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El peso de un operador político

"Asombroso, ¿no? De los 13 magistrados de la CSJ electos, 12 son de San Carlos y uno de una universidad privada y eso nos tiene que llenar de orgullo”.
"...y, claro, uno no va a votar por quien no conoce, pero claro también he votado por gente de las universidades privadas".
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El peso de un operador político

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Es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (Usac), y uno de los operadores en el sistema donde impera la transacción de favores entre el mundo político, la academia y el sistema judicial. Señalado por actores del proceso como un intermediario del Organismo Ejecutivo, el decano niega todo vínculo, aunque de manera ambivalente recuerda el peso de la Usac en todos los procesos de Comisiones de Postulación y se desmarca del protagonismo individual que muchos le asignan.

Redes-lateral

El decano, Avidán Ortíz Orellana aguarda en la cabecera de la larga mesa desde donde preside las reuniones de la Junta Directiva de la Facultad de Derecho, en el segundo nivel del edificio S-7 de la Ciudad Universitaria. Minutos antes, la mesa estaba ocupada por otras 11 personas entre coordinadores de jornada, examinadores de exámenes privados e integrantes de la Junta Directiva de esa facultad. 

Ortíz había convocado al personal de la facultad pues, asegura que conocía que entre las preguntas  de la entrevista que realizaría Plaza Pública estaba el cuestionamiento sobre su influencia política y que entre sus herramientas está su control sobre los procesos de evaluación de los exámenes privados. Ellos, claro, lo negarían.

Ortíz  prefiere atajar cualquier cuestionamiento antes de que éste crezca, es su estrategia. Ya lo había hecho  a principios de octubre de este año, luego de que el Congreso eligiera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, entre los propuestos por la Comisión de Postulación que él integra. Ante las críticas, se dirigió a los alumnos de la jornada matutina que se organizaron contra su decisión de remover a su coordinador de jornada, Rafael Godínez Bolaños.

El argumento de Ortíz  para esta remoción fue aplicar una disposición interna de la Usac que obliga a la jubilación a los profesores de más de 65 años. En su lugar colocó como coordinadora a la historiadora Edna Elizabeth González Camargo.

En una grabación realizada por estudiantes de esa jornada, en aquella reunión con Ortíz, a la que Plaza Pública tuvo acceso, se escucha al decano tratando de convencer a los estudiantes de la necesidad de los cambios, a la vez que presume de su influencia en la elección de magistrados en las comisiones de postulación.

“Llueven críticas contra las comisiones de postulación —asegura el decano—, pero quiero decirles que hay 60 profesores de la facultad (que son) magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en Salas de Apelaciones, a mí que me critiquen, que a fin de cuentas me debo a San Carlos y tengo que apoyar a la gente de San Carlos. Asombroso, ¿no? De los 13 magistrados de la CSJ electos, 12 son de San Carlos y uno de una universidad privada y eso nos tiene que llenar de orgullo”.

Ahora, ya solo, después de la reunión con los examinadores. Se enciende la grabadora para reproducir aquel discurso a Ortíz y cuestionarle sobre ésta.

Incómodo, el decano se remueve en su asiento al escuchar la reproducción del audio, luce un traje oscuro, y el cabello corto y entrecano. Tiene 55 años, y un trato agradable que se esfuma cuando escucha sus propias palabras en esa visita a los estudiantes. Ortíz se levanta y da por terminada la entrevista.

—Ya le he dicho por teléfono que no quiero hablar de eso, que hay que esperar que resuelva la Corte de Constitucionalidad qué pasa con las comisiones.

El decano, agitado, insiste en que se le malinterpreta, que se busca afectar la credibilidad de la Usac, un argumento que repetirá en varias ocasiones al cuestionársele aspectos de su gestión en la decanatura. Asegura que él no se ufanaba del peso de la Usac, ni de su propia importancia en el proceso de elección de las Comisiones de Postulación.

—¿Por qué no dicen nada de las universidades privadas, yo sólo soy un voto entre 34 para Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Usted estaba allí grabando en la puerta del aula ¿verdad?, yo lo recuerdo. —Dice nervioso mientras vuelve a sentarse e intenta retomar el control para no hacer evidente la molestia que le causa el audio.

—No, nosotros no realizamos la grabación, solo queríamos comprobarla con usted.

Ortíz se sienta de nuevo en la mullida silla con respaldo alto, mientras agita la pierna izquierda y le tiemblan ligeramente las manos. La entrevista continuará por otra hora y media. En ese mismo audio que tanto lo inquieta se puede escuchar al decano decir a los alumnos de Derecho, quizá alguno con futuro político, que ha contratado a periodistas como docentes de comunicación para que les enseñen cómo enfrentarse a reporteros. “Ellos miran cosas como los movimientos de las manos para saber si alguien miente”, dice a los estudiantes en la grabación.

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El decano ante sus alumnos, en ese mismo audio, refiere una anécdota que intenta ser graciosa: Entre los expedientes de aspirantes a ser electos para Salas de Apelaciones figuraba una profesora de la escuela de posgrado. “Estuve viendo la fotografía, pero no la reconocía, decía su expediente que era de la Usac, pero yo no la recordaba, al final no voté por ella. Luego me llamó reclamándome, ´decano, ¿por qué no votó por mí? Si yo soy de la facultad´ me decía, yo le tuve que responder que no la reconocía, que disculpara”, cuenta entre risas mientras de manera velada les muestra el peso de un decano en una carrera judicial.

La Facultad de Derecho, un espacio de poder

El epicentro de la carrera de Avidán Ortiz Orellana y el origen de su influencia en el actual proceso de Comisiones de Postulación se encuentra en la Universidad de San Carlos de Guatemala. “Aquí viene la tricentenaria, me decían muchas veces los demás comisionados al verme llegar a las reuniones”, “como abogado me formé en bancos, hasta la fecha soy consultor de dos bancos del país.  Lo único que aprendí aquí en la universidad cuando hice mi primer fideicomiso fue el concepto”, dijo Ortíz a estudiantes al hablar de sí mismo en el audio grabado por los alumnos. Declaraciones en las que algunos de los docentes y alumnos ven más una forma de marcar su autoridad que su compromiso con la universidad.

Es usual, en Guatemala, que la carrera política surja desde las aulas universitarias, en las agrupaciones estudiantiles. Pero ni Avidán Ortíz Orellana ni su predecesor en el cargo, Bonerge Mejía Orellana, su primo, aliado político y  dos veces decano de la facultad, pertenecieron a agrupaciones estudiantiles durante sus años como estudiante a finales de los setenta y principios de los ochenta. O al menos, niegan haber estado en algún grupo estudiantil.

En los tiempos de Avidán como estudiante (1978-1982), fue decano Rafael Godínez Bolaños. Era un periodo de transición en la Universidad de San Carlos, a raíz de la represión de la guerra interna se produjeron continuas muertes de profesores y de estudiantes vinculados a organizaciones consideradas ilegales  y peligrosas para el sistema. La participación en agrupaciones estudiantiles era perseguida, y muchos alumnos y docentes dejaron las aulas universitarias.

De ese periodo Ortíz niega su incorporación al grupo estudiantil Superación Integral que crece a la sombra de la salida de grupos estudiantiles opuestos a los gobiernos militares de la época y aprovecha la persecución de éstos. Según alumnos de esa época, esta agrupación comienza por  reunir a aquellos afines al sistema político y colaboradores del Gobierno. Estudiantes de ese periodo lo vinculan como uno de esos colaboradores, él lo niega y afirma haber tenido siempre un pensamiento “progresista, muy sancarlista, pero no participé en agrupaciones en esa época porque ya me había casado y trabajaba”.

“No fue una tarea de sacrificio por la universidad, como ahora quieren hacer pasar muchos, simplemente algunos aprovecharon el vacío para aprovecharse del sistema, por la muerte de profesores y dirigentes estudiantiles que apoyaban la democratización del país”, asegura Mynor Berganza estudiante durante ese periodo y ahora uno de los principales opositores a Ortíz en la facultad de Derecho.

En oposición a Superación Integral figuraban organizaciones como el Bloque Estudiantil Organizado (BEO), al cual perteneció el actual juez de segunda instancia penal, Carlos Aguilar Revolorio, o el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gustavo Bonilla; o el Frente Estudiantil Robin García (FERG) y el Grupo Unidad en donde militaron Mario Rolando Torres Marroquín, exministro de Educación y actual diputado independiente; Francisco Flores Juárez, representante ante la Corte de Constitucionalidad por la USAC en dos periodos y decano de la facultad a principios de los noventa; y el mismo Mynor Berganza excandidato a la decanatura.

Eran tiempos convulsos para la Universidad de San Carlos, con estudiantes incorporados a la lucha armada, otros en el exilio y otros tantos desaparecidos, en una universidad diezmada, algunos alumnos de los últimos años pasan de ser auxiliares a ejercer como docentes. Según un catedrático con más de 20 años de experiencia en la facultad de Derecho, en este proceso se incorporó gente que se mantuvo sin posicionamiento político y que sólo buscaba apoyar a la facultad, así como otros que buscaban un trampolín en sus carreras.

Bajo la tutela de Godínez Bolaños se lleva a cabo un proceso de elección del decano de la facultad en el cual es electo Rubén Contreras Ortíz,  que coordinaba el grupo Superación Integral. Organización a la cual también eran afines el actual Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar; el magistrado Mario Gordillo y el exrector Estuardo Gálvez.

La política universitaria sancarlista muchas veces es una carrera en donde se practica el darwinismo social. Los más aplicados en adaptarse al ecosistema cambiante sobreviven y prosperan, los que no responden a estas condiciones, se quedan atrás. Las luchas de poder del pasado y las inestables alianzas se proyectan y continúan después en la práctica privada, en el Organismo Judicial, en el Ministerio Público y en la política de la misma facultad.

Sandra Sebastián

En esta etapa, ni Bonerge Mejía ni Avidán Ortíz figuraban como los más aventajados estudiantes, según algunos de sus contemporáneos. En su lugar destaca, en la mayoría de relatos de estudiantes y algunos docentes de ese periodo, la figura de Estuardo Gálvez. El futuro rector Gálvez será un personaje relevante en la evolución de los procesos de Comisiones de Postulación y uno de los nodos del poder en la designación de magistrados, 20 años después.

Entre 1978 y 1982 Ortíz es estudiante de la facultad y en 1988 se gradúa y comienza a ejercer. En su etapa de estudiante trabaja en el Ministerio de Agricultura, como inspector en los silos de granos básicos de Indeca, ahora casi abandonados.  Los vientos en la facultad de Derecho en ese tiempo estaban por cambiar, durante la elección de Rubén Contreras Ortíz, a principios de los ochenta, aparece por primera vez Cipriano Francisco Soto Tobar , como vocal I, y para el año en que Avidán Ortíz se graduó (1988), Soto es electo como decano al vencer a José Arturo Sierra, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En la facultad, Cipriano Soto hace  escuela en el arte de ganar influencia y ejercer poder. “Tenía mucha habilidad para hacer favores, era supervisor de área penal, y de allí es nombrado al frente del Bufete Popular (institución encargada, mediante la práctica de estudiantes, de la defensa de personas que no podían pagar a un abogado privado), comienza a relacionarse la forma de atraer inversión de las campañas políticas, y se vuelve candidato a decanatura y luego gana la elección”, señala el docente Mynor Berganza.

Otro profesor y abogado en ejercicio, que pide no ser identificado, afirma que con Soto no sólo aumentó la entrada de dinero en las campañas políticas de la facultad, sino que además se acrecienta el tráfico de influencias con vistas a tener dominio político. Ejemplo de esto fue el voto de Soto cuando es designado representante de la Usac en la Corte de Constitucionalidad, por la inscripción como candidato a la presidencia de Efraín Ríos Montt en 2003.

Estas lecciones serán aprendida por sucesores como Gálvez, Mejía y, finalmente, Avidán Ortíz.

Las elecciones internas en la facultad de Derecho

Según lo establece la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, la decanatura se alcanza con el apoyo de dos terceras partes más uno de los cuerpos electorales: alumnos, docentes y graduados. Esto provoca que cada candidato  invierta importantes cantidades de dinero en su campaña en los tres frentes.

El premio no es menor. El decano de la facultad de Derecho de la Usac participa en las Comisiones de Postulación que nominan a los seis candidatos a Fiscal General entre los que elige el Presidente de la República; a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Además, tiene un espacio fijo en la comisión del Tribunal Supremo Electoral, mientras el resto de universidades sólo cuentan con un representante. Además, el decanato muchas veces es la antesala para ser el representante de la Usac en la Corte de Constitucionalidad, como pasó con Francisco Flores Juárez y Cipriano Soto.

Por último, aunque eso no compete a la facultd de Derecho, al igual que el resto de universidades con las carreras de contaduría pública y auditoría, la Usac tiene un escaño en la Comisión de Postulación a Contralor General.

Luis Alfredo Reyes García, actual presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), admite que en el caso de la elección entre los profesionales, un aspirante a decano requiere del apoyo de abogados reunidos alrededor de instituciones, como lo es el mismo Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de Defensa Pública Penal, entre otras. Instituciones sobre cuya elección de autoridades, por ley, tiene peso la figura del mismo decano, quien participa en los procesos de Comisiones de Postulación que intervienen en la elección de sus máximas autoridades.

“Es así el sistema, pero, en nuestro caso, para la presidencia del CANG no tuvimos el apoyo del licenciado Avidán Ortíz”, asegura Reyes.

Avidán, Dios es justo

 Avidán significa en hebreo “Dios es justo”. El decano es cristiano protestante y no suelen faltar en sus intervenciones las menciones a Dios. “Le juró ante Dios, y con los valores de un cristiano y sancarlista que las cosas no son así como las dicen”, afirma el decano al hablar sobre los señalamientos de tráfico de influencias en este proceso de Comisiones de Postulación.

La carrera de Avidán Ortíz Orellana se reparte entre dos mundos: la oficina de su bufete profesional en el noveno piso del Edificio Géminis 10 de la zona 10 capitalina,  donde fue consultor de importantes bancos del sistema, primero como mandatario de Tarjetas de Crédito de Guatemala (conocida como Diners Club Internacional), la cual fue adquirida por G&T, y también con una participación en el Banco Agrícola Mercantil; y, el otro mundo, en las oficinas de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, en la Ciudad Universitaria en la zona 12. Unidad académica en la que inicios labores como profesor titular en 2003.

Ortíz asegura que ha dejado la práctica privada por la academia, pero mantiene su oficina de la zona 10 en la que también labora su esposa.

En esta oficina está registrada la sociedad anónima Panavy, empresa de la cual fue presidente entre  noviembre 2009 y  junio de 2011; tras lo cual su esposa, la también abogada Ana Patricia Cruz García, pasó a ser gerente general y representante legal. Una empresa constituida para brindar desde asesoría jurídica, administrativa y crediticia financiera hasta servicios de construcción arrendamiento de inmuebles, servicios relacionados con la educación en general y la recuperación de carteras morosas de personas individuales y sociedades.

De su práctica privada como consultor, Ortíz evita hablar. “Era ejecutivo de recuperación de créditos y microfinanzas”, dice escueto y eso será todo cuanto añada sobre el tema. Eso sí,  afirma tener una amplia experiencia en el campo laboral, aunque sólo se tiene constancia de su participación en cinco expedientes judiciales en ese ramo. Esto a partir de 2003 cuando inicia como docente titular de Derecho Laboral.

Mientras que de su carrera docente y luego política en la Usac se explayará sin cortapisas. Aunque se incorpora en 2003 como profesor de Derecho Laboral, y que uno de los requisitos en el proceso de postulación a un cargo titular era la experiencia en el área, no es sino hasta ese mismo año cuando se tiene constancia de que llevará un caso en el juzgado de Trabajo y Previsión Social, según registros del Sistema de Información y Consulta de Expedientes Judiciales.

Un opositor de Avidán Ortíz en ese periodo fue el exdiputado y abogado laboralista Aníbal García, con quien compitió por el puesto como profesor titular en 2003. García entabló una querella penal en el Ministerio Público (MP) contra Ortíz por falsificar las notas de evaluación del proceso y aunque obtiene un dictamen favorable del departamento jurídico del Consejo Superior Universitario, la denuncia es desestimada en el MP y García promueve un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.  García abandona al año siguiente la facultad.

García señala que éste es el inicio de la carrera docente y política de Avidán Ortíz en la facultad. Una carrera en sus comienzos convulsa por estas acusaciones. Los concursos de oposición representan una oportunidad para que los afines a una gestión se incorporen al cuerpo docente y refuercen el poder del decano. García asegura que, durante la gestión de Bonerge Mejía, se produjo la incorporación como profesores por contrato de afines a su grupo político. Según Ortíz el próximo año, tras 12 años sin concurso de oposición, se realizará un nueva convocatoria para renovar profesores titulares.

El decano, quien además de una maestría en Docencia Universitaria ha finalizado en la misma facultad un doctorado en Derecho Constitucional, aclara, con una sonrisa y un guiño, que él no es de la misma cohorte que el exrector Gálvez, promoción que también incluyó al precandidato de Líder, Manuel Baldizón, envuelto en un escándalo por el supuesto plagio de su tesis.

Política universitaria y juegos de intereses

En 1992, con el inicio de la reforma procesal penal en Guatemala, los penalistas de la facultad retoman el poder con la elección de José Francisco de Mata Vela como decano. Ortíz Orellana era profesor por contrato en periodos discontinuos, en ocasiones por dos años seguidos como máximo, mientras tanto Gálvez acumulaba poder e influencia en la universidad.

En las carreras de Gálvez y Ortíz hay similitudes: Gálvez fue consultor del Banco Industrial en la década de los 90, y Ortíz mandatario de Tarjetas de Crédito de Guatemala (Tacre),  luego absorbida por G&T Continental. El sector bancario les dio cobijo.

Como “inexistente” describe Ortíz su relación actual con Gálvez, “ahora estamos totalmente separados, si ve nuestras discusiones en la comisión del TSE verá que tuvimos diferencias. Además, él apoyo a Geovanni Orellana (para decano) contra Bonerge Mejía, cuando éste iba por la reelección en la facultad”, acota el decano.

La gestión de Gálvez al frente de la decanatura instala un nuevo modelo de influencias entre sector privado, academia y gobierno. Por un lado, en el ámbito privado, como abogado del Banco Industrial, promueve la contratación de profesores penalistas de la facultad para llevar casos de esta entidad bancaria, asegura un docente de la  facultad de Derecho y abogado penalista, quien prefiere no ser identificado

El mismo profesor le reconoce a Gálvez la apertura al poder de otros grupos como “los abogados de Mixco”, que por esa época promovió Gálvez de la mano de Roberto López Villatoro a principios de los 2000. Eran años en los que el FRG hacía gobierno y acumulaba fuerza, moviendo piezas afines como Cipriano Soto, exdecano de la Usac y representante de la Universidad ante la CC, cuyo voto fue decisivo para permitir la inscripción de Efraín Ríos Montt a competir por la presidencia en 2004.

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“Esa apertura hacia gente como los del grupo de Mixco, incluía cargos de profesores en la facultad lo cual mejoraba sus currículos y a la vez les ayudaba a llegar a Magistratura o Salas de Apelación en el siguiente proceso. Todo esto lo apoyaba Villatoro, por medio de Gálvez, no para reformar el sistema como se ha dicho, sino para tener influencia y cobrar favores después”, asegura el docente de la facultad.

Esta puerta giratoria entre la academia —de la universidad estatal— y la carrera judicial ha incluido el contratar a magistrados y jueces en activo como docentes, sin que muchas veces estos asistan a sus clases, como lo señala el reportaje de Nómada, “Contratados como jueces, asesores y maestros (con uno que cobró Q7 millones)”. Estos cargos, en el caso de los docentes de posgrados, reciben hasta Q34 mil por semestre.

Es con Gálvez, en que se muestra de manera más clara la simbiosis entre el poder político y la política universitaria en la Usac. Como operadores de Gálvez figuraban Bonerge Mejía y Avidán Ortíz, y comienza a gestarse la agrupación que llevará a Mejía a la decanatura, el grupo Poder; y a Ortíz a ser secretario académico de la facultad entre 2004 y 2008, y luego  vocal I en  2012. Base desde la cual, con la agrupación Fraternidad Universitaria, alcanzará la decanatura.

El grupo Poder obtiene la decanatura y apoya a Gálvez en su elección como rector. Los mecanismos de control sobre el cuerpo docente se acrecientan con Mejía y el encargado de ponerlos en práctica es Ortíz como secretario académico.

Sandra Sebastián

Desde 2003 no se realizan concursos de oposición para plazas de docentes en la facultad de Derecho, la única forma de llegar a un puesto es mediante contratos de seis meses o un año, sobre los cuales tiene autoridad el coordinador de la jornada e incidencia el secretario académico.

—¿Hay quienes dicen qué no realizar concursos de oposición es una forma para controlar el sistema? —se le pregunta a Ortíz.

—Eso es lo que dice Gálvez, de hecho dicen que yo estoy quitando a los “galvistas”, no es cierto. Lo que pasa es que mucha gente que fue de la generación del doctor Gálvez se está por jubilar, y no crea que es una jubilación masiva, este año se nos van tres profesores titulares y uno interino. El reglamento aplica para todos. Ellos me critican esa parte a mí. Hubo un amparo hace tres o cuatro años en la CC, que se otorgó de manera provisional, y algunos ya cumplieron los 65 años y como la Corte ya resolvió de manera definitiva, ahora sí se van.

—¿La nueva generación que usted promueve tiene el perfil para ocupar esos puestos que dejan los anteriores?

—Sí, tiene el perfil, aparte de esto ahora empieza la escuela de profesores, eso es muy interesante es un proyecto como universidad. Hicimos un diplomado de docencia universitaria, tuve 30 profesores con un convenio con la Universidad de La Habana. Luego está la escuela de posgrado y se pueden ir especializando en su área. También tenemos cooperación con el Instituto de Estudios Penales Comparados para formar investigadores y algunos de sus integrantes, creo que tres, ya son profesores en la facultad.

—Eso podría ser visto, en medio de todos los rumores de intercambio de favores en las Comisiones de Postulación, como una forma de preparar a la gente que le es afín para tener mejor perfil y ocupar esos cargos. —Se cuestiona a Ortíz.

—No, hombre uno es así, uno no es tan… —la palabra “maquiavélico” queda en el aire sin pronunciarse, dice el decano apurando otra sonrisa.

Una docente de la facultad por contrato, que no ha realizado oposición, lo explica así: “Con esto ganan influencia de dos formas, por un lado con la contratación del profesor se le acerca a la redes de ese grupo y, por otro lado, un puesto como docente en una especialidad ayuda a hacer currículo. Luego una vez en la red, ser jefe de un área como Derecho Penal u otras, coordinador académico o director de posgrado son premios para la gente afín y ayuda en el futuro para tener el perfil para ser magistrado”.

Las jugadas dentro de las Comisiones de Postulación

“Si se volviera a repetir el proceso de Comisiones de Postulación no quisiera participar”, asegura el decano. “Pero la Constitución obliga a que participen los decanos de las facultades de Derecho en varios de los procesos, y esa función no se puede delegar, porque no hay ninguna figura que lo sustituya, luego del decano solo está el vocal I, y ese es electo por los profesores así que no representa a todos…”, y deja la frase en el aire.

Ambivalente. En público y en privado exhibe su peso en esos procesos, permeados de intereses políticos, como la elección de autoridades por medio de las Comisiones de Postulación, pero a la vez niega su papel como operador político en la  conformación del Tribunal Supremo Electoral, la elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público, la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de las Salas de Apelaciones. “Como decano de Derecho de la Usac uno conoce hasta el 70 u 80% de los que participan en los procesos y, claro, uno no va a votar por quien no conoce, pero claro también he votado por gente de las universidades privadas”, dice desde la cabecera.

Dentro de las Comisiones de Postulación Avidán Ortiz ha establecido diversas alianzas con otros grupos de abogados. Alianzas cambiantes según los puestos a elegir: Fiscal General, magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salas de Apelación y Corte Suprema de Justicia. Estos acuerdos temporales o pactos no escritos se dieron a veces con decanos o con representantes del CANG, o con magistrados de Salas de Apelaciones. Situación que se puede inferir de su participación a viva voz y en función de sus votos.

En la comisión para la designación del TSE, el decano tuvo una participación menos protagónica que en procesos anteriores. Ortíz reconoce que en esa oportunidad su mayor antagonismo fue con el rector de la Usac en ese momento, Estuardo Gálvez, uno de sus rivales en la política universitaria. Esta comisión estaba integrada por el rector de la Usac, el decano de la facultad de Derecho de la Usac y su suplente, un representante de las universidades privadas y su suplente y dos designados por el CANG.

Fuentes del proceso señalan que la alianza momentánea de Ortíz con los decanos, Jary Méndez, de la Universidad del Istmo, y su suplente Mario Archila, de la Universidad San Pablo; se debió en parte a que no contaba con apoyos en el CANG para la elección del TSE. El mismo decano de la Usac admite que no apoyó al presidente del CANG en su elección el año pasado, Luis Reyes, ni recibió apoyo de éste en su elección como decano.

—Los que ganaron las elecciones en el CANG fueron el licenciado Ovidio Parra y José Ricardo Fajardo Delgado, propuesto por Alternativa Independiente, no fue propuesto por la facultad, no teníamos ninguna incidencia en el representante del CANG; y el otro representante era el rector Gálvez, cuyo grupo Ética y Derecho, con quien no tenemos ninguna vinculación ni afinidad a nivel de política universitaria —asegura Ortíz.

Luego de la designación de 40 candidatos, el Congreso eligió a los cinco representantes titulares y cinco suplentes. En esa fase una alianza entre el Partido Patriota y los partidos Todos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Compromiso y Renovación y Orden (Creo) llegaron a un acuerdo para repartirse en cuotas las magistraturas, con lo cual aislaron al principal partido opositor y aspirante a ganar las próximas elecciones Libertad Democrática Renovada (Líder), quien se sumó en el último momento a votar por la planilla única propuesta por la alianza oficialista.

Para la elección del Fiscal General, los comentarios del decano sobre la tabla de gradación, forma de calificar, procedimiento de votación, creación de reglamento y convocatoria fueron siempre determinantes.

En esta comisión, a diferencia de su alianza en la elección del TSE,  Avidán Ortíz fue el contrincante  de Fredy Cabrera —visto como representante del sector privado—, de la Universidad Da Vinci, de manera frontal y combativa. Además, Ortíz iba en contra de las decisiones de Luis Reyes, del CANG.

—Hay universidades sin un solo alumno e integran la comisión  (en alusión a la Universidad Da Vinci), y hay otras 12 universidades esperando turno para ser aprobadas —asegura el decano al ser consultado sobre esa comisión.

En algunos momentos fue tensa y evidente la desigualdad histórica entre universidades privadas en contra de la universidad pública, (antes denominada como “los abogados de la zona 10” contra “los abogados del Centro”). En general en oposición a los seis decanos de las universidades privadas (del Istmo, San Pablo, Francisco Marroquín, Rafael Landívar, Panamericana y Mesoamericana).

Avidán Ortíz fue uno de los pocos que votó por Claudia Paz y Paz, al igual que el decano de la Universidad Rafael Landívar, Ronaldo Escobar Menaldo; algo que Ortíz hace recordar cuando se le pregunta sobre los señalamientos de vínculos con el Ejecutivo y el partido oficial.

Al momento de llegar a los otros procesos de Salas y CSJ está división, entre universidades privadas y la pública, fue más evidente.  Los decanos privados fueron casi un bloque. Mientras que el decano Fredy Cabrera iba por su cuenta en el gremio de decanos, pero se inclinaba por los abogados de Mixco. Avidán Ortíz también llevaba una agenda propia, solo, sin decanos aliados. Para la elección de la CSJ sus apoyos coincidían con los de los representantes del CANG, votaba igual que ellos, e incluso respaldaba a Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia. En esa ocasión de viva voz expresó: “No en este momento, pero en dado caso podría reconsiderar mi voto por el candidato Martínez”.

—¿Conoce a operadores políticos del Ejecutivo como Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Herrera?  —se le pregunta al decano.

—Pues como todos, o sea a través de los medios. Le juro por Dios que no vote con una lista puesta por nadie —responde Ortíz.

En Salas de Apelaciones fue más difícil distinguir cómo se inclinaban los votos de los comisionados. En algún momento las preferencias de Ortíz coincidieron con el CANG, pero luego sus votos fueron erráticos. No obstante, para estos dos procesos, su intervención fue crucial para armar las reglas dentro de las Comisiones, las tablas de evaluación, las convocatorias y la conformación de las ternas.

En este punto es inevitable recordar  cómo el decano presumía, ante los estudiantes,  el ingreso de alrededor de 60 profesores de la Facultad de Derecho entre la CSJ y las Salas de Apelaciones. Una cuota de incidencia que otros actores del proceso señalan podría usar el decano para ejercer su influencia.

Aún se desconoce cuál será el desenlace de estas Comisiones de Postulación, ahora en pausa en la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, en  cualquier caso, el papel de Avidán Ortíz, continuará. Su peso específico, su ventaja  ganada desde la Usac, tejiendo fuertes lazos con los otros sectores, está lejos de menguar. 

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