coordinación entre investigadores y fiscales.

Ese camino encerado que tenía con el ministerio anterior, ¿se continuó con este gobierno o habido algún tropiezo?

Hubo, podríamos llamarle, un quiebre y un proceso muy serio de selección de mandos policiales a finales de 2009 o principios de 2010, con pruebas de confidencialidad y ascensos por méritos. Y esos mandos policiales han continuado en este gobierno y por eso no se interrumpió el trabajo. Es más, algunos fueron ascendidos. Por ejemplo, quien era el entonces director de Operaciones ahora es director de la policía, Telémaco Pérez.

Usted habla de muchos cambios que se han dado en el MP pero hay cosas que han quedado pendientes. Por ejemplo, ¿se ha logrado hacer una depuración del MP?

Tenemos más de 200 procesos disciplinarios pendientes.

¿Y todo por falta del Consejo del MP, que no tiene los miembros nombrados por el Congreso de la República?

Sí, pero hemos iniciado procesos penales también contra algunos fiscales. Por ejemplo, hablando en temas de drogas, unos que devolvieron un furgón de precursores. Pero es como tener un sistema disciplinario completamente debilitado. Hay funcionarios que tienen hasta ocho destituciones y siguen cobrando un salario.

Hay un caso que hemos seguido de cerca en Plaza Pública: el caso Pavón. Toda la estructura, el MP nos mostró, terminaba en el Ministerio de Gobernación, Carlos Vielmann. Yo no creo que un policía pueda matar a un reo sin que el auxiliar fiscal que haya recogido las pruebas encubriera o tuviera una participación activa en la ejecución. Y no hay ningún solo auxiliar fiscal acusado de participar en estas estructuras, por ejemplo.

Pues, de parte nuestra, hay un esfuerzo muy grande de que si hay una mala práctica por los fiscales tienen que tener todas las consecuencias. Hay un fiscal que perdió un arma y con esa arma cometieron un homicidio. Eso ya no es una falta administrativa, eso es un caso penal, y esa persona está enfrentando un proceso penal por ello.

¿Qué representa para usted la relación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)?

La relación con CICIG hay que verla en toda sus perspectivas. La llegada de CICIG fue un factor que ayudó a iniciar el cambio en el sistema de justicia. Su vigilancia en las comisiones de postulación permitió que llegaran funcionarios más por sus méritos que por otras circunstancias. Ese fue un primer cambio. Otro, fue que demostró en casos emblemáticos y utilizando pruebas científicas que había otra manera de esclarecer los hechos. Y luego, existe todo un traslado de capacidades en lo que llaman Inteligencia -que nosotros lo llamamos Dirección de análisis criminal-, que son personas que constantemente están analizando los casos para ver perfiles de perpetradores y de víctimas, y patrones de actuación. Además, tenemos ya la Unidad de Análisis Financiero.

Esa es la que se volvió a crear porque antes estaban desperdigados los auditores por todas las fiscalías…

Ahora es una unidad que pretendemos que tenga métodos comunes de investigación y que permitan la relación de casos.

¿Afecta al MP estos, llamémosle, “temblores” que ha habido en la CICIG por asuntos políticos o por la salida de sus comisionados?

Siempre hemos trabajado juntos. Hay una relación de coordinación permanente. Pero sí hubo momentos, como cuando el comisionado Francisco Dall'Anese Ruiz se fue en agosto de 2013 y el comisionado Iván Velásquez Gómez vino en octubre, que sí afectan, pero la relación es muy estrecha.

¿El cambio del comisionado Carlos Castresana a Dall'Anese, y luego de él a Velásquez, no afecta la forma de actuar de la CICIG?

Pues son estilos muy diferentes, pero no afecta el trabajo.

¿Cuál es la diferencia de que usted termine su período en mayo o en diciembre?

El respeto al Estado de derecho y a los períodos constitucionales de instituciones que deben de ser autónomas.

Pero, para fines prácticos de la institución, ¿afecta de alguna manera a planes, proyectos o casos?

Yo lo pondría así: Para fines prácticos de este país, la resolución afecta porque está violando una norma constitucional.

Hay personas que trabajan en el MP, especialmente las relacionadas con investigaciones de derechos humanos, que cuando ya se rumoraba hace meses que su período podía terminar en mayo comentaban, con pena he de decir, que si se iba usted o si terminaba su período antes se acaba esta historia. ¿Pasaría eso?

Esperemos que no, pues son fiscales de carrera. Los fiscales afortunadamente hacen carrera pública y el MP tiene un sistema de ingreso que los blinda en el sentido de que si no hay una falta disciplinara comprobada o no comenten un delito y tienen auto de procesamiento no se les puede destituir. Esperemos que quien venga sea una persona que sea respetuosa de la ley y no vulnere la carrera fiscal, que sería algo gravísimo, no solo para los casos de derechos humanos, sino para todos los casos que investiga el MP.

¿Y podrían cambiar esos objetivos que antes no estaban muy claros, como usted dice, y que se desvié hacia otro rumbo el camino que ha llevado el MP o ve usted que la institución está blindada?

Siempre existen riesgos, por eso siempre tiene que elegirse la mejor persona.

¿Piensa reelegirse?

Es algo que no he decidido.

Usted le dijo a Goldman que el juicio por genocidio había sido el segundo round (Paz y Paz mencionaba el caso Gerardi como el primer round). ¿Es este amparo y la finalización de su periodo el tercer round?

No recuerdo haber dicho eso.

Texto
Texto
“Sin duda, con una acción más eficiente de la justicia, hemos llegado contra personas que nunca habían tenido que enfrentar la ley y que se pensaban por fuera del Estado de derecho. Aquellos que no creían que el sistema de justicia los podía alcanzar, ahora se ven afectados.”
La Fiscal General Claudia Paz y Paz en su oficina en el Ministerio Público.
Claudia Paz y Paz vuelve al tono neutral y jurídico, y evade hacer cualquier señalamiento. Se concentra en defender todo lo relacionado a su gestión y los argumentos contra el amparo que pone en juego su puesto.
"Quiero pensar que lo único que influye en los magistrados (de la CC) al tomar sus decisiones son criterios jurídicos y la adecuada interpretación de la Constitución", dijo la Fiscal General.
Paz y Paz aseguró que “sin duda, con una acción más eficiente de la justicia, hemos llegado contra personas que nunca habían tenido que enfrentar la ley y que se pensaban por fuera del Estado de derecho. Aquellos que no creían que el sistema de justicia los podía alcanzar, ahora se ven afectados.”
Paz y Paz aún no ha decidido reelegirse.