El reino de los enchufados

Al abrir la puerta de la bodega, los documentos cayeron al suelo desordenadamente. Hojas sin número, archivadores incompletos, carpetas en mal estado. Entre los folios, aparecieron unas cartas de recomendación destinadas al ministro de salud. Más que sugerencias, algunas eran órdenes de contratación. Primero 30, unidas en un mismo folder. Luego, a cuenta gotas, surgieron más archivadores, uno tras otro, con más y más cartas. En ese caos, dentro de una bodega sombría de un archivo inexistente, se hizo un hallazgo.  

La Unidad de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), un departamento con apenas cuatro empleados, todos fiscales, se dio a la tarea de digitalizar las “notas de trabajo”. La orden la dio la exministra Lucrecia Hernández Mack. Durante semanas, y con apoyo de personal de otras dependencias, fueron reuniendo, clasificando y ordenando los documentos que iban apareciendo.  

La base de datos tiene más de mil registros. 1,050, exactamente. En las “recomendaciones”, enviadas entre 2012 y 2015, se propone contratar a nuevas personas en el MSPAS y ascender a personal que ya trabajaba en la cartera.

Detrás de estas sugerencias están personajes como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías —exbinomio presidencial—; Anabella de León, la anterior Registradora de la Propiedad; o Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la presidencia, todos ellos actualmente en prisión. Además, dirigentes sindicales; alcaldes —como el exedil de Mixco, Otto Pérez Leal—, gobernadores y diputados, la mayoría del Partido Patriota. Algunos todavía se mantienen en sus cargos actualmente.

Las pesquisas de la cartera de salud identificaron que 219 personas que estaban entre las recomendadas aparecían en las nóminas del MSPAS entre 2012 y 2017. La Unidad de Transparencia y Anticorrupción todavía verifica si sus contrataciones o posibles ascensos responden a las cartas de los cargos públicos.

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La denuncia

Dos meses antes de su renuncia, Lucrecia Hernández Mack denunció esta situación ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En el escrito, de siete páginas, la exministra explica que los solicitantes demandaban “la contratación de personas afines a ellos o a su organización política, especialmente del partido que en esos años ocupaba la dirección del Organismo Ejecutivo y buena parte del Legislativo conocido como Partido Patriota”.

En algunos casos, expone, incluso se mencionaba la partida presupuestaria de plazas que se encontraban vacantes y se indicaba el puesto específico en el que se requería el nombramiento. Las cartas eran para solicitar todo tipo de puestos, desde en la administración central, hasta en centros de salud y hospitales. Se pidieron plazas de asesores jurídicos, trabajadores sociales, psicólogos, operativos, técnicos especializados, agentes de seguridad, administrativos, conserjes, auxiliares de enfermería, ayudantes de cocina, enfermeros, médicos, fumigadores, personal de mantenimiento... Pero también puestos con una mayor responsabilidad, influencia y salario: directores de áreas de salud; directores, gerentes y administradores de hospitales; supervisores de alimentación y coordinadores de Recursos Humanos. 

Casi todas las peticiones se refirieron a una persona particular, aunque la Unidad de Transparencia y Anticorrupción llegó a encontrar notas en las que se pedía la contratación o ascenso de grupos de más de 20 personas.

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Algunos de los argumentos para demandar la incorporación de empleados son insólitos. Baldetti sugirió a una persona por ser “importante para el abastecimiento de hospitales”; y el Sindicato de Trabajadores del Hospital General San Juan de Dios, recomendó a alguien a quien consideraba “un patriota de corazón”.

Detrás de la recomendación

El problema no es solo recomendar a una persona. Es una práctica —cuestionable— que se produce desde hace décadas. La complicación llega cuando la contratación de estas personas recomendadas deriva en prácticas dudosas y en algunos casos ilegales. Por ejemplo, la de Mario Roberto Hernández Najarro, un personaje en la mira del Ministerio de Salud, señalado por haber influido en la contratación de decenas de familiares y allegados. En 2012 fue recomendado en cuatro ocasiones por cuatro miembros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).

La exministra Hernández Mack rechazó su contratación este año. Sin embargo, Hernández Najarro continúa desempeñando su puesto de gerente administrativo financiero en el Área de Salud de Jutiapa. Actualmente, tiene ocho denuncias en el Ministerio Público (MP) por tráfico de influencias en el nombramiento de parientes consanguíneos, presentadas en 2011, 2015, 2016 y 2017. También hay una denuncia en su contra por falsedad material, perjurio y nombramientos ilegales.

Además, la Unidad de Transparencia investigó una carta de Elías Cabrera Mejía, gobernador de Quiché, quien recomendó a su familiar Pedro Elías Cabrera para una plaza de servicios técnicos en el Área de Salud de Ixcán. Elías Cabrera llegó a cobrar Q35 mil mensuales por este puesto. Esto fue denunciado en el MP.

El MSPAS también presentó una denuncia penal contra Romeo Arnaldo Vásquez Vásquez, recomendado dos veces en 2013 por Roxana Baldetti para el puesto de director de hospital de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Se sospecha que se trata de una plaza fantasma.

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En base a estas contrataciones hay muchas dudas. No está claro si algunos de los contratados en realidad cumplían con los requisitos para el puesto o si lo obtuvieron únicamente por ser amigos o conocidos de alguien influyente. O porque les debían un favor. Ni siquiera está claro que estén trabajando. Del listado de recomendados que fueron contratados, la dependencia del MSPAS ha identificado unas tres o cuatro personas que podrían estar cobrando un salario por un puesto que no desempeñan.

Los solicitantes

La Unidad de Transparencia detalló que Roxana Baldetti fue la persona que más solicitudes presentó: 154 entre 2012 y 2015, de las cuales se contrataron, ascendieron o trasladaron a 91. De congresistas llegaron 475 peticiones. La exregistradora Anabella de León recomendó a 126 y se beneficiaron a 6. Los registros también evidencian peticiones de varios dirigentes sindicales.

La mayoría de cartas llegaron de parte de personas afines o miembros del Partido Patriota, la organización que más recomendaciones realizó. Le siguen URNG-Maíz, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el partido Libertad Democrática Renovada (Lider).

Hernández instruyó entonces que se continuara la búsqueda de otras notas de trabajo y que se verificara en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) posibles pagos a las personas recomendadas. La Unidad de Transparencia se encuentra ahora investigando un segundo grupo de 600 notas de trabajo, la mayoría recibidas por el MSPAS entre 2010 y 2012.

Existió el rumor de que el nuevo ministro, Carlos Soto, planeaba cerrar la unidad de transparencia en el Ministerio, sin embargo lo desmintió  días después.

***

Casi toda la correspondencia investigada —1,035 de las 1,050 solicitudes— se envió a nombre de Jorge Villavicencio, ministro de salud durante el mandato de Otto Pérez Molina.  

—Se recibían solicitudes de todas partes —cuenta ahora Villavicencio—. Eso no fue solamente durante la época en la que yo fui ministro. Pasó tradicionalmente durante todos los períodos. Y no solo lo hacen diputados. También periodistas… gobernadores, alcaldes… de todo.

—Y estas solicitudes, ¿influyeron alguna vez en la contratación, traslado o ascenso de personal?

— No, en absoluto. Para eso estaba el departamento de Recursos Humanos, que sí funcionaba. Cuando se contrataba, se tenía que tener la necesidad, el presupuesto y se hacía un análisis del perfil de la persona. Si se cumplían estas tres cosas, se contrataba, independientemente de si venía recomendado o no. Eso ha pasado históricamente.

“Yo no creo que a la ministra no le hayan recomendado a gente —continúa el exfuncionario—. Y esa señora sí metió a un montón de gente, sin seguir el proceso correcto. Las cartas las han estado usando malintencionadamente. De alguien que quiere hacer daño. Pero no han encontrado absolutamente nada. Yo he oído de la mala intención de ella. Y si sigue así, nosotros la vamos a denunciar”.

—Cuando dice “nosotros”, ¿a quién se refiere?

—Las autoridades que estuvimos en su tiempo.

Hernández Mack aseguró que durante el año que fungió como ministra no recibió ninguna carta de recomendación de este tipo. El actual ministro, Carlos Soto, afirma lo mismo: no ha recibido peticiones de nadie.

También se buscó a varias de las personas que solicitaron la contratación o ascenso de personal dentro del ministerio. Sin embargo, pocas atendieron las llamadas de Plaza Pública. Carlos Santiago Nájera Sagastume, diputado de la UNE, aparece registrado como “proponente” en diez ocasiones. El congresista recomendó a personas para los cargos de piloto, personal de mantenimiento, auxiliar de estadística, técnico y paramédico. Por vía telefónica, se le mencionó algunos de los nombres de sus recomendados, pero él aseguró desconocerlos.

—¿A qué cree entonces que se deba ese registro en la base de datos?— se le interpeló.

—Un error —respondió tajante—. Un error y confusión.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro de Guatemala, también aparece en la base de datos. En 2013 pidió al Ministerio de Salud un traslado para una empleada en Alta Verapaz, solicitud que no fue concedida. Al consultarle dijo tajante: “No. Ni conozco a la persona. Yo no recomiendo nunca a nadie, a mi no me gusta. Además nosotros ni tenemos estructura en Alta Verapaz, si por ahí se quiere ver. Me preocuparía que se hubiera falsificado mi nombre para algo así”.

Al mostrarle la carta, Montenegro recordó la petición. Asegura que se trata de una mujer que, sin tener relación con ella, se acercó a pedirle ayuda porque su madre estaba muy enferma en Cobán, ella laboraba en Chicamán, Quiché, y quería que la trasladaran. “Se comprobó, a través del secretario departamental, que su madre estaba gravísima. Así que se pidió su traslado, exactamente en las mismas condiciones", expuso Montenegro. "A pesar de la solicitud, no la trasladaron. Antes se murió la mamá", lamenta.

Con este reportaje publicado la diputada se comunicó con Plaza Pública para subrayar de nuevo elementos que a su entender el reportaje no había clarificado suficiente. Montenegro recalcó que con su carta no pretendió favorecer a ningún conocido suyo ni miembro alguno de su partido, ni tampoco que se concediera una plaza inmerecida. La congresista destacó intercedió para lograr no una plaza, sino un traslado geográfico, como parte de la labor de intermediación a la que está obligada, y dijo que lejos de solicitar un privilegio, esa mediación implicaba responder a una razón humanitaria y restituirle a la trabajadora de salud un derecho que la Ley de Servicio Civil reconoce.

En los folders que aparecieron se encontraron originales y copias. De los primeros se descarta que sean falsificaciones. Los enviados por diputados tienen sello y membrete dorado del Organismo Legislativo. Sin embargo, la denuncia está ahora en manos de la CICIG, entidad que decidiría si se abre o no una investigación sobre esto.

Mientras tanto, en las demás bodegas del Ministerio de Salud, más pilas de hojas, folders y archivadores con miles y miles de documentos todavía esperan a que alguien los encuentre, los clasifique, los archive y los investigue.