El sexo a los 17 puede ser mortal

Desde enero de 2019, cualquier menor de 18 años que quiera acceder a una prueba para detectar la presencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) simplemente es rechazado si no se hace acompañar de sus progenitores o tutores. Del mismo modo, se está negando el acceso a condones y a otros servicios como la educación en prevención del VIH. Lo anterior obedece a una decisión del Mecanismo Coordinador de País (MCP), que como consejo multisectorial no ha logrado resolver una situación crítica para un proyecto de cooperación dirigido a poblaciones de alto riesgo.

Cuando me enteré del problema, mi primera reacción fue culpar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que participan, pero no determinan las decisiones del MCP, que a su vez, según entiendo, decidió solicitar DPI en la prestación de servicios en el afán de mejorar los registros y con esa medida excluyó a un importante segmento de la población meta.

En ese contexto, las oenegés que implementan el proyecto tienen las manos atadas, pues sin la autorización del padre o la madre de un menor no pueden brindar servicios orientados a salvar vidas. Y seguramente algunas mentes cavernícolas dirán que eso es lo correcto, pero no estamos hablando de personas de 10 años. Estamos refiriéndonos a adolescentes que ya tienen vida sexual activa, y eso no va a cambiar negándoles educación y medios para protegerse. Los datos demuestran que más de la mitad de los hombres inician su vida sexual antes de los 18 años. Y las cifras de las mujeres son muy similares.

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Este problema es apenas una manifestación de la incapacidad del Estado para asumir su función de proteger la vida, por lo que seguimos dependiendo de cooperación externa para abordar problemáticas que debemos pagar con nuestros impuestos. Asimismo, vivimos en una sociedad atravesada por fundamentalismos que han provocado que niñas de 10 años sean obligadas a parir y que la epidemia del VIH-sida sea gestionada dando la espalda a los grupos de mayor riesgo. Y con esto no dejo de reconocer a quienes trabajan duro dentro y fuera del Estado por tratar de resolver este problema.

Para la mayoría, la crisis es relativamente invisible y se inserta en una problemática más amplia del sector salud. Asimismo, esta situación beneficia a los grupos antiderechos que viven de manipular a la gente a través del miedo y que también tienen responsabilidad en la ausencia del Estado en temas como la salud sexual y reproductiva. Estos grupos promueven la abstinencia a través de la ignorancia y el miedo, estrategia fallida durante siglos.

Por el contrario, es esencial que niñas, niños y adolescentes accedan a una educación integral en sexualidad, sean responsables de sus cuerpos, evalúen los riesgos a los cuales se exponen y tengan acceso a medios para prevenir embarazos y enfermedades. Si alguien a esa edad tiene actividad sexual y quiere acceder a unos condones, ¿cree usted que le va a avisar a su mamá o a su papá? Y si le niegan los condones, ¿cree usted que dejará de tener relaciones sexuales?

Esta es otra razón para no votar por fundamentalistas en las próximas elecciones. En mi caso, espero ver en el Congreso a Lucrecia Hernández Mack, pero usted también puede elegir a personas de derecha o de izquierda que promuevan un sistema de salud incluyente y libre de influencias ideológicas antiderechos.