Sería absurdo negar que la prominente presencia de militares ochenteros en el Gobierno no sea un factor polarizante pues actualiza los traumas de la guerra interna. Sería igual de absurdo negar que la represión estatal y los comentarios de amplios sectores de la población no sintetizan el mal llamado racismo estructural de la sociedad guatemalteca (mal llamado no porque no exista, sino porque la discriminación no es esencialmente racial sino étnica y de clase, que en Guatemala tienden a fundirse). Creo, sin embargo, que lo sucedido en Totonicapán —aunado a Santa Cruz Barillas, los normalistas y la marcha de campesinos, entre otros— no responde, primordialmente, ni a una lógica binaria de guerra fría ni a categorías socio-culturales como etnia o raza. Responde, más bien, a lo que bien podríamos llamar el retorno, a nivel global, de la política.
En un texto que publiqué en este mismo medio hace unos meses, traía a colación la distinción que hacían en la antigua Grecia entre policía y política. La primera se refiere a todos los procedimientos mediante los cuales se organiza el poder; es decir, el juego partidario, el proceso electoral, la administración del Estado, la elaboración de leyes y todo aquello que busca organizar, distribuir y, sobretodo, controlar el territorio, los recursos y la población. La noción de política, por su parte, es antagónica a la de policía pues hace referencia a todo aquello que interrumpe el orden policíaco de dominación. Es decir, existe política en el sentido pleno de la palabra cuando aquellos que no tienen ni voz ni parte (en el manejo y las decisiones públicas, en la asignación de recursos, en la organización del estado, etc.) exigen tenerla. Existe política única y exclusivamente cuando un sector de la población que era invisible (los normalistas, las comunidades de Totonicapán, los campesinos de las Verapaces, las poblaciones que resisten la actividad minera, etc.) es capaz de articular un discurso que irrumpe la lógica soberana y policíaca del poder constituido para constituirse como sujetos y exigir ser parte.
Lo sucedido en Totonicapán y en otros lugares durante este año son expresiones intensificadas de la constante tensión entre estas dos lógicas: la lógica policíaca del poder soberano y la lógica política e igualitaria que resiste la imposición del orden de dominación imperante. En otro artículo que también publiqué aquí hace unos meses, y disculpen la pedantería de auto-citarme pero el espacio del que dispongo exige brevedad, sostenía que lo que distingue a este particular momento histórico de los 70s/80s es que, desde el fin de la guerra fría y el llamado quiebre neoliberal, lo económico se ha incrementalmente venido convirtiendo en la fuente efectiva de poder soberano, desplazando paulatinamente a la esfera ideológica-política (en el sentido usual del término) como factor determinante en los cálculos del poder y el uso de la fuerza. Hoy por hoy son el capital financiero, la razón corporativa y el nivel de participación en el círculo de producción-distribución-consumo lo que determina quién es incluído, quién es plenamente ciudadano, quién es sujeto político y quién no lo es.
De ahí que, como señala Félix Alvarado, justificar la represión estatal apelando al derecho a la libre locomoción sea un argumento reciente. De ahí, también, que un sector de las clases media y alta capitalinas, los que participan más expedita y entusiastamente en el círculo global de producción-distribución-consumo, sí puedan obstaculizar la vía pública exigiendo la renuncia de un presidente sin temor a represalias y habiendo sido, aunque no lo acepten abiertamente, descaradamente manipulados por un telenovelesco video y algunos “líderes” de opinión; y que la población rural y, sobretodo, indígena —ellos sí perenne, clara y abiertamente manipulados, por supuesto— no goce de este mismo derecho al resistirse activamente a la intromisión del capitalismo neoliberal, financiero y, sobretodo, extractivo en sus comunidades y forma de vida (en efecto, el concepto “progreso” es polivalente).
Esta tensión entre la razón policíaca financiera-corporativa (a la que la gran mayoría de estados/gobiernos responde) y la lógica realmente política está obviamente aumentando a nivel global (EE.UU., Chile, España, Grecia, México, Pakistán, etc.), aunque obviamente se manifiesta de manera específica en cada lugar. En Guatemala, el choque es abierto y letalmente represivo con claras divisiones en términos raciales, étnicos y de clase por ser una sociedad histórica y agudamente militarizada, racista y clasista donde un sector poderoso e influyente ha clamado, clama y (al parecer) clamará siempre por mano dura y balas. Pero lo que realmente está en juego, aquí y en otras latitudes, es un sistema económico-político (en el sentido usual) que pareciera estar llegando a su límite.
Es por ello, como mencioné arriba, que es fundamental ver lo sucedido en Totonicapán en un contexto amplio y no dejar la discusión únicamente en el plano moral-cultural, pues es una discusión que en última instancia busca siempre asignar responsabilidades individuales (por ejemplo, los seis soldados que dispararon o las infames declaraciones del canciller) para así desviar la atención del carácter netamente político de las manifestaciones y su cuestionamiento del modelo económico y policíaco imperante. Claro, es más fácil e inconsecuente “curar” carencias morales individuales con cambios de actitud, mentalidad positiva y visitas guiadas a la pobreza, pero si lo que realmente interesa es que lo sucedido en Totonicapán no se repita es necesario cuestionarse el sistema mismo e intentar construir una sartén sin mango o, al menos, con muchísimos mangos.
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