En lo que aún subsistía de lo que en 1980 se construyó de un edificio destinado a ser hospital de la Policía Nacional (PN) se apilaban, en más de 20 ambientes, 80 millones de documentos. En un primer análisis, las expertas y los expertos que evaluaron el fondo calcularon en 11.5 kilómetros el espacio lineal que ocuparía la documentación encontrada.
Se trataba del archivo de la PN, en el cual se reunía información desde sus inicios, en 1879, hasta 1996, año en que la institución desapareció oficialmente. Esa historia documentada convivía con roedores, murciélagos, serpientes, moho, polvo y humedad. El edificio estaba en tal abandono que carecía de ventilación —de hecho, había ambientes cerrados, sin puertas ni ventanas— y de iluminación y tenía goteras y rajaduras por donde se colaba el agua. El escaso personal de la Policía Nacional Civil (PNC) asignado a la entidad se valía de recipientes vacíos de helados y de otros productos para recoger el agua de las goteras y proteger el archivo como podían. Era una entidad en el más absoluto abandono.
Durante tres meses personas voluntarias de organizaciones de derechos humanos apoyaron al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), cuyo personal descubrió el archivo, en el proceso de limpieza general. Desde ese entonces, paulatinamente se fue incorporando ayuda profesional, personal técnico y asesoría especializada para efectuar al resguardo de los archivos. Hubo que limpiar todos los documentos uno por uno. El personal debía utilizar mascarillas, gorras, guantes, y trabajar con brochas o pinceles para eliminar el polvo para luego proceder a la clasificación de los fondos documentales y a su organización.
En 14 años de trabajo sostenido el personal del AHPN ha convertido este en un referente de calidad, profesionalismo y cuidado a nivel mundial. El archivo es consultado por científicos sociales de Guatemala y del mundo, es visitado permanentemente y es hoy día prácticamente irreconocible comparado con aquella ruina encontrada en 2005. Llegar hasta aquí ha significado esfuerzos de apoyo económico de la cooperación internacional, pues el Estado continúa sin financiar el proceso.
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El único apoyo estatal ha sido el convenio de usufructo del edificio encontrado en ruinas en 2005 y plenamente restaurado y puesto en condiciones por el equipo que ha dirigido el AHPN. El acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Gobernación (Mingob), al cual pertenece el inmueble, y el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), al cual le corresponde por ley gestionar todos los archivos históricos por medio del Archivo General de Centro América. El convenio en cuestión vencerá el 30 de junio de este año y, pese a la solicitud del titular de Cultura, el Mingob no solo no accede a la ampliación, sino que reclama el edificio y el control del acervo archivístico.
En una falaz declaración, Degenhart afirma que es impensable que su despacho, «a través de la PNC, no tenga ninguna participación de sus propios archivos [sic]» y alega que el archivo es de la PNC, la cual se fundó en 1997. Sin embargo, la colección de documentos del AHPN abarca de 1879 a 1996, período en el cual la PNC aún no existía.
El titular de Gobernación también asevera que esa información debe estar bajo el control de su cartera por razones de seguridad nacional, un criterio que no es avalado ni por la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) ni por la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Una y otra norma establecen criterios de clasificación de la información como confidencial o reservada, así como cuáles son los elementos que constituyen información de seguridad nacional. De hecho, el tiempo máximo de clasificación de reserva es de 7 años, de manera que los documentos más recientes dentro del acervo del AHPN tendrían 23 años desde su emisión, por lo cual han perdido la calidad de clasificables.
El ministro también miente al asegurar que los documentos del archivo se han enviado fuera del país. Ni uno solo de ellos ha salido de la sede del AHPN, puesto que el personal que lo ha rescatado, organizado, clasificado y resguardado actúa con plena capacidad técnica y conserva con celo profesional este patrimonio de Guatemala y de la humanidad.
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