"Que los acusados y los militares lo nieguen, es comprensible, pero que personas que se precian de democráticas lo hagan, es vergonzoso", dijo a Acan-Efe la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.
Desde que a principios de este año se ordenó el juicio por genocidio y crímenes de guerra al octogenario Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez, de 67 años, los sectores económicos y políticos más conservadores y poderosos del país emprendieron, por diversos medios, una campaña para desvirtuar los señalamientos.
"Estuve en Guatemala en 1985, cuando la guerra. Regresé en 1996, cuando (se firmó) la paz. Y ahora que vuelvo, en 2013, siento que este país ha regresado a los días del enfrentamiento. Se respira mucha tensión, mucho odio", dice un viejo periodista estadounidense que cubre el juicio.
Aunque ya no con asesinatos, secuestros y torturas, como fueron reprimidos durante la guerra de 36 años (1960-1996) los opositores al régimen, ahora los guatemaltecos que exigen justicia y reclaman el reconocimiento del genocidio son acusados de izquierdistas, terroristas, enemigos de la paz y buscadores de venganza.
Así lo dicen en sus comunicados las agrupaciones de antiguos militares, los columnistas de prensa de derechas, las poderosas organizaciones empresariales y hasta antiguos funcionarios del Gobierno que firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin al enfrentamiento en 1996.
En un pronunciamiento publicado el martes en los diarios locales, titulado "Traicionar la paz y dividir a Guatemala", dos exvicepresidentes, dos negociadores de los Acuerdos de Paz, un antiguo jefe guerrillero y varios exministros de Estado explican con claridad el temor de la elite dominante del país a que Ríos Montt y Rodríguez sean condenados por genocidio.
La acusaciones de genocidio, señalaron, no están dirigida únicamente contra los oficiales procesados o el Ejército, "sino en contra del Estado de Guatemala en su conjunto", lo cual también salpicaría a la elite de distintos sectores que representan.
Una condena por genocidio, advirtieron, "implica el peligro inminente de la que la violencia política reaparezca, traicionándose con esto el objeto y la conquista de la paz".
El presidente guatemalteco, el general retirado Otto Pérez Molina, se ha sumado a la campaña para negar el genocidio, y en repetidas ocasiones en las últimas semanas ha dicho públicamente que lo que hubo en el país durante la guerra "fueron excesos" y "errores".
En un artículo publicado el miércoles en el diario digital Plaza Pública, el sociólogo Edelberto Torres-Rivas, en alusión al pronunciamiento de los exfuncionarios que ha sido respaldado por Pérez Molina, señaló que el debate sobre el genocidio "ha sido intenso pero mal encaminado".
Quienes lo niegan, apuntó, no han "aportado ni una sola prueba hasta ahora" que respalde su posición, más allá de los discursos ideológicos.
En todo caso, agrega el sociólogo, "pedir justicia dentro de la institucionalidad del Estado nunca puede ser interpretado como un acto de desestabilización".
El juicio fue suspendido este viernes por el tribunal que lo conoce, hasta que la Corte de Constitucionalidad defina el procedimiento a seguir luego de rechazar por "ilegal" la anulación del proceso decretada el jueves por un juzgado de primera instancia.
Mientras crece la incertidumbre sobre el desenlace del proceso, los que están a favor y en contra tratan de imponer sus ideas en los medios de comunicación, al menos los que tienen acceso a ellos, y también en las calles y las redes sociales.
Las amplias masas urbanas observan sin inmutarse ni tomar partido.
"Es que Guatemala es el país donde pasa de todo, y no sucede nada", reflexiona una periodista estadounidense que tiene más de un año de vivir en este lado del mundo. ACAN-
