El MCN surgió en 2009, en el marco de la coyuntura del fallecimiento trágico del abogado Rodrigo Rosenberg, y hoy se autodefine como «una asociación civil no lucrativa que promueve el activismo cívico responsable, informado y activo en la política nacional», a través del cual pretende «la renovación de nuestra clase política y el rescate de las instituciones de nuestra república». Declara que su misión es «luchar con pasión, coraje y ejemplo por nuestra libertad, inspirando e informando a los habitantes para que se transformen en ciudadanos comprometidos con Guatemala».
Por razones de trabajo interactué con el MCN cuando integró la Alianza por la Transparencia (AporT), un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil que durante el período 2012-2013 logró con éxito reformas legislativas a favor de la transparencia. Con un claro posicionamiento ideológico de derecha conservadora y republicana, el MCN siempre ha mantenido un discurso severo en contra de la corrupción. Por ejemplo, recuerdo que, durante la época en la que Claudia Paz y Paz fue fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), el MCN criticaba que la Fiscalía se dedicara a la persecución penal de crímenes de lesa humanidad y del genocidio perpetrado durante la guerra, pues le parecía que la lucha contra la corrupción era un asunto más importante y urgente.
En aquel entonces no compartí esa visión, ya que me parece que un sistema de justicia no debe establecer prioridades o jerarquías en cuanto a cuáles delitos perseguir y cuáles no. Como en ese caso, discrepo en muchas (si no en la mayoría) de las visiones y posiciones del MCN, pero sin duda he coincidido antes y coincido ahora en su interés por luchar contra la corrupción. Estoy convencido de que el esfuerzo anticorrupción, toda vez que sea legítimo y serio, constituye el principal punto de encuentro para Guatemala, pues supera añejas diferencias ideológicas, económicas y sociales.
Por ello, las escandalosas declaraciones de José Luis Agüero, expresidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, ante la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán, en el contexto del caso Corrupción y Construcción, constituyen el momento de la verdad para el MCN y para su director, Rodrigo Arenas. Que Agüero haya declarado en esas circunstancias que Arenas cobró parte de un soborno para Alejandro Sinibaldi es una acusación de corrupción en extremo grave, que prácticamente coloca al director del MCN y a otros acusados de cometer delitos vinculados a la corrupción, incluyendo asociación para delinquir y lavado de dinero, entre otros. El MP está obligado a investigar y aplicar la ley.
Rodrigo Arenas, como todo ciudadano, tiene derecho al debido proceso y a que se le presuma inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero, ante la gravedad de los señalamientos que pesan sobre él, también como todo ciudadano está obligado a enfrentar la justicia y esclarecer su situación. En su caso, quizá pesa como agravante que él haya sido una voz con uno de los discursos más encendidos en contra de la corrupción, que él haya atacado de una forma tan apasionada justamente actos como los que hoy se le imputan.
En realidad, Arenas enfrenta ya dos desafíos. Primero, el formal, deberá aportar las pruebas que respalden su alegato de inocencia ante la jueza que conoce el caso Corrupción y Construcción. El segundo, la crisis de credibilidad ante la ciudadanía, por mucho más grave que el primero, en mi opinión. Toca ejercer la pasión, el coraje y el ejemplo que predica la misión del MCN y muchísimo más.
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