Como tal, estas postuladoras siguen la senda de la comisión que elaboró la lista de los aspirantes al cargo de Fiscal General, y son el reflejo de la injerencia de distintos grupos de poder, en los que destacan operadores vinculados al crimen organizado, partidos políticos y el sector privado. Las sospechas de que estos grupos han alcanzado un acuerdo para un reparto de cuotas de poder – léase por ejemplo, el control de determinadas salas de la Corte Suprema– son cada vez mayores.
La opacidad en el análisis de los expedientes de los candidatos a las Salas de Apelaciones son la expresión más reciente de un sistema a todas luces agotado. A continuación vendrán otros capítulos, como la ambigüedad en el cumplimiento de la valoración de la reconocida honorabilidad, y el traslado de expedientes al Congreso de la República, que seguramente pasarán por alto todos los consejos elaborados por el Sistema de las Naciones Unidas en su bien intencionado manual de buenas prácticas.
En todo caso, la conformación de los tribunales en esta forma antojadiza, apunta a la vulneración de la independencia judicial. La poca transparencia del mecanismo afecta de manera directa a la percepción del ciudadano común sobre el sistema de justicia, que ahora mismo no es positiva. La población en general se preguntará qué cabe esperar de operadores de justicia que son nombrados de forma antojadiza y poco transparente. Y la desconfianza en la justicia repercute en la credibilidad del estado de derecho.
¿Qué está fallando con el sistema de designación de jueces? el desmedido protagonismo del gremio de los abogados litigantes aparece como uno de los problemas principales. No tiene sentido dejar que los abogados en el ejercicio de la profesión tengan la potestad de elegir a quiénes serán los jueces de sus casos. O tiene mucho sentido, si se pretende ignorar los principios elementales para evitar la existencia de conflictos de interés. Bajo el sistema actual, un abogado litigante puede dejar su consulta profesional para integrarse a una Sala de Apelaciones o de la Corte Suprema, y regresar a su despacho una vez acabado el ejercicio de su cargo. En estos casos, permanecerá en el misterio la continuidad de los nexos con antiguos clientes y socios de consulta jurídica, mientras el ejercicio de la judicatura.
De la misma forma, el sistema constitucional que buscaba darle peso a la Academia para contrarrestar la posible influencia de los partidos políticos, ha fracasado. En los últimos diez años, han aumentado en número las universidades creadas con una facultad de derecho, que pese a no tener alumnos o abogados graduados, sí tienen el derecho a colocar a un decano como representante en las postuladoras. Y nadie puede engañarse negando que quienes ejercen las funciones de catedráticos en las facultades de jurisprudencia, son también abogados litigantes, que normalmente completan ingresos o engrosan sus hojas de vida a través del ejercicio de la cátedra.
Existen opciones para superar este problema. Entre ellas, la más compleja, es la creación y fortalecimiento de un sistema de carrera judicial, conexo a un régimen disciplinario y de ascensos que permita llenar las vacantes con aquellos funcionarios más aptos.
Sin embargo, la creación de una veeduría ciudadana sobre la independencia judicial resulta de gran atractivo. El monitoreo constante de las actividades de los jueces debe ser motivo de la labor profesional de individuos y organizaciones, que nos eviten, cada cuatro años, volver a hablar de los mismos problemas con las Postuladoras.
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