Imaginemos que, si en países desarrollados hay crisis en los sistemas, cómo nos tocará en Guatemala. Aquí, desde los años 90, a partir del gobierno de Álvaro Arzú, se produjo la debacle del sistema de salud. Este fue destruido a causa de las voraces políticas de privatización y las prácticas institucionalizadas de robo y saqueo de los recursos por parte de funcionarios y empresarios corruptos. El mejor ejemplo es el hoy procesado Gustavo Alejos, cuya fortuna se acrecentó mediante la proveeduría de medicamentos. A dicha situación se suman la pobreza generalizada de más de la mitad de la población y las condiciones de trabajo precarizado de quienes sobreviven del autoempleo o comercio minorista como forma de subsistir.
Ante ese panorama, se requiere de medidas fuertes y estratégicas para sobrellevar la crisis en tanto hay disponibilidad, ojalá accesible, de vacuna contra el bicho. Por ello, las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei la noche del lunes 16 dieron la noción de que teníamos como gobernante a un estadista capaz de enfrentar la crisis. Disipó con ello las dudas generadas el fin de semana con declaraciones paradójicas sobre él mismo. Sin embargo, en menos de 24 horas, Alejandro Giammattei reculó de sus decisiones y cedió a un chantaje que lo hizo olvidar su función.
De esa cuenta, pese a que lo recomendable es estar en casa, lo que significa el no funcionamiento en sede de empresas de diversa índole, el mismo Giammattei estimuló a mantener los desplazamientos de personal, aunque mantuvo la cancelación del servicio de transporte público. De esa manera, al alimentar que los empresarios de entidades cuyo giro no es de servicios vitales puedan convocar a su personal, pero sin garantizar medios de transporte, se abre la puerta al caos y a las posibilidades de contagio. Y la voracidad de estos empresarios se acrecienta cuando estos ya empiezan a buscar mecanismos para evadir el pago de salarios, amparados en la declaratoria del estado de calamidad.
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Y, como la pepena sigue en otros espacios, el Congreso de la República no se queda atrás. El partido oficial y sus aliados, de la mano del impresentable por corrupto Felipe Alejos, se dieron a la tarea de elegir, en medio de la crisis, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de juramentar a sus integrantes, que incluyen a un magistrado actual de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En cambio, se negaron a conocer la propuesta de medidas de apoyo económico a los sectores afectados por las disposiciones necesarias de contención de la pandemia.
Las personas afectadas por el mal en Guatemala serán millones. No tanto —o quizá sí— porque se contagien como por el efecto económico. Los trabajadores que gastarán de más para transportarse porque sus patronos no les proveen de medios y porque el sistema público está paralizado. Los cuentapropistas que dejarán de vender ante la ausencia de público usuario, por lo que no solo no percibirán ganancias, sino que además acumularán deuda. Los pequeños y medianos empresarios, prestadores de diversos servicios, que no contarán con medidas reales de mitigación de la crisis.
Así las cosas, toca generar espacios de solidaridad y acompañamiento. Utilizar servicios prestados por pequeños y medianos empresarios. Adquirir productos en comercios pequeños, locales. Si se es comerciante, no especular con la necesidad. No ser como el Congreso, que se aprovecha de la crisis. No estar en la pepena cuando nuestro prójimo y quizá hasta nosotros estemos en la pena.
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