En este marco, el llamado sistema de partidos políticos, siendo parte del engranaje que reproduce este Estado, conforma, asimismo, uno de los problemas fundamentales a enfrentar.
Pregúntese usted, amiga lectora, amigo lector: ¿algún partido está buscando solución coherente a los problemas fundamentales que nos aquejan como país? Seguro usted tiene su propia respuesta. La mía es que, aun con sus matices, que podrían argumentarse en el caso de los partidos de izquierda, ningún partido político está aportando soluciones coherentes.
Es indudable que los partidos políticos no cumplen con las funciones que les han sido asignadas por la teoría funcionalista. No intermedian ni agregan y tampoco representan a los distintos grupos, intereses y visiones presentes en la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, no representan a la clase trabajadora, a los pueblos indígenas, al campesinado, a las mujeres o a la juventud, solo por mencionar algunos de los sujetos que integran las grandes mayorías.
Como parte del régimen político, los partidos intervienen en el ritual electoral, a través del cual supuestamente los ciudadanos elegimos a quienes ejercerán la dirección del Organismo Ejecutivo y la emisión de leyes e indirectamente a quienes integrarán las cortes del sistema de justicia. Son, asimismo, los órganos encargados de gestionar y dirigir las políticas públicas cuando logran acceder a cuotas importantes de la administración gubernamental. Formalmente, entonces, cumplen apenas con estas dos funciones que les competen.
En contraste con los planteamientos funcionalistas, en el caso de Guatemala los partidos políticos constituyen instrumentos que reproducen el régimen económico, social y político imperante. En general intermedian, agregan y representan los intereses de sus dueños, de quienes los financian y controlan, en un contexto en el cual los partidos con pretensiones de representar intereses mayoritarios son incapaces de hacerlo.
Así las cosas, dichas instituciones son controladas o dirigidas por élites que pertenecen o proceden de la clase económicamente dominante (del capital o de la burguesía local), articulada con el capital transnacional y con mafias de distinto tipo, como evidencia el caso Cooptación del Estado. Asimismo, son manejadas por élites de extracción militar, de la mafia o de grupos de burguesía emergente, que, en busca de beneficiarse a sí mismas, tienden a representar los intereses fundamentales del capital local y del transnacional.
Siendo esta la orientación fundamental de los partidos políticos, estos tienden a reproducir el modelo de acumulación de capital que a su vez reproduce la miseria, la marginación y la exclusión social. Esto explica que el Congreso de la República, en general, apruebe leyes que beneficien los intereses antes descritos mientras se implementan distinto tipo de argucias para oponerse a leyes que cuestionan dicho modelo de acumulación de capital y buscan el beneficio de sectores históricamente dominados y excluidos. Así ha sucedido con la aprobación de leyes y políticas para garantizar privilegios fiscales y mantener una carga impositiva de carácter regresivo (donde pagan más quienes menos tienen) y con la oposición y el veto a la iniciativa 40-84, ley del sistema de desarrollo rural integral.
Los partidos políticos también se orientan a reproducir el régimen político. En específico, ese régimen que les permite reproducirse y beneficiarse del papel que cumplen como herramientas intermediarias del capital, de las mafias y de élites parasitarias del Estado. Por ello se oponen a demandas y propuestas de reforma política que tiendan a disminuir su importancia como engranajes de tales intereses. Por tales razones son contrarios a garantizar la representación de los pueblos, de las clases sociales y de los sectores mayoritarios en los distintos organismos del Estado. Esto se comprueba con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas recientemente, las cuales han sido absolutamente insuficientes.
Más allá de lo anterior, como quedó demostrado con especial énfasis y contundencia en el período gubernamental y en el proceso electoral anteriores, los partidos políticos han sido organizaciones para delinquir, como sucedió, por ejemplo, con los partidos Patriota y Líder. Asimismo, han sido instituciones protectoras y guaridas de políticos tránsfugas y corruptos. También operaron para elegir un gobierno nacional y unos gobiernos locales incapaces, reproductores y facilitadores del modelo de acumulación de capital y del régimen político.
Los partidos políticos han sido instituciones protagonistas o comparsas de un fraude electoral que, sin violentar el voto emitido por ciudadanos incautos, ignorantes o cómplices, configuró económica, política y mediáticamente la elección de 2015. Esto se evidencia a) en la elección legal pero fraudulenta de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral, ya que en estos hechos intervinieron el partido del crimen organizado —el llamado Partido Patriota—, partidos políticos con presencia en el Congreso de la República, grupos corporativos y organizaciones mafiosas; b) en el financiamiento ilícito de las principales campañas, procedente de grupos corporativos, de empresas transnacionales y locales, de organizaciones criminales y de políticos interesados en continuar el saqueo del Estado y el despojo de los recursos estratégicos del país; y c) en la activación de los principales medios de difusión masiva, televisivos, radiales y escritos, que, actuando como parte interesada en acumular más riquezas y control político, procedieron a la manipulación de la ciudadanía para beneficiar a los ganadores o principales contendientes.
Esto nos lleva a concluir que los partidos políticos son parte del engranaje institucional reproductor de este Estado. Son los intermediarios o guardianes de los intereses del capital, de las mafias y de una mal llamada clase política que en complicidad constituyen los grandes obstáculos que impiden la más leve reforma modernizadora. Es por ello que se afirma que el sistema de partidos políticos no constituye un factor de cambio en el país. Todo lo contrario, es uno de los problemas estructurales que requiere solución de raíz.
Más de este autor