Ejército y Policía Nacional Civil (PNC), ocupan los territorios, cercan a las comunidades y, prácticamente, secuestran a quienes habitan dichas poblaciones. Los primeros reportes del operativo de ocupación dan cuenta de que las personas están impedidas de entrar o salir de sus aldeas. También han denunciado que los ocupantes han acabado con los suministros de alimentos disponibles e incluso han tomado para consumo a los animales de crianza.
Dos de las localidades afectadas por el operativo de despliegue militarizante, Washington y Dos Fuentes, han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisamente por el acoso constante que viven. El desalojo violento, que incluye la captura de liderazgos comunitarios, está encaminado a dejar vía libre para que el territorio de la Sierra de las Minas pase a manos privadas que se han coludido con las autoridades para ese fin. Los pueblos poqomchi’ y q’eqchi’ que se asientan en dicha zona han tenido la propiedad de las tierras desde tiempos ancestrales.
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El despojo violento que ejecuta el Estado, incluso contra disposiciones de organismos internacionales de los que Guatemala hace parte, viola el derecho internacional que obliga al Estado. También es una muestra inequívoca del interés gubernamental por favorecer a grupos que se han hecho con tierras nacionales mediante el robo de tierras comunitarias de pueblos originarios. La fuerza de las armas es la ley que utilizan para desalojar a los legítimos propietarios de las mismas.
Al igual que lo hizo con la empresa CGN Pronico, el gobierno de Alejandro Giammattei destina los impuestos que paga la ciudadanía guatemalteca, para garantizar impunidad a quienes corrompen el sistema judicial y violentan el estado de derecho. La captura de los liderazgos comunitarios tiene como propósito despojar a las comunidades de la guía social que le permita transitar por el camino de la defensa de sus derechos, ahora violentados.
A lo largo del ejercicio gubernamental de Giammattei, la sociedad guatemalteca ha podido ver cómo se incrementa el uso desmedido de la fuerza y se recurre a la violencia para reprimir a la población. En 2020, la PNC conducida desde el Ministerio de Gobernación por Gendry Reyes, violentó los derechos de reunión, manifestación y expresión. El 20 de noviembre de ese año, más de 40 personas fueron capturadas ilegalmente y al menos dos jóvenes perdieron un ojo por el uso de bombas lacrimógenas como proyectiles. De igual forma dos periodistas sufrieron la agresión de la policía que les golpeó hasta sangrarles. La defensora Nanci Sinto fue brutalmente golpeada y, lejos de que el sistema de justicia garantice el juzgamiento de sus agresores, es ella quien ha sido criminalizada.
La población del lago de Izabal y Livingston también ha sufrido la agresión brutal de las fuerzas de seguridad. Precisamente para proteger los intereses de CGN-Pronico, el gobierno ha desplegado a las mismas en aras de garantizar el funcionamiento ilegal de una mina a la que la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender funciones. Dicha empresa ha sido señalada de sobornar a las autoridades, Presidente de la República incluido, a fin de mantener sus operaciones pese a que violan la ley.
La violenta acción ejercida en la Sierra de las Minas es un acto más del salvajismo que pinta de cuerpo entero a un gobierno preocupado por robar hasta el último centavo disponible y utilizar el aparato estatal para proteger a sus patrocinadores. No importa si con ello secuestra a un pueblo entero y lo desaloja de su tierra como un vulgar invasor.
Toca ya levantar la voz y poner el cuerpo ciudadano para detener el avance acelerado de la restauración conservadora dictatorial que encabeza Alejandro Giammattei y en cuyo tren se encaraman los partidos políticos y el empresariado corrupto en Guatemala.
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