El origen de la crisis

El escándalo de la SAT y de las aduanas, claro, es el disparador de la indignación pública, pero no es sólo este evento, ni la serie que continuó con el caso del Instituto de Seguridad Social (IGSS) y la Policía Nacional Civil (PNC). En juego hay algo más profundo, algo que le da sentido a la acción y el sentir colectivos.

La crisis se venía fraguando con las extensas y continuas prácticas de corrupción, impunidad y clientelismo dentro del aparato institucional y partidario; éstas conectadas con ciertas características del sistema económico que se reproduce bajo esas condiciones: explotación, privilegios, sobornos, tráfico de influencias.

En otras palabras, se está en medio de un conflicto entre el funcionamiento estatal y su relación con determinados grupos subordinados; en especial con las clases medias urbanas que se recuperan de un largo período de apatía y que se han movilizado por el cansancio y el hastío que les produce el sistema. Pareciera que estos sectores ya no están de acuerdo con ciertas dinámicas que llegaron a aceptar, o a soportar, por mucho tiempo.

En el camino, desde el 16 de abril, se fueron sumando otros sectores que ya tenían sus propias resistencias y luchas: mujeres, pueblos indígenas, comunidad LGBT, entre muchos más, y han agregado a las protestas otras miradas y reivindicaciones.

Aún no conocemos el desenlace de esta crisis, ignoramos si se podrán lograr los cambios urgentes que requiere este sistema corrupto; sobre todo, cuando sectores conservadores y con un increíble peso como la embajada de Estado Unidos, la cúpula empresarial y los propios políticos buscan enfriar los ánimos caldeados y parecen coincidir en medidas que apenas palian los males que hicieron reventar la rabia.

Es imposible anticipar los sucesos y se desconoce si la ciudadanía aprenderá en su ejercicio de indignación de lo que es capaz. Quizás los cambios inmediatos no sean los que la ciudadanía empezó a anhelar, pero queda abierta la posibilidad para la construcción de fuerzas a mediano plazo, lo que necesariamente requiere de otro tipo de organización y de expresiones de descontento.

¿Qué es, entonces, lo que el caso “La Línea”, el caso “IGSS-Pisa” y el caso de la PNC están quebrando? ¿Por qué lo hacen?

Allí empezó todo

No es del todo evidente la razón por la cual estos casos afectaron tanto e hicieron que surgieran protestas ciudadanas que no se veían desde hace dos décadas.

No es tan sencillo responder cómo se produce el punto de inflexión. Sí,  el descubrimiento del caso “La Línea” soliviantó los ánimos, pero esto también necesita ser examinado, dado que el “umbral de indignación” de los guatemaltecos parece ser bastante alto y que no se conmovió previamente por otros hechos que, teóricamente, eran igual de indignantes.

En otras palabras, se debe intentar responder por qué pareciera que se están originando cambios en el “pacto de dominación” que se tiene entre el Estado y los sectores subordinados, sobre todo, en la que parecía una adormecida y/o pasiva clase media urbana.

En este sentido hay que señalar un aspecto crítico puesto que, como se ha señalado, la corrupción tiene que ser alimentada por varias fuentes, incluyendo la participación del corruptor (empresarios o ciudadanos) en acciones tales como contrabando millonario (caso “La línea”) o en el caso IGSS; o en acciones “pequeñas” como la compra de licencias.

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Es decir, existen prácticas de corrupción con una extensión y profundidad que parecen no estar en el centro de las preocupaciones de los guatemaltecos y que no eran, hasta hace poco, un problema de alcance nacional. Al contrario, se puede sospechar que se constituían como una práctica funcional que aceitaba la interacción social para obtener, en diversos niveles, los bienes o servicios codiciados.

De hecho, la indignación contra las figuras públicas señaladas de abusos y corrupción no tienen como correlato el mismo encono hacia el “otro” de la corrupción: es decir, el corruptor. Han existido exigencias para que se publiquen los nombres de empresarios involucrados, pero en mucho menor medida que en el caso de los políticos corruptos. [1] Hay otros aspectos importantes en este sentido. En primer lugar, hasta este momento se empiezan a conocer algunos nombres de empresas involucradas y que son poco conocidas, por lo que no existen las figuras apropiadas para dirigir el enojo. En segundo lugar, en las diversas manifestaciones, pero especialmente en la del 20 de mayo, existieron acusaciones en contra de ciertos negocios o empresas como la minería y las hidroeléctricas, lo que corresponde a reclamos sentidos de otros sectores: indígenas, campesinos, sectores populares. También, pero no tan evidente, en contra del CACIF.

Lo que es cierto es que los únicos términos que parecen ajustarse a la intelección de ahora son los emocionales y morales. No es que se le deba quitar la dimensión política a la crisis y a las protestas, sino más bien comprender que la movilización ciudadana tiene un sustento claramente emocional y moral.

En este sentido es necesario señalar que para la acción colectiva no importan sólo los hechos, sino la percepción de los mismos y la interpretación que reciben.

El caso de “La Línea” hizo que estallara la rabia y el enojo contenidos, pero esto significa que hay una serie de factores que han ido alimentando el enojo:

1. Los escándalos de corrupción señalados por los medios de comunicación y “sentidos” en diversos lugares como los hospitales públicos o las escuelas. La distinción entre este evento y otros escándalos es que, aunque existiera la sensación de que los señalamientos previos eran ciertos, la persecución legal le da un innegable carácter de realidad: viene a confirmar lo ya sabido de una manera tajante. La corrupción existe, es demostrable y es perseguible. Además, la revelación es de un actor político con credibilidad: la CICIG. Tiene un efecto mucho más fuerte que otros señalamientos de corrupción debido a que va acompañado de una sanción simbólica y material que se actualiza en las capturas publicitadas. Este trabajo verifica (hace verdad innegable) la corrupción que se ha venido señalando desde hace tiempo. Como dice el sociólogo argentino Daniel Feierstein, el derecho tiene “capacidad performativa, como gestor de verdades sancionadas colectivamente y de narraciones que alcanzan una fuerza muy superior a la construida en cualquier otro ámbito disciplinario […] más allá de cuál sea la valoración de cada uno de nosotros sobre la elección de la sentencia jurídica como ámbito de sanción de la verdad colectiva, dicha realidad opera eficazmente”. No se ha llegado a sentencia en estos casos, pero ha entrado en este ámbito jurídico y le da una fuerza de realidad que no tienen otro tipo de denuncias, por reales que estas hayan sido.

2. La percepción de que además de corruptos los funcionarios públicos son descarados, cínicos y prepotentes. El caso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, es ejemplar. Habían existido varios señalamientos de corrupción en su contra, incluyendo la compra de inmuebles caros y lujosos, el estilo de vida de sus hijos (saliendo a pasear por el mundo) y la defensa del millonario contrato para limpiar el lago de Amatitlán. Frente a las críticas, respondió con frases torpes que elevaron el encono. Sabiendo (o no) de las condiciones del hospital Federico Mora dice que el lugar está “rebonito”, o que invitará a comer “mojarras” cuando el lago de Amatitlán esté limpio. El correlato de estas respuestas es la sensación de que, además de corruptos y ladrones, nos quieren “ver la cara”, es decir, pretenden engañarnos cuando a todas luces su discurso es insostenible. Aquí también existe cierto rechazo a la figura del “arribista” o del “nuevo rico”. Por un lado está el deseo desde esta figura de aparecer y ostentar, pues así se afirma en su posición y por otro está el rechazo a esta ostentación descarada.

3. Es interesante que los primeros que se manifiestan por el escándalo de “La Línea”, no son los que tienen experiencia directa de las carencias encontradas en hospitales y escuelas, es decir, de los que sufren de forma inmediata los efectos de la corrupción. Además, las capas medias urbanas que son las que primero reaccionan son, en buena medida, las que llevaron al poder al Partido Patriota debido a ciertas promesas conservadoras: en especial la seguridad. Es probable que a los señalamientos de corrupción y las respuestas cínicas, se haya añadido la decepción porque el gobierno no cumplió lo prometido durante la campaña y el inicio del gobierno, junto a la ostentación insolente de los bienes malhabidos.

Además, como lo han evidenciado las protestas, de fondo había un descontento con la práctica política e institucional que se ve normada a través de la Constitución y otras leyes, pero que los políticos han corrompido de una forma extrema. A los escándalos de corrupción de este Gobierno se agrega el descontento contra ciertos políticos que tienen un “mal cartel” con los sectores urbanos.

 Ejemplar es también el caso de Manuel Baldizón, candidato presidencial del partido Lider. La percepción que se tiene de este político es que ha gastado millones y millones de quetzales (y la pregunta obligada es ¿de dónde vienen esos fondos?), que ha cometido fraudes como el de su libro y su tesis doctoral, que promete disparates y que es un “payaso”, sin seriedad.

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Las protestas posteriores al 16 de abril, han ido sumando sectores que presentan irritaciones y demandas específicas. Sobre todo, es notorio que la marcha campesina convocada para el 20 de mayo presentó reivindicaciones distintas a la tendencia general de las manifestaciones sabatinas. Si bien las protestas de los sábados han ido convocando a otros sectores con otras voces (aunque pareciera que están menguando), las demandas campesinas que también expresaron la demanda de “renuncia ya”, profundizan significativamente el carácter de la protesta.

La reacción de la gente fue participar y empezar a elevar la voz. El enojo se fue generalizado para pasar de señalar a figuras concretas a poner la mirada y la atención en el sistema político que no da para más.

Algunos políticos han intentado captar el fondo moral de la indignación y lo quieren usar a su favor en campañas políticas. El problema es que no existe, al momento, una figura política en la que esa actitud sea creíble. De hecho, algunas campañas políticas chocantes y de mal gusto muestran tan solo que los políticos no pueden comprender plenamente que la indignación y el rechazo son generalizados hacia la clase política.

De hecho, el origen de esta crisis se debe a la desvinculación profunda y el desprecio manifiesto que los políticos hacia la ciudadanía y sus necesidades; es el repudio a la necedad, la insolencia, el descaro, la prepotencia y el cinismo. Los políticos llegaron a un punto de una independencia total de los intereses sociales, y dejaron de tener cualquier tipo de representación y legitimidad. El comportamiento de los políticos es un ejemplo claro de la mercantilización de la política y de la ausencia de principios morales y políticos.

Eso es lo que hizo que la ciudadanía, hastiada, reaccionara.

¿Cuáles serán las próximas medidas que se tomen? ¿Qué posibilidades se tienen de aglutinar más sectores y encontrar puntos de convergencia? ¿Habrá un choque frontal entre el movimiento ciudadano y popular con los sectores conservadores? ¿Sabremos estar a la altura del momento y propiciar las transformaciones necesarias? ¿Seguirán menguando las protestas pero quedará un legado de indignación y organización que se actualice en el próximo evento de la crisis?

Son muchas las dudas que quedan, pero el ambiente de indignación y enojo contra la clase política y contra el sistema puede ser, quizás, un punto de inflexión en la historia de este país.