La esencia de las demandas pasa por la aprobación, en el Congreso de la República, de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Iniciativa que si bien no resolverá los ancestrales conflictos por la tierra (ni por asomo representa reforma agraria alguna), por lo menos puede tener o representar pasos efectivos hacia la certeza jurídica en la posesión de la tierra.
Esas movilizaciones logran convocar la cobertura mediática, no porque los medios se interesen por el contenido de las demandas o hayan investigado en profundidad el origen de las mismas. No. La cobertura mediática se centra en destacar la paralización del tráfico y transporte por tierra en los puntos de concentración. Conforme pasa el tiempo, también logran contar con información casi milimétrica sobre las “pérdidas económicas” que representa esa movilización para los empresarios. Pese a que hay información previamente difundida por medios absolutamente accesibles (redes sociales entre otros), que permitiría adoptar medidas de prevención al respecto.
Sin embargo, lejos de ello, recurren al expediente fácil de acudir en solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual al darles protección provisional e inmediata, ordena igualmente a las autoridades proteger y garantizar los derechos humanos de las y los manifestantes. Un encargo que en realidad no solo no se cumple sino que, de hecho se violenta. Tal y como lo demuestra la acción policial que el miércoles 12 derivó en la muerte de Hugo Vásquez Cruz.
Una muerte que incluso fue silenciada de titulares informativos del jueves 13, los cuales se esforzaban en destacar la limitación a la libre circulación y no mencionaban o lo hacían con extrema superficialidad, las razones de la protesta. La histórica indiferencia que la exclusión centenaria ha fomentado. La fácil salida de reclamar porque la gente bloquea carreteras pero la egoísta actitud de no intentar saber por qué esto se produce, va conformando un imaginario social que duplica la exclusión.
A tal extremo que, pararse bajo el sol o la lluvia durante horas para reclamar un derecho se vuelve un crimen que, como Hugo Vásquez Cruz se paga con la vida. En tanto que, por el contrario, ejecutar a Víctor Vásquez Cruz no merece ni ser mencionado en los medios. Mucho menos resaltar cómo las tierras comunitarias son sistemáticamente arrebatadas o las comunidades que las habitan forzadas al desplazamiento. Tampoco se analiza la forma en la cual, derivado del uso irracional de la tierra para proyectos de monocultivo extensivo, se está ampliando la ya de por sí enorme grieta alimentaria.
Ahora, lejos de exportar, prácticamente estamos condenados a importar alimentos ante la imposibilidad de producir lo esencial para nutrirnos. Pese a contar con tierra suficiente para garantizar el cultivo que asegure la alimentación básica, tenemos uno de los mayores “corredores de hambruna”. Mismos que por estar lejos de la ciudad capital, no necesariamente muestran su rostro de tragedia.
Pero las y los que caminan horas y horas para llegar a la carretera que ocupan, acción que detiene el tránsito de quienes van en vehículo, esas y esos sí lo ven a diario. Lo ven en las caras de sus hijas e hijos de los cuales la mitad está condenada a desnutrición severa. Lo ven en las miradas de las mujeres que agonizan cuando no logran ser atendidas con calidad cuando dan a a luz. La ven en los cuerpos de sus hijas e hijos que mueren por enfermedades perfectamente previsibles. La ven en los surcos milenarios de los rostros de ancianas y ancianos sentenciados al abandono pese a su intensa vida productiva. La ven, en fin, en sus propias vidas sin futuro dentro del círculo vicioso de la exclusión y la miseria. Ese y no otro, es el rostro del bloqueo.
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