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El resarcimiento a las víctimas del conflicto armado o qué difícil es pedir perdón

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Recibir un resarcimiento del Estado implica un proceso largo y complicado. Pero, por extraño que parezca, al gobierno le cuesta más pedir perdón que pagar indemnizaciones a las víctimas. Ruth del Valle, quien presidió Copredeh durante cuatro años, explica cómo funciona el resarcimiento para las víctimas de crímenes del Estado y habla de casos puntuales, como el de la familia de Jacobo Árbenz que pretendía US$50 millones y terminó con mucho menos.

Ruth del Valle fue presidenta de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, (Copredeh) de 2008 a 2012. Durante su gestión el Estado aceptó la responsabilidad por los casos que se juzgaban ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se reconocieron, en actos públicos, la comisión de ilegalidades: por desapariciones forzadas y masacres. Al analizar la situación de los casos de justicia transicional y evaluar el trabajo de la institución que alguna vez presidió, concluye que la gran deuda del Estado es la ausencia de una política que aborde los crímenes de conflicto armado interno.

¿Cuál ha sido el papel de la Copredeh ante los casos de justicia transicional?

Lo primero que hay que saber es que a falta de una política de Estado, esto queda a discreción del gobierno de turno. Parece paradójico, pero fue durante el gobierno del FRG (Frente Republicano Guatemalteco) que Alfonso Portillo emite un acuerdo gubernativo en el que pide perdón y acepta la responsabilidad del Estado por las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. Óscar Berger no derogó el acuerdo, pero tampoco dio instrucciones para facilitar las cosas a las víctimas; como sí lo hizo el presidente Álvaro Colom. Por eso nosotros nunca nos opusimos a nada (durante los juicios en la CIDH) y siempre nos allanamos, es decir reconocimos y aceptamos los cargos. Primero por ser instrucciones del presidente y segundo porque yo no iba a estar negando el pasado. Ya cuando llega Antonio Arenales Forno, la cosa cambia.

¿Se refiere a que los casos no avanzaron?

Pues yo recuerdo que él me reclamó por haberme allanado en el caso del Diario Militar. A él le tocó ir a esa audiencia y me dijo que iba a cambiar eso, pero ya no se podía porque el momento procesal ya había pasado. A mí lo que me preocupa es que después de que Otto Pérez Molina y Arenales Forno decidieron que no se iba avanzar en esto, no hemos logrado enderezarlo.

Pero los reportes de Copredeh indican que tanto el gobierno de Pérez Molina como el de Jimmy Morales han cumplido con algunos pagos de reparación económica a las víctimas (como el caso de Fernando García y Claudina Velásquez).

Con la llegada de Víctor Hugo Godoy (quien renunció en septiembre pasado) ellos hicieron algunos pagos y hubo algunos avances de la política de defensores, pero nosotros ya hemos resentido el cambio, digamos con posturas negacionistas.

¿Se refiere al recién nombrado presidente de Copredeh?

No exactamente, pero en casos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos ya han negado cosas ante la Comisión Interamericana. Yo tengo temor porque este señor, Jorge Luis Borrayo (el nuevo presidente de Copredeh), no viene del mundo de los derechos humanos. Y eso es necesario, porque de lo contrario uno no es capaz de entender ni explicar por qué se tienen que hacer las cosas. Yo recuerdo que durante mi gestión tuve discusiones fuertes con la gente de la Cancillería. Ellos me hablaban del principio de soberanía nacional, pero yo les decía que al ser miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (a la que pertenecen la CIDH), uno acepta que ellos se metan en nuestro país y digan “usted está violando los derechos humanos”. Pero con un gobierno como el que tenemos, que ni siquiera respeta el convenio de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) que tiene un mandato que el mismo Estado guatemalteco firmó, ¿cómo van a reconocer la entrega de soberanía ante la comunidad internacional? Y con una persona en Copredeh que no sabe nada de derechos humanos, ¿cómo van a hacer lobby con otros funcionarios para que entiendan (que el Estado está obligado a cumplir)?

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¿Qué necesita un presidente de Copredeh para que los casos avancen?

Primero, tener el apoyo del presidente del país. Porque si no lo tiene, cualquier ministro le puede cuestionar las sentencias. Por ejemplo, cuando la Corte dice que se debe construir un centro de salud, el Estado tiene que hacerlo. Porque esa fue la exigencia de la gente y porque la comunidad internacional otorgó la solicitud. Para todo eso, uno debe tener mucha serenidad y paciencia, para poderles explicar y que entiendan de donde viene ese compromiso internacional.

¿Cómo lograba los recursos para saldar las reparaciones financieras a las víctimas?

Uno trata de presionar. Yo le decía a los del Ministerio de Finanzas que me tenían que conseguir la plata. Frank La Rue, que estuvo a cargo de Copredeh durante el gobierno de Óscar Berger, me contó que a final del año veían la ejecución de todos los ministerios y juntaban los saldos que no iban a gastar para redistribuirlos en los programas y de ahí salía el dinero para las sentencias. Nosotros, en cambio, tuvimos una gran dificultad. Y es que todo eso que se reunía iba para los programas de doña Sandra (Torres) entonces a mí me costó conseguir plata para las sentencias.

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar las reparaciones económicas?

Yo descubrí que, a pesar de nuestros problemas económicos, para el Estado resulta mucho más fácil pagar las indemnizaciones. Porque cuando son sentencias de la Corte, los retrasos generan intereses.

El tema de las reparaciones económicas siempre resulta en polémica y cuestionamientos. ¿Qué pasa con las personas que reciben dinero producto de un acuerdo o una sentencia?

Hay quienes lo usan para su atención psicológica o atención médica. Otros compran una casa o pagan su educación. Por ejemplo, la gente de Plan de Sánchez, yo sé que lo usaron para mejorar sus viviendas, cosechas y ese tipo de cosas.

¿Ese dinero transforma la vida de una persona?

Solo si hay un acompañamiento de las organizaciones que llevan el proceso. Recuerdo el caso de una señora que recibió una compensación por la muerte de su hijo en una cárcel, que lo enterraron como XX, ella no tenía idea de la magnitud del dinero que el Estado le estaba pagando como resarcimiento. Porque nunca han visto ni se imaginan qué es tener Q2 o Q3 millones. Ese fue un proceso por solución amistosa y sé que el Instituto de Estudios Comparados le apoyó por más tiempo. Pero no se trata solo de eso. Antes de llegar a Copredeh experimenté la insensibilidad de la institución en el trato a las víctimas, que necesitan un acompañamiento psicológico y no lo tienen. Recuerdo que acompañé a una señora a dar sus datos bancarios para que pudiera recibir la indemnización que le estaban dando por una sentencia de la Corte, y al salir del edificio me dijo: “¿qué hice?, acabo de vender a mi hijo”, que fue desaparecido.

¿Cómo se establecen los montos que el Estado debe pagar?

Hay dos procedimientos, uno es por solución amistosa en donde se pueden llegar a acuerdos y otro, a través de sentencias. Recuerdo el caso de los familiares de Jacobo Árbenz Guzmán, porque me tocó ir a la audiencia a los pocos días de asumir el cargo. Ahí me contaron que los parientes habían pedido US$50 millones, porque eso era lo que ellos calculaban que merecían. Pero el Estado de Guatemala no podía pagar esa cantidad, ni siquiera Q50 millones. El gobierno de Berger les hizo un estudio actuarial y les ofreció como Q1 millón y medio, y para la familia fue como una ofensa. Además pedían que les devolvieran una finca, pero cuando nosotros empezamos a investigar, resulta que la finca estaba fraccionada y apenas unos pedacitos le pertenecían al Estado. Yo le comenté al presidente Colom y empezamos a averiguar. Tuve comunicación con Jacobo Árbenz hijo, y le expliqué que no podíamos pagar tanto dinero pero podíamos dar otras cosas. Así fue como se hizo una biografía del expresidente, se hizo un módulo educativo para 4to, 5to y 6to de primaria, que no sé si se sigue enseñando. Se trajeron los restos de doña María Vilanova para enterrarlos junto a Jacobo Arbenz; se le puso el nombre del expresidente a la ruta al Atlántico y la indemnización fue como de Q30 y pico de millones, no recuerdo bien. Eso incluía el valor de la finca, porque ya no se pudo resolver de otra forma. Esa fue una solución amistosa.

¿Qué significa ir a una solución amistosa?

Suena raro, porque no se pueden resolver amistosamente los asesinatos y las desapariciones forzadas, pero así se llama el trámite. Es más fácil para las dos partes, porque se pueden homologar los acuerdos. Por ejemplo, en la negociación de los montos de indemnización. Mientras en las sentencias la Corte incluye el lucro cesante y daño emergente, con todos los estándares internacionales; en las soluciones amistosas, se negocia. Cuando un peticionario solicita un monto por las costas judiciales, le piden que presente sus facturas. Y sobre eso el Estado dice si acepta o no. En mi tiempo hubo peticionarios que nos presentaron las facturas del supermercado, en donde tenían la comida para perro y botellas de vino. Yo dije que eso no podíamos pagarlo, porque me lo iba a topar la Contraloría General de Cuentas.

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¿Y por qué le presentaban ese tipo de facturas?

Porque ellos querían que les compensaran plata por el tiempo que invertían. Decían que habían trabajado en su casa, y bueno yo les decía está bien, preséntame la factura de la pizza que pidieron y nosotros autorizamos, pero no puedo pagar una factura con comida para tu perro.

¿Fue lo más inusual que encontró?

Pues a mí me dijeron que no era tan inusual, aunque yo sí quedé sorprendida. Pero en términos generales, en estos acuerdos amistosos, las víctimas quedaban muy agradecidas de que uno estuviera facilitando el proceso. Yo entiendo que el llegar a un acuerdo de solución también puede ser muy significativo para una persona, especialmente cuando no ha conseguido justicia en Guatemala.

Parece que el asunto de la reparación económica no es el mayor problema del Estado, porque ha pagado la mayoría de las reparaciones monetarias. Pero quedan pendientes otros asuntos significativos, como los actos públicos en donde se pide perdón o la búsqueda de justicia. ¿De quién es la responsabilidad cuando esto no se cumple?

En términos generales, las grandes deudas son de justicia. Y si no hay un proceso de investigación y persecución penal, y aquí estoy hablando de Organismo Judicial y del Ministerio Público, eso no lo puede hacer ni el Organismo Ejecutivo ni la Copredeh. Por ejemplo, el caso de Marco Antonio Molina Theissen costó muchísimo, pero se individualizó a varias personas, aunque todavía no se han encontrado sus restos.

¿En ese caso específico, cómo se logró llegar a ese nivel y por qué en otros procesos no se ha podido avanzar en la búsqueda de justicia?

Yo siento que siempre fue por la lucha de las familias y las organizaciones que los acompañan. No se puede negar que el Ministerio Público tuvo la apertura y la sensibilidad, digamos de algún fiscal, pero no es que ellos estén abanderando la lucha, buscando a las víctimas. En general son las víctimas las que preguntan qué pasa con sus casos. El problema es que la justicia está centralizada en la capital y hay gente con pocos recursos económicos que a veces no puede pagarse la venida, ni el hospedaje, ni la comida en la ciudad. Por ejemplo, en el caso Creompaz, aunque allá (en Cobán, Alta Verapaz) hay fiscalía, y allá se hicieron la exhumaciones, aquí se está llevando el juicio. Que dicen que no hay condiciones de seguridad para hacerlo allá, está bien, pero la gente se tiene que movilizar hasta aquí. Es gente que tampoco tiene los recursos materiales para estar presionando y el tema del idioma es otra cosa. Hay gente a la que no la atienden en su idioma, los juicios son con traducción y si no le traducen bien, es otra dificultad. Cierto que hay sentencias, pero hay muchos más pendientes.

Usted hablaba de la necesidad de una política de Estado en casos de justicia transicional. ¿Por qué?

Porque las previsiones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) hablaban de que pudo haber 200 mil víctimas mortales y más de 45 mil desaparecidos. Al ver esas cifras podemos decir que no hemos avanzado casi nada.

¿Y cómo le explica eso a quienes no aceptan que el Estado debe hacerse responsable por esos hechos?

El Estado es el responsable de lo que pasó y aunque no tuvo que ver el gobierno de turno, es al que le toca revindicar esas cosas. Le pongo un ejemplo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y con la salida de Todd Robinsson como embajador en Guatemala, se dijo que iban a cambiar las cosas, porque iban a mandar a un embajador de derecha. Pero hay que entender una cosa, los gringos tienen una política de Estado, que no es de un gobierno. No como aquí que con la llegada de un nuevo presidente cambian las cosas.

En los últimos cinco años, no hemos visto que un presidente acepte en un acto público la responsabilidad estatal. ¿Qué significado tiene este reconocimiento para las víctimas?

Creo que este paso es importantísimo, sobre todo porque es la declaración de los hechos. Yo trabajé en el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y me acuerdo cuando las víctimas nos pedían que les creyéramos lo que nos contaban. Porque hubo presidentes, como Óscar Mejía Víctores y Jorge Serrano Elías, que les decían a las mujeres que reclamaban la desaparición de sus maridos, que seguro se habían ido con otra mujer. Además, esto se convierte en un alivio, especialmente cuando uno no tiene todos los elementos para lograr justicia, porque no se sabe quién se llevó a su pariente, nadie le da información y no hay cómo individualizar a los responsables para ir a un caso penal. Porque a diferencia de la justicia nacional, la Corte no condena a individuos sino al Estado en abstracto. Pero los casos juzgados en ese ámbito, no se pueden dar por concluidos en Guatemala hasta que se haya buscado justicia.

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¿Qué gobernantes han pedido perdón?

El expresidente Óscar Berger nunca quiso hacerlo, puso a (el vicepresidente) Eduardo Stein. Él incluso fue a la aldea Plan de Sánchez, en Baja Verapaz, para hacer el acto de pedida de perdón porque ya había una sentencia de la Corte. En el tiempo de Colom lo hicieron ambos, dependiendo de los casos y sus compromisos. El exvicepresidente Rafael Espada, me dijo una vez: ¿por qué yo tengo que pedir perdón si yo no soy el responsable de esto? o ¿esto no es de nuestro partido? Y claro, yo lo entendí perfectamente porque él no venía del activismo en derechos humanos. Pero le expliqué y finalmente lo hizo.

Pero durante el gobierno de Colom todavía quedaron pendientes. Como el acto público de Florencio Chitay Nech, un alcalde indígena de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Sí, porque aunque nosotros podíamos hacer los eventos, las víctimas pedían que fuera la máxima autoridad. En el caso Chitay o de Edgar Raúl Rivas, el Vicepresidente lo podía hacer y tenía el tiempo en la agenda, pero ellos (los familiares) dijeron que no, porque querían que lo hiciera el Presidente. Yo les explicaba algunas dificultades, porque el Presidente no estaba solo para esto. Aparte, estos actos se tuvieron que espaciar porque en un acto en el Palacio, en honor a Otto René Castillo, unas personas sacaron unas mantas echándole penca al gobierno por lo que había pasado en el Polochic por el lio del ingenio Chavil Utzaj. Entonces, por supuesto, el presidente le dijo a Orlando Blanco, que era el Secretario de la Paz, que no volvía a hacer un acto en el Palacio.

¿Cuán fácil resulta buscar justicia en el ámbito internacional?

Desde que se presenta a la Comisión, le aceptan el caso y se trata de lograr una solución amistosa, se van unos tres años. Y de ahí, si lo acepta la Corte, el tiempo depende de cuán saturada esté y quiénes sean los comisionados. Hubo un año en el que me contaron que la Corte no estaba admitiendo casi nada de casos del conflicto armado, porque estaban priorizando casos de derechos económicos, sociales o de poblaciones vulnerables, como LGTBI y de personas con discapacidad. Pero yo creo que aquí en Guatemala se están dando las condiciones para el avance de la justicia. Aunque no sé qué va a pasar con el nuevo juicio de genocidio contra Efraín Rios Montt, porque ante esa resolución de retrotraer el caso yo hubiera denunciado la situación ante la Comisión Interamericana. No solo por la dilación del proceso, sino porque al final se les está negando la justicia. 

"El exvicepresidente Rafael Espada, me dijo una vez: ¿por qué yo tengo que pedir perdón si yo no soy el responsable de esto?"
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