El nuevo campo de batalla de la DEA

El 20 de marzo del 2009 dos helicópteros despegaron de la base militar de Poptún en medio de selva de Petén. A bordo iba un grupo de militares que habían peleado en Afganistán y que estaban enseñando todos sus secretos a kaibiles y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. La misión era cazar una avioneta Cessna 210 cargada con cocaína desde Venezuela y que había escapado de otros controles en Centroamérica.

Un acuerdo que firmó Guatemala en el 2003 en medio de esfuerzos para que Estados Unidos la recertificara como aliada antidrogas permite que aeronaves estadounidenses puedan realizar operativos aéreos siempre que viaje personal guatemalteco. El tratado, ratificado por el Congreso, permite el ingreso de personal militar estadounidense en aguas y cielos guatemaltecos, y entrenamientos.

Desde luego, no permite derribar avionetas. Así que siguieron a la Cessna hasta que aterrizó en una pista clandestina a 16 kilómetros de Livingston, Izabal.  

Cuando el helicóptero se aproximó, fueron recibidos con disparos por 30 hombres que esperaban la droga. Los pilotos realizaron un movimiento para evitar el ataque y aterrizaron un kilómetro después, según el cable 09GUATEMALA289, filtrado por WikiLeaks. El grupo de kaibiles y policías, y también algunos de los soldados norteamericanos, tuvieron un enfrentamiento con los traficantes que huyeron pero dejaron abandonados vehículos y armas. Una de las conclusiones que ofreció el ex embajador Stephen McFarland era que en la “guerra contra el narcotráfico” no se había visto que traficantes usaran ametralladoras calibre 30 capaces de derribar aeronaves.

McFarland empleó el sustantivo más preciso: “guerra”. Pronto se comprobaría que lo que estaba pasando no era un operativo aislado para detener una avioneta. Se trata de un plan emprendido por Estados Unidos desde el 2009 para asfixiar a los cárteles de la droga mexicanos que tiene uno de sus pilares en trasladar a militares estadounidenses que pelearon en Afganistán para Guatemala y el resto de Centroamérica.

La  política de “Rambos” contra el narcotráfico
Cuatro meses después de ser retirado de Afganistán, el comando de fuerzas especiales 7123 llegó a Guatemala. Fue a principios del 2009. Cambiaron el desierto afgano por la selva tropical de Petén. Un cambio brusco no sólo por el terreno sino también por su objetivo: allá era combatir grupos terroristas, acá narcotraficantes.
La llegada de un “A-Team” de doce hombres, boinas verdes, fue acordada por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos a través de un memorando de entendimiento firmado el 19 de agosto del 2008 por el ministro de la Defensa, Marco Tulio García, y la comandante del grupo militar de Estados Unidos en el país, Linda Gould.

La intención era crear dos grupos similares al grupo de los boinas verdes: uno de kaibiles y otro de policías, cada uno de ellos compuesto por una docena hombres. Especializarlos en inteligencia, manejo de todo tipo de armas, incluidas las antiaéreas, cifrado de comunicaciones y su tecnología; y hacerlos expertos en manejo de explosivos. Grupos preparados para la guerra.  

El acuerdo no estipula tiempo de entrenamiento pero sí que el equipo norteamericano se hará cargo de todos los gastos.

El adiestramiento fue alternado con operaciones reales algo que podría rayar en la ilegalidad, al menos porque en el memorando de entendimiento entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos no se especifica de operativos reales.

El mayor Art Garrfer, quien estuvo al frente de un grupo de apoyo en Honduras, escribió en Special Warfare, la revista oficial del ejército de Estados Unidos, en la edición de julio y agosto del 2010, que el grupo que estuvo en Guatemala realizó operativos.

“Fue utilizado en tres operaciones: una en el departamento de Petén, frontera con México que afectó al cártel de los Zetas y ataques contra lugares clandestinos de aterrizaje en las cercanías del río Salinas para desestabilizar a las organizaciones del narcotráfico de la región”.

Pero Garrfer va más allá y explica que estos grupos enseñaron a utilizar el “poder blando: cooptar en lugar coaccionar”, y acepta que solicitaron el apoyo del grupo de Operaciones Psicológicas y asuntos civiles de la base que él mismo creó en Honduras (la AOB 7120). Para ellos realizaron en Petén una jornada médica en conjunto con el Ministerio de Salud para atender a 2 mil pacientes y 340 animales preparando el campo para tener informantes.

Garrfer, que da su opinión personal en las conclusiones, explica que uno de los puntos para tener éxito es cooptar a las “tribus indias” de Petén para tener información como se hizo en Panamá en 1982 antes de la operación Causa Justa, que terminó con la captura del general Antonio Noriega. “Y después cooptar a otras tribus de otros departamentos de Guatemala”.

Más invitados de Afganistán
El 30 de marzo pasado fue capturado Juan Ortiz López, alias “Chamalé”, supuestamente lo más cercano a un capo del narcotráfico que hasta entonces se había capturado. Según la Policía, él dominó durante años las costas del Pacífico, en donde recibía y almacenaba droga. También inundó de laboratorios de drogas sintéticas la frontera entre Guatemala y México. Oficialmente era un aliado del cartel de Sinaloa.

La fotografía de su captura dice mucho: él con la mirada perdida, camisa desalineada y una chaqueta de cuerpo que le da un poco de decoro a su imagen de gran narcotraficante, casi mítico en su tierra; pero quien lo lleva del brazo no es un agente de la policía de Guatemala: es un hombre alto, pelirrojo con gafas y un fusil M16 que utilizan agentes de la DEA. Porque él es un agente de la DEA.

No cualquier agente.

Es del grupo llamado DEA-FAST, el equipo élite creado para trabajar en Afganistán. El FAST (Equipos de Apoyo y Asesoría Desplegados en el Extranjero) es un equipo élite de la DEA, compuesto únicamente de cinco unidades, según Wikipedia, que relata que el reclutamiento es en extremo difícil, pues sólo la mitad de los aspirantes resisten el entrenamiento y el resto deserta.

Y sí se  ve bien lo que está detrás de ellos en la foto de la captura de Chamalé es el aeropuerto internacional La Aurora en la capital de Guatemala. La historia es lo que representa la fotografía y lo que está oculto, o estaba oculto hasta ahora: la nueva táctica de los estadounidenses para enfrentar a traficantes de drogas latinoamericanos después de la negativa de México a permitir el ingreso de tropas estadounidenses, a diferencia de Colombia, que sí lo permite.

Lo publicó The New York Times la semana pasada: cinco escuadrones de la DEA que participaron en Afganistán están repartidos en el hemisferio occidental –República Dominicana, Honduras, Belice, Haití, Panamá y Guatemala- luchando contra los cárteles de la droga.

Los grupos nacieron para investigar los nexos de los talibanes con traficantes de drogas pero después del 2008 ampliaron su campo de trabajo. El periódico cuestionaba que se estén tomando elementos de la lucha contra el terrorismo para aplicarlos a intento de capturar a narcotraficantes y frenar el flujo de droga. Además, explicaba, al capturar a capos se crea es un conflicto de sucesión del capo y se genera más violencia.

Expertos latinoamericanos en el asunto del narcotráfico critican la política estadounidense que se limita a la captura de capos, pero no al desmantelamiento financiero ni político de los cárteles de la droga, lo que se traduce en más violencia para los países de tránsito o de origen y la misma cantidad de cocaína u otras drogas que llega cada año a surtir la demanda estadounidense.

Otro cable de la embajada de Estados Unidos, el 09GUATEMALA732, también filtrado por WikiLeaks, detalla que un grupo de la DEA-FAST participó en el primer intento por capturar a Waldemar Lorenzana y tres de sus hijos el 21 de julio del 2009 en la aldea La Reforma, Zacapa. Operativo que no tuvo resultados positivos debido a que el se retrasó un día. Según el presidente Colom, se debió a “mala inteligencia”. Según la embajada de Estados Unidos, a “una filtración de información desde la cancillería o desde las cortes”. Sorprendidos y molestos por la reacción del gobierno guatemalteco, McFarland cerraba con un comentario: “Trabajar con las autoridades de Guatemala representa una vulnerabilidad”.

Para el año 2009 la DEA solicitó ante el Congreso de Estados Unidos el financiamiento para estos grupos: 7 millones de dólares para los equipos DEA-FAST, para la contratación de 20 agentes, y otros US$2 millones para otro tipo de operativos. Además solicitaron US$8.9 millones para contratar a tres pilotos, comprar un helicóptero Bell 412 de dos motores para operativos y US$2.6 millones para abrir 16 puestos más. En total un grupo de 36 personas, más pilotos.

La DEA empieza la guerra a los cárteles  en Centroámerica   
Durante el gobierno de Alfonso Portillo y el FRG, en el 2002 el jefe de operaciones de la DEA, Rogelio Guevara, explicó a la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos que habían cambiado su estrategia en Guatemala debido al nivel de corrupción en la las fuerzas de seguridad y entre los políticos. La DEA tenía miedo. Por eso no realizaban operativos en Guatemala y todos los narcotraficantes guatemaltecos que querían fueron capturados en otro país: Byron Berganza en El Salvador, Jorge Mario Paredes en Honduras, Otto Herrera en México. Cualquier detención se llevaba fuera.

Pero desde el 2009, animados con la lucha contra la impunidad y el apoyo al Ministerio Público por parte de la Cicig y con dos fiscales generales de confianza, Amílcar Zárate y luego Claudia Paz y Paz, la situación en Guatemala empezó a cambiar, sin necesidad de una militarización total de la lucha antidrogas. Y la DEA creó un plan para el país y el resto de de América Central. En esta ocasión, sin ningún nombre ostentoso, le llamó “Drug Flow Attack Strategy (DFAS)”, la Estrategia de ataque contra el flujo de drogas. Así lo explicó Thomas M. Harrigan, jefe de operaciones, el pasado 25 de mayo de 2011.

“La DEA ha puesto énfasis renovado en atacar las redes que operan en América Central. La estrategia es el ataque del flujo de las drogas”, dijo Harrigan. La calificó de “innovadora” por el trabajo en conjunto con el Pentágono (el ejército de EE.UU.), otros organismos de control y el apoyo de los países del área.

En resumen, la DEA militarizó y apretó los controles de dinero a todas los países de la región, una práctica más agresiva. Harrigan lo resumió así: “Es una combinación de tierra, aire y mar. Y ataques a sus sistemas financieros dirigidos por inteligencia de la DEA”.

Justificó el ingreso de los grupos DEA-FAST debido al “éxito de Afganistán": “Las capacidades únicas de FAST se han desplegado para apoyar la misión en Guatemala, Honduras, Belice y Panamá”. Y dio un dato más: en Guatemala y Panamá hay unidades de “investigaciones sensibles” contra los grupos locales de traficantes de drogas y químicos, armas y dinero.

En el primer año de la nueva política que busca apretar en especial a los países contiguos a México y Colombia, se decomisaron 70 toneladas de cocaína, 442 kilos de heroína y 40 millones de dólares en divisas y activos. Quizás un ocho por ciento de las aproximadamente 900 toneladas que se calcula que pasan cada año por el territorio nacional.

En Guatemala además se fortalecieron los controles en el aeropuerto Internacional La Aurora, en donde hasta principios de noviembre habían sido decomisados 3.8 millones de dólares. Se han incrementado las incautaciones en la portuaria de Izabal y la portuaria Quetzal en el Pacífico fue intervenida en mayo pasado por el presidente Álvaro Colom, que dijo que era una medida para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y contrabando. Colocó al frente a Ricardo Marroquín Rosada.
La militarizarización de la lucha contra el narcotráfico por parte de la DEA no pudo encontrar mejor aliado en Guatemala que el presidente electo, el general retirado Otto Pérez Molina, que anunció hace unos días que utilizará a más kaibiles para hacerle frente a los narcotraficantes.

Para David Martínez Amador, del Centro de Estudios Sociedad y Violencia, lo que se está haciendo en Guatemala se hizo en México y lo que hizo fue atomizar los grupos: “Lo que sí puede suceder en Guatemala es que de pronto, militarizas el territorio por razones de seguridad estratégica y eventualmente un tipo de guerra de guerrillas regresa al país. ¿Pudiera darse la posibilidad de narco-terrorismo? Es difícil predecirlo. Sin embargo, estoy seguro que si los zetas son afectados como lo han sido los otros carteles locales, la respuesta no seria tan pusilánime cómo la que han tenido los grupos locales”.