Desempolvar leyes como la de desarrollo rural integral, la de radios comunitarias y la de la juventud podría interpretarse como un intento de varias bancadas progresistas de encontrar los puntos principales de inflexión de la octava legislatura constitucional de la república. Porque, en un Congreso como el descrito, es importante medir el reacomodo de fuerzas.
El primer gran reto se está dando con la ley de la juventud, proceso estancado durante más de 10 años y con enmiendas que ponen en disputa intereses económicos (aumento en 1 % en el ISR), derechos sexuales y reproductivos (facciones religiosas defendiendo la visión tradicional y conservadora de la familia heteronormativa y una juventud pujante que defiende su libertad y derecho sobre su cuerpo) y planteamientos ideológico-administrativos (ampliación de la cobertura del Gobierno).
La ley de juventud tuvo su primera mina con una oposición casi inmediata de organizaciones civiles que exigían mayor inclusión de derechos reproductivos dentro de la propuesta, situación que inteligente y convenientemente fue apoyada por una serie de organizaciones de jóvenes de tendencia liberal empoderados por la coyuntura política del 2015 y liderados bajo el discurso del Movimiento Cívico Nacional (MCN), que reclama falta de consenso entre la juventud políticamente activa hacia dicha ley.
Atacar el abordaje oportunista de figuras severamente cuestionadas como Pedro Cruz y el diputado Juan Manuel Giordano respecto a la promoción de la ley de la juventud fue la palanca perfecta para que las juventudes liberales echaran a andar su maniobra, la cual dio espacio a que en la plenaria del 9 de febrero se enviara la ley a comisión específica y se dictaminara un plazo de 30 días para que los jóvenes discutieran y llegaran a acuerdos que viabilizaran la correlación de fuerzas para aprobar dicha propuesta.
Ahora el éxito efectivo o el fracaso de esta ley es reto de todas las organizaciones civiles interesadas en la materia. La #MesaCiudadanaDeLaJuventud es la herramienta que las juventudes liberales utilizarán para preparar una contrapropuesta a la ley. Las organizaciones que impulsan la ley intentarán dar la última batalla para aprobarla después de tanto tiempo.
Sin embargo, considerando que la modificación del ISR fue una enmienda de último momento impulsada por el diputado Amílcar Pop, las posiciones de los jóvenes liberales y de las ONG de la juventud están más cerca de lo que todos piensan. Con voluntad política de ambos lados podría formarse un frente común de la juventud e impulsar una ley más integral, aun en contra de la negativa de religiosos y defensores de la familia tradicional heteronormativa. La pregunta es: ¿tendrán la madurez política para lograrlo?
Es así como el escenario de una ley casi olvidada da paso a posibilidades de avances no solo en derechos de la juventud, sino en reconciliación nacional y en construcción de consensos mínimos entre la sociedad guatemalteca a través de un nuevo modelo de diálogo para la resolución de conflictos en Guatemala.
Ni las ONG ni los grupos de estudiantes ni los tanques de pensamiento ni las asociaciones de jóvenes deben olvidar que el verdadero enemigo a derrotar son los pensamientos conservadores y limitantes de nuestra sociedad, así como las estructuras corruptas y poco eficientes del Estado que limitan el desarrollo de la juventud y bloquean posibilidades de superación.
Y estos jóvenes deben encontrar voluntad para construir consensos al mismo tiempo que vigilan implacablemente la actitud despreciable y denigrante que el bloque legislativo oficial (FCN) manifiesta en contra de la voluntad popular, que contradice la promesa electoral de Jimmy morales al comprar la voluntad de diputados que continúan vendiéndose al mejor postor.
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