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El racismo y la justicia indígena
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El racismo y la justicia indígena

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Tipo de Nota: 
Opinión
25 05 16

La propuesta de reformas a la Constitución revive el debate sobre el pluralismo jurídico: tan exigido por los pueblos indígenas, pero rechazado por el sector económico.

Hasta la fecha se han llevado a cabo cinco encuentros regionales en el marco del Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala. A través de estos encuentros se pretende recolectar los insumos de los participantes y sistematizarlos con el objetivo de alimentar las mesas de discusión sobre las reformas constitucionales en materia de justicia. Dichas mesas se desarrollarán en la capital en junio y julio.

He tenido la oportunidad de estar en todas estas reuniones hasta la fecha, donde he tomado nota de las reacciones ante el principal reclamo de los representantes de los pueblos indígenas: que el Estado reconozca sus propios sistemas jurídicos. Las respuestas ante esta demanda han sido por lo general tibias, frías y heladas por parte los sectores predominantemente ladinos. Pero, tristemente, escuchando los argumentos en contra del pluralismo jurídico, queda claro que provienen de la ignorancia y del miedo. Y en los peores de los casos, de raíces más oscuras: la arrogancia y el racismo.

La reforma propuesta al artículo 203 de la Constitución pretende romper el monopolio del Estado sobre la administración de justicia. Se contempla la inclusión de un nuevo párrafo: «Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos». Establece también que se aprobará legislación para regular la coordinación de los distintos sistemas de justicia.

Poco tardó la Cámara de Comercio en expresar su «rechazo radical» ante este cambio. El ente mercantil dice que las dificultades prácticas de tener dos o más sistemas de justicia en un solo país pone en peligro la «certeza jurídica». En este contexto, la «certeza jurídica» se refiere a cuánto se puede predecir sobre la aplicación de la ley, un requisito muy codiciado en el mundo del comercio. Países como Bolivia y Colombia han implementado el pluralismo en sus Constituciones. Y aunque han tenido problemas estableciendo jurisdicciones, sí han obtenido resultados muy positivos que no se deben ignorar: ha resultado en un mayor (pero aún inadecuado) respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en un acercamiento al comercio justo.

¿Con que autoridad la Cámara de Comercio critica la propuesta de pluralismo jurídico? ¿Será que la entidad realizó un estudio de derecho comparado para llegar a sus conclusiones? ¿O será que la cámara tiene otros intereses que van más allá de la mera certeza jurídica? Antes de descartar la propuesta por adelantado, tal vez el sector económico debería escuchar las voces de expertos jurídicos no parcializados. En mi opinión, la propuesta merece un poco más de respeto, ya que fue elaborada por los tres poderes del Estado y avalada por un equipo técnico de expertos del PDH, la Oacnudh, la Cicig y el MP. Lo único que observé en la reunión de la cámara fue a muchos hombres blancos con mucha plata y con pocas ideas nuevas.

En realidad, la oposición del sector económico a la propuesta emana de su temor ante la posibilidad de ceder poder jurídico a las poblaciones indígenas, cosa que bien puede (y debe) conducir a un mayor control político de sus propios territorios. ¿Se imaginan una comunidad indígena declarando ilegal el desvío de un río para alimentar plantaciones de palma o caña? ¿O a autoridades ancestrales clausurando una mina o una hidroeléctrica? ¿Y que estas decisiones tengan que ser acatadas por el Estado? Esto fortalece la autodeterminación de los pueblos indígenas de Guatemala, lo cual repercutiría de forma devastadora en los grandes proyectos de explotación que benefician a los integrantes de la Cámara de Comercio, entre otros. Es normal que se opongan, pero que la oposición de este gremio conservador amerite una primera plana en la prensa es realmente decepcionante, dado que, en todas las reuniones regionales en el marco de las reformas, los representantes de los pueblos indígenas han expresado su pleno apoyo a la propuesta.

El rechazo del pluralismo jurídico del sector mercantil encuentra su lecho en el lector promedio de Nuestro Diario por su atractivo amarillismo —para dicho lector es sinónimo de la legalización de los linchamientos—. Pero un linchamiento se debe menos a la aplicación de la justicia indígena y más a una expresión de exasperación con el constante fracaso del sistema de justicia estatal. Demasiados caen en esta estereotipación y sobresimplificación de la justicia indígena.

Thelma Aldana ya se pronunció a favor del pluralismo jurídico en su introducción al libro Pluralismo jurídico y derechos indígenas en Guatemala, escrito por el diputado Amílcar Pop. Como dice el libro, la aceptación del concepto conlleva una reconceptualización de los derechos humanos en la cual se incorpora una visión pluricultural, que conlleva un análisis de los mecanismos alternos sobre resolución de conflictos que va más allá de nuestro entendimiento del sistema occidental de justicia: un sistema que fue impuesto sobre la población indígena durante y después de la Conquista. Los sistemas de justicia indígena son mucho más sofisticados de lo que los prejuicios nos dejan ver, especialmente si se tiene en cuenta que su desarrollo fue interrumpido y luego torcido y pervertido para servir a los intereses de los colonizadores. Es hora de reconocer que un sistema basado en la rehabilitación y la reintegración del victimario, y no en su castigo y segregación, no solamente amerita reconocimiento, sino que quizá puede enseñarnos algo sobre justicia.

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