Todo individuo debe superar varias barreras institucionales antes de poder ejercer el derecho al sufragio. No basta con cumplir 18 años de edad para ser ciudadano con plenos derechos. Primero, la persona debe tramitar su documento personal de identificación (DPI) ante el Registro Nacional de las Personas (Renap). Después de esperar el tiempo necesario para obtenerlo, el empadronamiento tampoco es automático. Nuevamente debe hacerse un trámite ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para obtener un número de empadronamiento, que no garantiza que el individuo haya sido efectivamente registrado, pues habrá que esperar a que la burocracia del TSE haga lo suyo —por eso el mismo TSE desaconseja a los comités proformación de partidos políticos adherir jóvenes recién empadronados, pues no aparecerán en el padrón y su firma les será rechazada—.
Según datos definitivos del TSE, en el padrón vigente para las próximas elecciones, los jóvenes entre 18 y 25 años son aproximadamente 1,200,000. Este es un número relativamente bajo, aunque sea el rango de edad más amplio —un 15 % del padrón, en parte porque incluye ocho edades simples, mientras que los otros rangos incluyen solo cinco—. Es un número de empadronados escaso, ya que en las elecciones del 2015 hubo casi un millón y medio de jóvenes en dicho rango de edad, cuando este representó un 19 % del padrón total. Por lo tanto, en cuatro años el padrón se redujo en casi 250,000 jóvenes entre 18 y 25 años. En febrero de 2019 la diferencia era casi de medio millón, así que seguramente en un mes terminaron de ingresar datos que estaban muy rezagados. Además, siendo esto lo más dramático, según proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), para junio de 2019 la población en ese rango de edad será de aproximadamente 2,780,000 jóvenes. Es decir, el TSE solo logró empadronar al 43 % de los nuevos ciudadanos y dejó afuera a casi 1,600,000. Esto evidentemente viola un derecho político fundamental, lo cual deslegitima aún más nuestra débil democracia y sus resultados.
¿Por qué ocurrió esto? Lo más fácil para los funcionarios del TSE es echarles la culpa a los jóvenes diciendo que son apáticos. Pero deben explorarse al menos tres hipótesis que no culpabilizan a la víctima. Primero, el defecto en el diseño institucional descrito arriba, que eleva los costos de transacción para poder votar. Debe legislarse para que el empadronamiento sea simultáneo a la obtención del DPI o, mejor aún, automático. Segundo, simple negligencia del TSE al no diseñar una campaña adecuada para atraer con anticipación a los nuevos ciudadanos o llegar hasta ellos en colegios, institutos, universidades y centros de trabajo. Esta campaña debería ser permanente, y no solo cada cuatro años, porque está demostrado que el TSE se ve desbordado por la demanda. Tercero, puede ser que las proyecciones del INE estén totalmente desfasadas y que se haya caído la tasa de natalidad al punto de que en realidad hay menos jóvenes de los esperados y de que la exclusión política no es tan dramática. Esto no lo sabremos hasta que el INE publique los datos del censo de población realizado el año pasado.
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Lamentablemente, debe reconocerse que los más jóvenes en el padrón son los que acuden a las urnas en menor porcentaje, según lo revelan encuestas como Lapop 2017 (Universidad de Vanderbilt). Conforme aumenta la edad en el padrón, también aumenta el porcentaje de participación. Aunque el abstencionismo en un país donde no es obligatorio votar fue moderado en las elecciones pasadas —solo del 30 %—, esos más de 2,200,000 ciudadanos indiferentes le dejaron al resto la tarea de tomar decisiones que nos afectan a todos durante cuatro años o más. De hecho, esos ciudadanos podrían haber llevado a cualquier otro candidato a la segunda vuelta presidencial o haber otorgado hasta 15 puestos del Congreso en el listado nacional a otro partido, con lo cual habrían cambiado la correlación de fuerzas.
En el agregado, el voto nulo y el voto en blanco también tienen la capacidad de hacer la diferencia. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, casi medio millón de votos se desperdició de esta manera. Fueron casi un 9 % del total de los votos emitidos, suficiente para modificar el orden de los candidatos punteros que pasan a la segunda vuelta. De hecho, es posible que, debido a los escándalos de corrupción del 2015, muchas personas hayan decidido anular su voto como otra señal de protesta. Sin embargo, el castigo a un candidato se convierte en premio para otro, pues al final todo se reduce a porcentajes. Aunque ahora «el voto nulo tenga validez jurídica a efecto de determinar la repetición de la elección» (artículo 237 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos), es muy poco probable que se llegue a más del 50 % de lo votos «válidamente emitidos» como nulos para que eso ocurra (artículo 203 bis). Se desperdiciarán en beneficio de alguien más.
Son los partidos políticos los responsables de movilizar el voto, los que deben motivar a los ciudadanos a que se expresen en las urnas y decidan, en el agregado, quiénes serán los nuevos gobernantes. Si en 2015 los 2,754,143 desencantados que no asistieron a votar o votaron nulo o en blanco hubiesen votado por cualquier otra alternativa, esta habría tenido más votos que Jimmy Morales en la segunda vuelta (2,751,058). Así de poderosa es la fuerza de los votos omitidos.
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Por ello los partidos no deben dirigirse al individuo, sino a la colectividad. Es el comportamiento del rebaño el que cuenta el día de las elecciones. Es la tribu la que debe sentir la necesidad urgente de movilizarse a favor del nosotros y en contraposición a los otros, siendo estos últimos los defensores del statu quo, los que no quieren que el modelo político cambie, pues sus negocios basados en el secuestro del Estado y en la economía de captura se verían afectados. Esos otros son los que se sienten cómodos con la corrupción y la impunidad porque así es como siempre han funcionado en un mar inmenso de privilegios y gozando de infinita asimetría de poder. Nosotros somos los que desafiamos dicho statu quo, algunos más reformistas que revolucionarios, la mayoría más institucionalistas que radicales, pero todos con el compromiso de devolver la esperanza a quienes han dejado de creer en la política como instrumento válido para el cambio social pacífico. Los otros también son aquellos que se han dado por vencidos y ven como cínicos a quienes aún creemos que es posible reivindicar la política. Estos que no quieren elecciones en estas condiciones son aquellos a los que debemos persuadir para que salgan a votar, no como individuos, sino en masa, porque es el voto agregado el que permitirá que otro futuro sea posible. No es la razón, sino la emoción, la que los moverá, como cuando salimos a las plazas del país en 2015. Tenemos una tarea pendiente de concluir. Es nuestra obligación participar. La indiferencia solo beneficiará al statu quo y a sus defensores. Tu voto cuenta, pero junto al mío, junto al de millones más que están cansados del sistema putrefacto en que vivimos.
Si Lapop 2019 tiene razón, uno de cada cinco empadronados no asistirá a votar el próximo domingo 16 de junio. Por lo tanto, serán más de 6,500,000 votantes. Únicamente un liderazgo fuerte y creíble sería capaz de orientar esa participación, nunca vista, hacia un voto disciplinado y estratégico, que cambie la correlación de fuerzas en el Congreso y que facilite hacer gobierno desde el Ejecutivo. Ese liderazgo, acompañado de un proyecto político que inspire, que procure recuperar las capacidades del Estado, reconstruir las instituciones públicas y responder a las necesidades de población, podría incluso ganar en primera vuelta con más de 3,250,000 votos (o con un mínimo de 2,635,000 si asiste una cantidad de votantes similar a la de hace cuatro años). Esto nunca ha ocurrido en la historia reciente de Guatemala, pero sí en El Salvador hace pocos meses, ante la decepción del electorado salvadoreño respecto a las tradicionales opciones políticas y gracias al imaginario construido en torno al candidato que todo el establishment intentó bloquear.
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