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El preámbulo de una decisión definitiva

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Representantes de organizaciones de la sociedad civil y magistrados electos presentaron, a favor y en contra, sus argumentos antes de que la Corte de Constitucionalidad decida si anula o no el proceso de Comisiones de Postulación para escoger magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.

“Estamos ante la CC luego de que decenas de amparos acumulados en contra de las Comisiones de Postulación evidenciaran de que existe una amenaza real para el sistema de justicia”, explicó Mack
“Hay que apegarse a las reglas. A la jerarquía de ley. La Constitución nos está ordenando que cada cinco años debe haber un cambio para nuestras autoridades de justicia. Desde hace un mes que estamos acéfalos y es preocupante”, reclamó García.

Hace poco más de un mes que el proceso de Comisiones de Postulación fue colocado en un impasse temporal por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Y con un fallo provisional, se detuvieron cada uno de los engranajes, los pactos, las alianzas, en torno a la elección de magistrados de Salas de Apelación y Corte Suprema de Justicia (CJS). Pararon también el acto de juramentación y ordenaron a los antiguos magistrados no moverse de sus puestos.

“Para tomar una decisión final, la Corte estima que se necesitaran entre 30 y 45 días”, fue lo que dijo la magistrada Gloria Porras, el pasado 9 de octubre, como presidenta suplente al frente de la CC. Fue el tiempo que se solicitó para conocer las pruebas y argumentos de aquellos –en su mayoría sociedad civil– que pedían anular todo el proceso. “Un proceso completamente viciado”, decían, como una sola voz, la mayoría de los amparos en contra de la elección de magistrados.

El miércoles 12 de octubre, cuando el plazo de tiempo estaba a punto de concluir, los argumentos, en contra y a favor, fueron escuchados. La sociedad civil, junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), enfrentaron, cara a cara, como en un pequeño debate, a los magistrados electos para Salas de Apelación. Cada parte, esta vez frente a los cinco magistrados titulares de la CC –Roberto Molina Barreto, presidente; Gloria Porras, Alejandro Maldonado, Mauro Chacón y Héctor Hugo Pérez Aguilera– se presentaron con diversas explicaciones bajo el brazo en busca de convencer a los magistrados antes de que emitan la resolución final.  

Faltaron, dentro de la discusión, los magistrados electos para Corte Suprema de Justicia, así como el Congreso de la República, como terceras partes interesadas.

En una sala de vistas dividida en dos bandos –magistrados electos de un lado y sociedad civil del otro–, lo primero que pidió Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, fue que los argumentos de cada representante se alejaran de las razones ideológicas. “Estamos ante la CC luego de que decenas de amparos acumulados en contra de las Comisiones de Postulación evidenciaran de que existe una amenaza real para el sistema de justicia”, explicó.

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Mack se enfocó en dar repaso a la lista de anomalías que se dieron dentro de las Comisiones de Postulación. Primero analizó los criterios políticos que incidieron dentro de la decisión de los comisionados. La arbitrariedad de las ternas para calificar los expedientes. “¿Cómo es posible que alguien con una carrera judicial de años tenga menos puntos que un abogado sin experiencia?”, preguntaba. Además de poner en duda la transparencia de todo el proceso debido a los conflictos de interés entre postulantes y postuladores. “Se han violentado los códigos de ética. Se han premiado los intereses y se ha castigado y dejado fuera a los más idóneos”.

La exposición del Centro de la Defensa de la Constitución (Cedecon), otra de las instituciones que presentó amparo en contra de las Comisiones de Postulación, estuvo a cargo del abogado constitucionalista, Alejandro Balsells. El argumento principal de Balsells se distendió en tratar de poner en evidencia las anomalías suscitadas dentro del Congreso, como parte de la fase final para escoger a los magistrados de Salas de Apelación y Corte Suprema de Justicia. “Ni uno solo de los candidatos fue evaluado por los diputados. Nadie discutió su idoneidad”, argumentó. Además explicó que hubo dolo (voluntad manifiesta de cometer delito) por parte del Congreso, al esperar durante varias horas a que el reloj marcara el final de los plazos para admitir impugnaciones en contra de las Comisiones, y entonces hacer público el listado de magistrados electos para Corte Suprema de Justicia.   

David Gaitán, de Acción Ciudadana, frente a los magistrados de la CC, indicó que la carrera judicial había sido pasada por alto entre los comisionados. Los ejemplos estaban en los punteos. En los consensos para admitir candidatos. En las decisiones que se habían hecho para modificar arbitrariamente los procedimientos, las calificaciones, los votos. “En los momentos cruciales de votación la pugna por favorecer a algunos era evidente”. Si un comisionado decía que debían admitirse a todos los postulantes, independientemente de sus puntajes, de inmediato era refutado por otro para nivelar el promedio a 50 puntos. “Y ya por negligencia, o por razones injustificadas, se admitía la propuesta del magistrado Mynor Franco para redondear las notas a 48 puntos”. “De tal cuenta también hubo punteos inexplicables. Abogados que aparecieron con una calificación mayor a la del promedio sin que su expediente pudiera respaldarlo”.

De todos, no obstante, al pedir que se anulara el proceso, Gaitán fue propositivo. Si es de repetir todo lo actuado por las Comisiones de Postulación, solicitó que fuera incluido el Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial, para respaldar a cada uno de los postulantes. “Sería un punto relevante de acreditación en el momento de la votación”, dijo.

La Constitución como algo que lo permite

Ante los múltiples señalamientos de vicios, tráfico de influencias, anomalías, politización en los procesos de Comisiones de Postulación, finalmente fue el turno de los magistrados de Salas de Apelación para defender la forma en que fueron electos. De la mano del abogado y periodista Mario David García, los argumentos que plantearon como defensa se remitieron a que la Constitución lo permitía. “Hay que apegarse a las reglas. A la jerarquía de ley. La Constitución nos está ordenando que cada cinco años debe haber un cambio para nuestras autoridades de justicia. Desde hace un mes que estamos acéfalos y es preocupante”, reclamó García.

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Instó a los magistrados de la CC para que, mediante su fallo definitivo, enviaran un mensaje claro a la población en favor y defensa de la Constitución de la República. “Dar sin lugar a los amparos”, solicitó. “Si nos remitimos a la falta de discusión en el Congreso sobre los candidatos, las pruebas dicen otra cosa”. Y García cortó la frase para intentar denunciar que los amparos, durante todo el proceso, más de 18, eran en realidad una mala influencia para incidir en la decisión de los comisionados. “Me queda duda ahora sobre los procesos de elección del Presidente, de los diputados, de los mismos magistrados de la CC. Pero tengo claro que se cumplieron los procedimientos conforme la ley”.

Un proceso único e indivisible

Cicig, representado por el abogado Cristián Ullate, explicó que el fallo de la CC, en efecto, debe ser un mensaje claro. Tan claro, dijo, que el proceso debe anularse en su totalidad y regresar a la fase en que el Congreso convoca a las universidades, a los colegios profesionales y magistrados, para integrar las Comisiones de Postulación. “No puede entenderse que este proceso, por los múltiples vicios señalados, se refiera únicamente a la fase final protagonizada por los diputados”, señaló Ullate. El abogado Mario Obdulio Reyes Alonzo, vocero de los magistrados de Salas de Apelaciones, en conferencias de prensa anteriores, había insinuado que el proceso de Comisiones de Postulación podría entenderse como dos partes separadas: una en el Congreso y otra desarrollada por los comisionados.

Parte del fallo provisional emitido por la CC, era específico en anular la elección de magistrados bajo la responsabilidad de los diputados. No obstante, Acción Ciudadana, Cicig y Cedecon, indicaron ante los magistrados de la CC que el proceso sólo puede entenderse como algo único y no posible de separar en sus distintas fases. “Los vicios han estado presentes desde el inicio”, señaló Ullate. Y finalizó argumentando que quien pide “respetar la Constitución” no es consciente de que en todas las fases de este proceso fue la misma Constitución la que nunca fue respetada. "La violación a los artículos 113, 141, 203 y 205 de la Constitución es evidente".

Tras escuchar a las partes, los magistrados titulares de la CC tendrán que tomar una decisión definitiva. Los argumentos en contra de los procesos, así como aquellos a favor, serán contrastados con los informes circunstanciados que la Corte solicitó al Congreso de la República. Bajo la responsabilidad de la CC queda ahora el anular o no, parcialmente o no, el trabajo realizado por las Comisiones de Postulación para escoger a los nuevos magistrados de Salas de Apelación y Corte Suprema de Justicia. 

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