En estos días se debate intensamente en el Congreso, al igual que en todos los años, sobre la aprobación o rechazo del proyecto de presupuesto que el Organismo Ejecutivo propuso para el año siguiente. La mayoría de la población se siente ajena a un tema que generalmente se le percibe como una negociación sucia entre diputados holgazanes y corruptos, y funcionarios de gobierno igualmente holgazanes y corruptos. Y que todo el asunto no es más que un aquelarre de despilfarro y apropiación indebida del erario público.
Sin embargo, durante las semanas pasadas se han registrado graves y preocupantes eventos, los cuales no tienen nada de ajeno, sino que nos están afectando directamente: hospitales y centros de salud, desabastecidos, sin medicamentos ni ropa limpia y demás calamidades; radiopatrullas sin combustible; trabajadores que están sufriendo el atraso en el pago de sus sueldos, y así, un etcétera que crece peligrosamente. Y lo peor, es que quizá estemos sólo viendo lo que puede degenerar en una crisis de gobernabilidad de gran magnitud y gravedad.
Pero, ¿por qué está sucediendo? ¿Es acaso una situación que ha generado el Gobierno, “por la pura gana de fregar”? O, ¿es el resultado de una nueva crisis mundial que nos ha alcanzado a golpear? No, la crisis de liquidez de recursos financieros que está atravesando el Gobierno es totalmente artificial, resultado de presupuestos mentirosos y decisiones equivocadas, o políticamente torpes. Lo que estamos viviendo es consecuencia de cuando la política fiscal es el resultado de una negociación sucia, fuera del alcance de la vigilancia ciudadana y la auditoría social.
Es decir, es lo que nos ocurre cuando dejamos de vigilar al Gobierno o al Congreso, cuado les regalamos la oportunidad de hacer lo que se les dé la gana. En Guatemala nos quejamos mucho de las consecuencias de la corrupción y de decisiones réprobas de las autoridades, pero nos hace mucha falta comprender que en una sociedad democrática la ciudadanía, como colectivo social, tiene el poder de evitar estos abusos y desmanes.
Pero para poder ejercer ese poder ciudadano se requiere trabajar mucho, informarse adecuadamente, pero sobre todo, perder el miedo. Asumir que el proyecto de presupuesto que se está discutiendo para 2015 no nos es ajeno, y que si vuelven a hacerlo mal, somos todas y todos quienes terminando pagando las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado a la tarea de darle un vistazo al proyecto de presupuesto, ya no digamos estudiarlo con detenimiento, o analizar las propuestas de modificación que se están haciendo? O quizá más importante, ¿cuántos de nosotros hemos entendido en qué formas nos afectará si se aprueba como está?
Sería mejor que, sin ser economistas expertos en finanzas públicas, todas y todos tuviésemos un conocimiento mínimo de la estructura del presupuesto y de su importancia, para el país, pero también en lo individual. A los niños debiésemos explicarles qué es un presupuesto, y como lo hay en el hogar, el país también tiene uno. Es decir, tomar conciencia ciudadana profunda que el presupuesto que se está discutiendo no es el presupuesto del Gobierno, sino nuestro presupuesto.
Para esto, el Gobierno debe elaborar y publicar un “presupuesto ciudadano”, el cual contenga explicaciones en un lenguaje sencillo y accesible. Y para esto no hay excusa, por que ocurre que el Gobierno sí elabora y publica este documento. ¿Quiénes de nosotros lo hemos leído y estudiado?
Insisto, es nuestro presupuesto, no el de los políticos.
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