El siguiente desastre

¿Cuándo será el siguiente gran desastre asociado a un terremoto, una erupción volcánica, un huracán, un accidente con materiales peligrosos, una epidemia, un accidente vial o un incendio estructural o forestal? Le aseguro que, cuando eso ocurra, se volverá a hablar de todo lo que menciono en esta columna y también habrá sectores interesados en que olvidemos pronto y en que todo siga como hasta ahora.

No se trata de falta de referentes para la reducción de riesgos intensivos y extensivos [1]. Contamos con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), ya que la reducción de la pobreza y de la desigualdad es la mejor vía para reducir la vulnerabilidad ante desastres y emergencias. Asimismo, el marco de acción de Sendai (MAS) ofrece prioridades y metas para la reducción del riesgo de desastres que han sido asumidas por el Estado de Guatemala junto con los ODS.

Sin embargo, la gestión del riesgo ya construido, también llamada gestión correctiva, es casi inexistente en el país debido a la resistencia de la oligarquía a cualquier proceso de regulación de actividades generadoras de riesgo. Menos del 1 % de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial (POT), y solo existen algunas normas de construcción, de observancia voluntaria, que son la génesis de la gestión prospectiva que deberíamos impulsar en las próximas décadas.

Tomemos un ejemplo: el libramiento de Chimaltenango requiere hoy en día un proceso de gestión correctiva para salvar vidas y que la obra pueda funcionar en época lluviosa. Antes de construir esa cuestionada obra debió haberse llevado a cabo un proceso de gestión prospectiva articulado con acciones para combatir la corrupción. Así las cosas, el país en su conjunto carece de los instrumentos necesarios para regular la generación de riesgos y, como mencioné, solo unos cuantos municipios cuentan con POT. Además, de forma paralela y alarmante, no se ha legislado la protección y el uso del agua gracias a la intervención de cámaras empresariales que rechazan cualquier forma de regulación, como rechazan también una reforma fiscal progresiva, indispensable para invertir en salud, educación, seguridad, y combatir la pobreza extrema.

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En consecuencia, cada día se construye más riesgo, y la institucionalidad permanece reducida a su mínima expresión. Por fortuna, la Conred como sistema ha logrado construir capacidades de respuesta coherentes con su mandato gracias a que se planteó con seriedad el desarrollo de una institución civil que, además, ha logrado articularse con las estructuras de los consejos de desarrollo. La Secretaría Ejecutiva de la Conred debe ser fortalecida, pero sin perder de vista que la gestión correctiva y la gestión prospectiva pasan por la planificación del desarrollo, el combate de la corrupción, el ordenamiento territorial, la ley de aguas, la protección del ambiente, la legislación laboral, la epidemiología de accidentes y desastres, el fortalecimiento de instancias científicas como el Insivumeh, la obligatoriedad de los códigos de construcción y la transversalización de la gestión de riesgos en cada actividad pública o privada. La respuesta cotidiana ante urgencias médicas y otros incidentes merecen un tratamiento separado que he abordado en el pasado.

Si queremos un país que funcione, debemos superar los mitos sobre la regulación del Estado y asumir que la pobreza extrema y la desigualdad son los retos más importantes que tenemos como nación. Allí se gestan las crisis alimentarias y otros grandes desastres. Junto con esos grandes retos, debemos construir institucionalidad y recaudar impuestos para aplicarlos en políticas que nos permitan ir reduciendo el riesgo existente y el que no ha sido construido.

Inevitable no pensar en que, mientras hablamos de esas tareas impostergables y de preguntas sin respuestas adecuadas, el Congreso legisla para garantizarse impunidad y dedica tiempo a iniciativas antiderechos orientadas por sectores fundamentalistas. Así estamos. Esperando el siguiente desastre.

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