Un somero análisis de la normativa que está camino a aprobarse, nos dice que sí, hay algunos puntos que parecen interesantes, pero la normativa sigue padeciendo los mismos problemas originales que hasta la fecha, se siguen arrastrando. En una posterior entrega, me referiré a las “bonanzas” de la reforma –esperando también, a ver cómo va a quedar finalmente la normativa. En el presente análisis, me referiré a las grandes áreas olvidadas de la reforma.
Diversificación del financiamiento partidario
La propuesta de ley electoral que está por ser aprobada en el Congreso, sigue sin considerar otro tipo de financiamiento que el postelectoral, generando una severa distorsión en la contienda electoral, porque condiciona la posibilidad de armar propuestas políticas nuevas a los financistas tradicionales de campaña, con lo que este elemento se convierte en un gran obstáculo para la verdadera democratización de la sociedad.
La propuesta original contemplaba tres tipos de financiamiento:
- Un capital inicial, tipo “semilla”, destinado únicamente para sufragar los gastos de organización política.
- Un financiamiento pre-electoral, dedicado tanto al funcionamiento y consolidación de la estructura partidaria, como a los gastos proselitistas que fueran necesarios.
- Un financiamiento post-electoral, que lo que hace es premiar el desempeño partidario y el arraigo en la población.
Promover sólo el primer tipo de financiamiento es limitar de entrada los actores subordinados de la sociedad, que no cuentan, con la capacidad y los recursos financieros necesarios para organizarse políticamente.
Despliegue y fortaleza institucional
Los partidos políticos actuales fueron descritos por una investigación reciente como “partidos franquicias”, mientras que en la investigación que dirigimos en FLACSO en el 2006-2007 las llamábamos “maquinarias electorales”, debido a la tendencia de los partidos a funcionar de manera intermitente, ya que se comportan como Partidos únicamente en época electoral. Este aspecto de debilidad institucional está afincado en la Ley Electoral, que sigue garantizando una organización muy mínima y con una muy débil presencia institucional, como requisitos para que los Partidos Políticos postulen candidatos en toda la República.
Esta deficiencia sigue vigente en la actual propuesta de Reforma Electoral; de hecho, no se puede exigir mejor despliegue institucional, si no se garantiza un adecuado financiamiento electoral. Y si no existen adecuadamente los partidos políticos, es imposible que se genere la “rendición de cuentas” vertical, la del ciudadano exigiendo resultados, si detrás de los candidatos no existen instituciones a las que se les pueda deducir las respectivas responsabilidades del comportamiento público de sus representantes.
De entrada, cualquier “bondad” de la ley electoral se desdibuja, porque siguen representando un gran freno a las aspiraciones de la mayoría de la población; una mayoría que nunca ha tenido ni voz, ni voto, ni ha sido considerada por los actuales “representantes” de los intereses nacionales.
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