Mediante el empleo de medios de comunicación como mínimo satelitales o vinculados a su proyecto, ha iniciado una campaña de destrucción de la imagen de periodistas que lo incomodan. Particular saña ha mostrado ese club de empresas mediáticas en contra de Juan Luis Font, periodista de larga y amplia trayectoria en el entorno guatemalteco e internacional. Juan Luis Font, cuyo inicio profesional se remonta a la revista Crónica en los años 1990, cuando Baldizón aún no ingresaba a la actividad política, ha sido director de Siglo XXI y elPeriódico, así como conductor de radio en Emisoras Unidas y actualmente director de Canal Antigua, Diario Digital y la revista Contrapoder. Así como a Font, los medios de Baldizón también han atacado al columnista Pedro Trujillo, célebre por publicar notas y opiniones injuriosas contra líderes sociales y comunitarios.
Pero, a diferencia de estos últimos, Baldizón ha respondido con infamias, injurias, difamación y calumnia. Ha buscado utilizar su poder político para acallar a sus detractores, en especial a Juan Luis Font, cuya labor periodística representó el descubrimiento del plagio en la tesis de doctorado del pretendiente a la presidencia. Las acciones llegaron al extremo de que abogados cercanos a Baldizón y a su partido han planteado demandas judiciales por delitos que van desde asociación ilícita hasta extorsión.
De esa manera, el líder político empieza por la estigmatización de su objetivo mediante campañas de desprestigio en los medios que controla para luego seguir con el uso indebido del derecho penal (criminalización) en contra de quien le resulta incómodo en su intento de llegar al poder del Ejecutivo.
Y allí está el peligro no solo de esta acción, sino de toda aquella impulsada por funcionarios, como el presidente y la vicepresidenta, en contra del matutino elPeriódico y de su presidente, José Rubén Zamora; por políticos como Baldizón en contra de Juan Luis Font y Pedro Trujillo; por activistas de derecha como Ricardo Méndez Ruiz en contra de Gustavo Berganza; o por empresas como Cementos Progreso en contra de Francisca Gómez Grijalva. Si bien tienen distinto origen y diverso destino, el propósito al final de cuentas es el mismo: acallar la voz de periodistas profesionales o de columnistas mediante la imposición de la autocensura o el empleo de la ley para cerrarles la boca.
Una amenaza que, de concretarse, no daña únicamente al periodista o al medio que lo abriga, sino también a toda la sociedad. Cuando una voz de disidencia es forzada al silencio, el poder que empuja la censura gana en ese momento, pero lo hace a costa de arrebatarle a la sociedad un derecho inalienable e indisolublemente vinculado a la democracia.
Hoy resalta Manuel Baldizón por la torpeza de sus acciones en pro de la censura, algo que termina de perfilarlo no solo como autócrata y dictatorial, sino que también completa el cuadro de su oportunismo político. Antes, como se indicó, han sido los gobernantes y los empresarios quienes han visto y siguen viendo en la mordaza un instrumento de poder, fenómeno que ha sido característico del entorno político de Guatemala a lo largo de la historia.
La farsa montada alrededor de la integración del programa de protección a periodistas queda al desnudo cuando es posible que se susciten agresiones a periodistas. Tal es el caso de secuestro y tortura de un periodista en Quiché, así como el de la persecución que el aspirante presidencial empuja en estos días.
Siendo que la censura es su herramienta y el silencio su objetivo, resulta indispensable la defensa de un derecho universal que, por las manos de funcionarios, políticos y empresarios, está en peligro de extinción.
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