El temor a regular el secreto bancario

A veces producto de confusión y desinformación, ya que se cree que la idea es suprimir el secreto bancario. Comprensible, pero fuera de lugar, porque en Guatemala nadie ha propuesto suprimirlo.

Lo que se ha propuesto es regularlo para fines de control tributario, que es una cosa muy distinta. La ley hoy prohíbe proporcionar información bancaria a entidades públicas y privadas, con las excepciones siguientes: la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, el intercambio de información entre bancos y los casos de lavado de dinero.

Pero no se menciona a la SAT. Pero, ¿por qué modificar las leyes para otorgarle a la SAT acceso a información bancaria? Muy sencillo: para la fiscalización del Impuesto Sobre la Renta (ISR) la SAT debería poder comparar los registros contables con los movimientos de cuentas bancarias. ¿Cuántos contribuyentes pasarían un examen de la SAT que compare lo que escriben en declaraciones juradas, con los registros contables, y luego también con sus movimientos bancarios?

Éste fue justamente el propósito del G-20, cuando en la reunión de Londres de abril de 2009 adoptó el Estándar del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Tributarios de la OCDE. Y, como Guatemala en ese año se comprometió a cumplir ese estándar, es que internacionalmente se nos evalúa, colocándonos en listas de países (negra, gris o blanca).

Muchos rechazan, con razón, que debamos regular el secreto bancario sólo porque una organización como la OCDE y su Foro Global de Transparencia Tributaria nos lo exige. No se trata de ceder o renunciar nuestra soberanía nacional, por supuesto. Se trata de fortalecer a la SAT porque los guatemaltecos queremos hacerlo, porque queremos justicia fiscal, en el que el contribuyente honrado no esté en desventaja ante el evasor, incumplido y tramposo. Porque queremos que la transparencia sea un compromiso de todos los sectores, no sólo del gobierno, sino también del sector privado y todo contribuyente, persona individual o jurídica. Para alcanzar ese propósito nacional y soberano nos conviene adoptar un estándar internacional técnicamente diseñado, lo cual es muy distinto a ceder soberanía aceptando presiones de otros países o de un organismo internacional.

Otros dicen que la SAT no es confiable, en cuanto a que los antecedentes de corrupción o la crisis por la que actualmente atraviesa, reduce la confianza para permitirle acceso a información bancaria. Un argumento legítimo y que merece atención. Sin embargo, ¿por qué no se aplica la misma cautela a los empleados de los bancos privados, a quienes les confiamos todo? ¿Acaso no es tan vulnerable a la corrupción un banco privado como la SAT? Y bueno, la SAT actualmente ya tiene acceso a la información contable (la cual según el artículo 24 de la Constitución es confidencial), entonces ¿por qué no permitir que acceda a otro tipo de información, también confidencial? En todo caso, las propuestas legislativas para regular el secreto bancario consideran estrictas medidas de confidencialidad, y sanción severa para quien las viole.

En resumen, estos alegatos en realidad reflejan el temor a que la SAT fiscalice con más efectividad el ISR. Según un estudio del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en Guatemala la evasión del ISR alcanza el 60% de su base potencial, el nivel de evasión de ISR más alto en Latinoamérica. El verdadero problema es el temor a que, como dijo un diputado, “si aprueban lo del secreto bancario, la SAT se va a dar cuenta de lo que tengo en mis cuentas bancarias y no he declarado…”.