Había grupos de pandillas que, bajo control de estamentos militares vinculados a los servicios de inteligencia del Ejército o del tenebroso Estado Mayor Presidencial (EMP), operaban como grupos de choque. Esa era la misión de la llamada Mara Cobra, que operaba dirigida por el sargento mayor especialista Noé de Jesús Beteta Álvarez, quien hoy purga condena por la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack.
Esos grupos de choque operaban creando disturbios, rompiendo vitrinas y armando incursiones a negocios para desmantelarlos. Luego, los medios culpaban a los convocantes de las manifestaciones. Ese era el propósito y lo consiguieron. Durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, los grupos de ex patrulleros civiles ejecutaron una acción coordinada a nivel nacional. Ocuparon aeropuertos como el de Petén para llamar la atención y conseguir su propósito: resarcimiento económico por haber operado bajo el mando del Ejército durante la contrainsurgencia.
Con tres décadas de ensayo democrático bajo tutela vuelve la amenaza de ingobernabilidad. Esta vez, de la mano de un variopinto ramillete de grupos de interés unidos por la figura de Jorge Serrano Elías, el aprendiz de dictador refundido en Panamá. Son la entente local del proyecto serranista disfrazado de refundación del Estado.
El fiambre de interés político se adereza con personajes provenientes del entorno pseudosindical como Joviel Acevedo, cacique de la organización magisterial. Del mismo entorno se suman Nery Barrios y Pedro Esquina, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic). En una falsa pose de reconciliación se amalgaman con representantes de los veteranos militares y políticos baldizonistas como Otto Bernal, Óscar Platero Trabanino o Morris Eugenio de León. Forma parte del círculo militarizante el hermano de Byron Lima Oliva, Luis Alberto.
En total, 18 nombres de igual número de hombres que exigieron ser recibidos por el gobernante Jimmy Morales. Cita que el dormilón presidente concedió el 2 de septiembre como única salida para evitar que se concretara la amenaza de los pacíficos solicitantes de audiencia. Los 18, integrantes del consejo político del movimiento Pueblo Pobre Organizado Vamos por la Refundación del Estado (Povres), esgrimieron la amenaza de ingobernabilidad al mejor estilo de grupos como la Mara Cobra en el gobierno de Cerezo o los ex-PAC en el de Portillo si no se les concedía audiencia y se convocaba a un diálogo nacional.
Disuadido por las credenciales de los demandantes de diálogo al estilo operación militar desestabilizadora, Jimmy Morales cedió a la presión y los recibió en Casa Presidencial. De viva voz del grupo, en el que al parecer también se incluyen Jorge Soto (Pablo Monsanto) y Julio César Macías (César Montes), Morales escuchó fracciones de la agenda de refundación del grupo, que considera necesario eliminar el Programa Nacional de Resarcimiento y disolver la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aun cuando esta no ha sido integrada.
Aunque el movimiento Povres esgrime la bandera de la reconciliación por la mera mescolanza de grupos supuestamente diversos, en realidad solo es una mascarada, el perfecto encubrimiento de un entorno variopinto que en esencia comparte el discurso autoritario de la restauración conservadora. En esencia, con métodos de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs), bajo amenaza y presión, encarnan lo más nefasto de cada uno de los sectores que afirman representar.
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