Sin que se agotara el plazo para presentar impugnaciones a la nómina, la eterna yunta del gobernante Partido Patriota (PP) y su alter ego de la “oposición” Libertad Democrática Renovada (LIDER), negoció las cuotas.
De los trece magistrados titulares, ocho (62%) fueron designados por el PP, en tanto que cinco (38%) correspondieron a su cónyuge político LIDER. Dos expresiones políticas que a lo largo del actual período de la legislatura en más de una ocasión se han ido a la cama para manejar la agenda. Ambas agrupaciones, ubicadas en el extremo de la derecha política, están urgidas de impunidad. Una posibilidad que les brinda el arreglo para el control de la justicia.
Los partidos que hoy imponen a Guatemala una corte de impunidad, tienen preocupaciones qué aliviar en materia de tribunales. Ambos han usado la Ley Electoral como papel de baño. Pero no es la única ley que han violado. Desde los vergonzosos copiado y pegado del dueño de LIDER, así como los opacos orígenes de la fortuna del eterno imitador, son temas que pueden quitarle el sueño al candidato de los lentes caros. De igual forma, el agente naranja no se queda atrás. Su ejercicio gubernamental está plagado de acciones opacas en el manejo de la res pública en tanto que el inusitado enriquecimiento de sus funcionarios es fuente de inquietud social. No digamos, los hechos previos como la desaparición de Efraín Bámaca o el pago de comisiones por el caso del desfalco al Congreso cuando el actual mandatario se desempeñaba como director de inteligencia militar y diputado, respectivamente.
De manera que ambos partidos, como ya lo han hecho en otras ocasiones, ahora se benefician del arreglo alcanzado. Son los intereses espurios de un grupúsculo de sinvergüenzas metidos a la política, los que mueven la rueda de la colusión para destruir la institucionalidad. Intereses que se nutren de otras acciones igualmente oscuras que emergen desde el otro factor de poder necesitado de impunidad. Tal el caso del entorno económico empresarial, que hoy maneja la agenda de estigmatización del movimiento social y de resistencia. Entorno que en décadas pasadas motivó la agenda contrainsurgente, también en defensa de sus intereses de voraz enriquecimiento a cualquier costo.
Las comisiones de postulación, responsables de conformar las nóminas para designar a las Cortes Suprema de Justicia, así como de Apelaciones, dieron el pitazo inicial del encuentro de la impunidad. Con su trabajo mediocre, carente de profesionalismo pero, sobre todo, evidentemente comprometido con los poderes ocultos, abrieron la puerta a la connivencia. De tal suerte que el gremio de los abogados, –salvo honrosas y limitadas excepciones–, más que representar un baluarte para la sociedad, son la rémora responsable de muchos de nuestros males.
Los avances que pudo haber habido en el terreno de la justicia, corren el riesgo de quedarse no solo estáticos sino, peor aún, retroceder de manera arrolladora. El botín para los recién designados empieza por el manejo de los magros recursos del sistema. Le seguirá con los arreglos en función del camino que se le trace a los procesos. De igual forma, puede significar en el caso de la CSJ la anulación de procedimientos o esquemas funcionales que han sido eficaces, en aras de establecer la arquitectura de la impunidad.
Copado el Ministerio Público mediante la ilegal salida anticipada de la anterior Fiscal General y cooptado el Organismo Judicial, queda la mesa puesta para la coronación definitiva del rey de la impunidad. Así que, en esa materia, a menos que se revierta el proceso, todo está consumado.
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