El poder Legislativo contra la realidad

A partir de los años noventa, se han realizado diversos esfuerzos para mejorar la imagen de los  legislativos, haciendo énfasis en la preparación de los diputados y sus asesores, estableciendo para esto procedimientos, agendas y medidas para facilitar la transparencia, como los tableros electrónicos para registrar votaciones. También ha aumentado la auditoría ciudadana sobre quiénes son los legisladores y sus acciones.

Sin embargo, todas estas medidas resultan ser cosméticas frente a la necesidad estructural de conseguir que los legisladores sean en realidad representantes de los intereses nacionales. Y en este ámbito, falta un largo camino por recorrer.

Dos casos recientes  del Congreso de  Guatemala, brindan munición para esta afirmación.  Un reportaje de Plaza Pública sobre cómo el Congreso de ese país aprobó la denominada ley Tigo, que permite a estas compañías colocar sus antenas en cualquier lugar a cambio de básicamente nada, y con la posibilidad de enjuiciar penalmente al funcionario público o ciudadano común que se oponga, deja en evidencia cómo se legisla con dedicatoria, en este caso, en beneficio de las compañías de telecomunicaciones y en contra de las municipalidades y los ciudadanos. En un caso como éste, las diferencias de partidos políticos son rápida y fácilmente superadas a favor de intereses particulares.

Asimismo, apenas el día de ayer, este mismo Congreso  votó  a  favor de la ampliación del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, por 550 millones de quetzales, en un artículo de la Ley de Obtención de Vegetales, un verdadero hito de técnica legislativa. 

Se pueden citar otros ejemplos, no exclusivamente guatemaltecos,  que dan cuenta de una impronta de alteraciones de actas, votaciones y quórums, así como de decisiones contrarias a la ley y a la lógica.

A todo esto, ¿dónde está la indignación ciudadana? porque los votos de los ciudadanos colocan a esos señores y señoras en dónde están.

Al final,  me quedo con la imagen de mis primeros días trabajando en un proyecto para la reforma judicial ecuatoriana de los años noventa.  Sala de sesiones del Congreso del Ecuador, antes de la instalación del mural de Guayasamín  –sí, aquel del casco nazi con las siglas CIA. Mientras se da lectura a un complejo paquete de reformas para la creación de un Consejo de la Judicatura, un diputado, con cara de haber tenido una noche agitada y alegre le pregunta a otro ¿Qué putas estamos votando?, y obtiene una respuesta a la altura “ni idea”.