Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán se encontraron esa mañana con que al estado de calamidad pública, vigente desde marzo, se sumaba un nuevo estado de excepción, que restringía mucho más aún las garantías ciudadanas.
El argumento para dicha disposición gubernamental es que el conflicto limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina se había reactivado con acciones violentas entre ambos municipios. Para justificar que Santa Lucía Utatlán estuviera en el decreto, el Gobierno afirmó que este municipio era utilizado para esconder armas de fuego que se empleaban en las refriegas entre los dos poblados, que se enfrentan en un conflicto que data desde hace más de siglo y medio. Las escaramuzas se reanudaron en marzo, cuando se retiró la Policía Nacional Civil (PNC), que mantenía cierto orden en el entorno. El Ministerio Público (MP) ejecutó órdenes de captura en el área no ligadas al problema, las cuales dieron lugar a la suspensión doble de garantías.
En el caso de Santa Lucía Utatlán, lo que resalta es el papel de la comunidad en oposición a la empresa de explotación de energía eléctrica Trecsa, la cual pretendió instalar torres de distribución en su territorio: intención que encontró el rechazo comunitario y la acción legal para impedirlo. El estado de sitio, con ocupación militar del territorio, podría ser un factor que favorezca la intención de dicha compañía extranjera, conflictuada con más de una comunidad en varios puntos del territorio.
Entre tanto, en el norte del país, concretamente en la zona de Purulhá, Baja Verapaz, hay otro conflicto que ha representado muertos y heridos, así como daños a la propiedad de los comunitarios, sin que el Gobierno se preocupe por la gobernabilidad en la zona. Acá hay un litigio de tierras, también de vieja data, entre tres comunidades, Los Ángeles, Dos Fuentes y Washington, y la familia Thomae, de origen alemán.
[frasepzp1]
Esta familia se asentó en la zona con el reparto de tierras despojadas a las comunidades indígenas. Estas llevan décadas reclamando la devolución con base en los documentos de titularidad que obran en su poder. La familia Thomae ha utilizado a su ejército particular para invadir y destruir terrenos de las comunidades y ha destruido sembradíos de cardamomo, entre otros. En 2018 promovió un juicio en contra de miembros de la comunidad a los que falazmente acusó de usurpación agravada. Cuando el juicio estaba por empezar y, por lo tanto, por darles la razón a los comunitarios, la familia Thomae Estrada logró una anómala orden de desalojo que ha intentado ejecutar en varias ocasiones.
Ante el fracaso en ejecutarla, ha promovido incursiones violentas que han dejado muertos. En 2018 fue asesinado Adolfo Ichich Chon y herido Porfirio Pérez. En tanto, este año, en marzo, fue herido de bala Saac Ichich Macz, a quien guardias al servicio de Byron Thomae, principal figura de la familia en cuestión, dispararon directamente.
Thomae Estrada, además de finquero que ocupa tierras despojadas a las comunidades, es funcionario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), titular de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Desarrollo de dicha cartera. Tal circunstancia lo coloca en condición de conflicto de intereses como funcionario y como particular que utiliza la fuerza paramilitar para agredir a los habitantes originarios de la tierra usurpada por su familia.
La falta de atención del Gobierno al caso de Purulhá pone en entredicho las intenciones de la declaratoria de estado de sitio en Sololá. En ambos casos, con situaciones de crisis y riesgo de vida social, las disposiciones van en contra de pueblos indígenas, pero no en contra de quienes, como en el caso de la familia Thomae, detentan ilegalmente el control de tierra comunitaria. No cabe duda de que el eje del racismo es el que hace girar la rueda de las políticas de gobierno, que no buscan el bien común.
Más de este autor