La problemática del empleo sigue vigente en 2016. Por esa razón es necesario intentar otra aproximación al salario mínimo diferenciado, pero esta vez mediante un diálogo incluyente que debería abrirse a la legislación laboral y a la problemática nacional asociada al empleo.
En general, las derechas rechazan el salario mínimo y aprovechan cualquier oportunidad para satanizarlo porque establece un límite a sus procesos de acumulación. Para el caso del salario mínimo diferenciado, en 2015 se abrió la oportunidad de reducir costos para ciertos sectores. Y de hecho, la propuesta no era del todo mala, pero adolecía de opacidad y llevaba consigo el llamado a creer en promesas neoliberales recicladas y mercantilistas.
En contra de la medida, otros sectores señalaron problemas serios. Primero, no hay datos que sustenten muchas de las afirmaciones y los pronósticos basados en fundamentalismos de mercado que acompañaron la propuesta. Segundo, la excepcionalidad territorial del salario mínimo diferenciado abría la puerta a una reducción del salario promedio real nacional. Tercero, la propuesta coincidía con otras iniciativas para prorrogar y ampliar privilegios fiscales, precisamente cuando el Estado ha llegado al colapso y cuando está claro que sectores como la salud, la justicia y la educación necesitan más recursos. Y en cuarto lugar, el tema pasaba por lo jurídico, que al final concentró dos posiciones sin dejar espacio para discutir intereses comunes o principios en un marco más amplio.
Códigos maniqueos entonces, donde los empresarios dicen que es mejor algo que nada y que habrá sufrimiento si no se aprueba su recorte de costos fijos. Y desde sectores laborales también se aprecia una posición fija, de contención o de defensa de derechos, sin dejar lugar a otras consideraciones.
En otras palabras, el salario mínimo diferenciado para manufactura ligera no es ni la panacea que proponen algunos ni el fin del mundo como claman otros sectores. El problema está en el contexto económico, jurídico y político guatemalteco, caracterizado por la indefensión de la clase trabajadora y por la intención empresarial de reducir costos sin dejar espacio a otras consideraciones.
De esa manera, bien podría hablarse de salarios diferenciados en un marco de diálogo amplio para reformar la legislación laboral de tal manera que se garanticen mecanismos de regulación, se tipifique penalmente el incumplimiento de las normas, se establezcan sistemas de monitoreo del sector productivo y se asignen recursos al Ministerio de Trabajo para supervisar minuciosamente las manufacturas ligeras. De paso, un salario mínimo diferenciado debería ser el mismo a nivel nacional para cierta actividad como la manufactura ligera, de modo que se pueda evaluar, en el corto plazo, el efecto en la cantidad de puestos de trabajo. Pero nada de eso se discute. Tampoco se discuten medidas excepcionales para un sector como la maquila, que bien podrían incluir la inscripción expedita de sindicatos para velar por el cumplimiento de condiciones laborales.
Del mismo modo, un diálogo amplio debería incorporar la determinación de un salario mínimo y cobertura del IGSS para las personas que trabajan en casas particulares o para actividades que se contraten por hora, sin perder de vista que se necesita la presencia y la regulación estatal para evitar abusos.
Y como una cosa lleva a otra, no se puede legislar la modernización del Código de Trabajo y su reglamento sin desarrollo institucional y sin aumentar la carga tributaria. Sin dinero no hay vigilancia y la puerta para los abusos queda abierta de par en par.
Juan Alberto Fuentes Knight señaló que la aproximación al salario mínimo se realizó unilateralmente, en atención a intereses de un sector. No hubo pactos, solo un intento de imposición. Por lo tanto, en un nuevo período constitucional, el tema no debería retomarse a partir de posiciones. Por el contrario, es necesario abrir el diálogo a la problemática nacional del empleo y a la legislación e institucionalidad laboral en su conjunto.
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