El idilio de Daniel Ortega con el gran capital

En un paraje del sur de Nicaragua, detrás de enormes portones de madera corrediza, se esconde Guacalito de la Isla, un mega complejo turístico ubicado en una de las costas más bellas del pacífico nicaragüense: Costa Esmeralda. Hasta hace poco más de dos años, en ese lugar se hospedaban visitantes como el actor estadounidense Morgan Freeman.

Una villa completa dentro de Guacalito tiene un valor aproximado de US$2 millones, según información oficial de la empresa. En las 675 hectáreas de esta playa privada existen 600 terrenos, entre ellos villas, condominios y apartamentos, que rondan entre USD$350,000 y USD$3.5 millones. Es un negocio de USD$1,000 millones de dólares que, por la Ley de incentivos turísticos aplicada por el gobierno de Daniel Ortega, está exonerado de Impuestos por Transmisión de Bienes Inmuebles (IBI), es decir, por las transacciones de compra y venta de propiedades.

Según la Guía del Inversionista de ProNicaragua, la agencia oficial de inversiones del gobierno, estos favores son descritos como de «los más generosos y competitivos de la región». Todo esto forma parte de un esquema más grande de exoneraciones dirigidas a los emprsarios en distintas áreas de la economía como minería y textiles, y que el Ejecutivo ha mantenido en la línea del modelo «diálogo y consenso». 

Entre 2010 y 2014, en Nicaragua las exoneraciones fueron de USD$1,100 millones, equivalentes al 9.3% de toda la riqueza que generó el país en ese mismo período, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas cifras las reveló el experto tributario Julio Francisco Báez, miembro de la Academia de Ciencias y ex profesor visitante de Harvard, en el libro Balance de la Ley de Concertación Tributaria.

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«Las exoneraciones no pueden ser eternas, porque se trata de que incentiven por un tiempo. Si se mantienen se convierten en subsidio», dijo Báez. Además, afirmó que la ley de los incentivos turísticos tiene 21 años de vigencia, lo que incluye los últimos 13 de la administración Ortega, que promovió entre 2008 y 2018 un entendimiento con los empresarios para alcanzar mejores índices de crecimiento económico, a pesar de las constantes denuncias de la sociedad civil por su carácter autoritario.

Desde el punto de vista económico, durante esos años todo parecía ir viento en popa. Las tasas anuales de crecimiento en Nicaragua fueron, hasta 2017, del 5% del PIB, muy superior al promedio regional, lo que hizo que el modelo ganara adeptos tanto en el Gobierno como en el sector empresarial. Otra parte de la sociedad denunció una suerte de complicidad de los empresarios con Ortega, validada por la conveniencia de hacer grandes negocios pese a las fragilidades institucionales.

En Nicaragua los empresarios tuvieron incidencia directa en políticas públicas, integrándose en directivas de 43 instituciones estatales y acordando conjuntamente con el Parlamento, controlado por el oficialismo, 124 (40%) de las 326 normas aprobadas entre 2008 y 2018. Mientras la oposición se fue debilitando. 

Esa incidencia empresarial en las decisiones de Estado era motivo de orgullo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal del país. Tanto así que José Adán Aguerri, su presidente de 2007 a 2020, dijo en diciembre de 2017: «Hoy los temas económicos son consensuados con el sector privado, y de alguna manera esto tiene una enorme importancia que ha permitido que desde 2008 tengamos un clima de negocio más positivo».

Durante la década el Estado garantizó cero huelgas a través del control de los sindicatos, y en la mesa multisectorial, donde se decide el aumento de salario cada dos años, los ajustes fueron menores al 10%. De manera general, el Gobierno generó otras oportunidades de negocios a partir del flujo crediticio de la cooperación venezolana: USD&3,721 millones entre 2007 y 2016. Fortuna que manejó la familia presidencial, y una parte se inyectó en la economía a través del sistema financiero.

Cuando Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, necesitaron el respaldo para reformar la Constitución en 2013 y quitar la prohibición de la reelección, vigente desde 1995, los empresarios dieron su respaldo. En esas modificaciones, los diputados citaron a Carlos Pellas, el propietario de Guacalito de la Isla, para incluir en la carta magna que «Nicaragua es el primer país que tiene como mandato institucional el modelo de alianzas, consultas y consensos» con el empresariado para tomar decisiones de políticas públicas.

El 13 de enero de 2013, el día que se inauguró Guacalito, con una inversión de USD$250 millones, Pellas aseguró que estaba «dando el ejemplo, invirtiendo en Nicaragua para que otros vengan y se entusiasmen», y agregó que «es un país de los más seguro que existen, no solo en Centroamérica, sino en toda Latinoamérica y tenemos que hacer esfuerzos por comunicar más al mundo (esas ventajas)». 

El 4 de septiembre de 2013, Ortega y Murillo recibieron a los más grandes capitales que trabajan en Nicaragua, entre ellos José Antonio Baltodano, Juan Bautista Sacasa, César Augusto Lacayo y también grandes inversionistas extranjeros. Al inicio, Ortega dijo que esta era la cuarta sesión de trabajo que hacían desde 2008. A la par del gobernante se encontraba Pellas, pero también el banquero nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, presidente del Grupo Promerica.

Aquella noche, después de las palabras de Ortega, Ortiz dijo que el diálogo con el gobierno era «un milagro» para Nicaragua. Minutos después, Pellas, cuya familia fue confiscada en la década de 1980 por el primer gobierno sandinista, se declaró «creyente de este proceso, que ha servido enormemente para reconciliar a la familia nicaragüense».

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La ruptura de este acuerdo ocurrió casi cinco años después, el 16 de abril de 2018, cuando el Ejecutivo aprobó sin consultar al gran capital una reforma a la Seguridad Social que implicaba imponerles un cobro mayor por cada trabajador. Sin embargo, dos días después, cuando comenzó la represión contra los que protestaban por esta medida, según Aguerri, ellos se retiraron de «los espacios en los que estábamos sentados (instituciones públicas)». 

El 30 de mayo de 2018, la portada del diario local La Prensa abrió con una entrevista de Pellas en la que dejaba su punto más claro: el «modelo que traía el país se agotó». Su declaración se dio a las puertas de una de las marchas más grandes de la oposición. Enfático agregó que «hay que encontrar una salida ordenada que implique reformas que conlleven a un adelanto de elecciones». De manera coordinada, Ortiz dijo que «no puede haber otra manera de salir de esta crisis que no sea a través de elecciones adelantadas».

La intención de que la situación del Gobierno con los empresarios regrese a como estaban antes de la crisis sigue siendo una propuesta estatal. El principal asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, anunció en el Canal VosTV, propiedad de Pellas, la voluntad de revisar con los sectores empresariales la reforma tributaria de la que se han quejado algunos presidentes de cámaras, pero el sector privado aseguró que no habrá conversaciones en lo económico, mientras no se resuelva lo institucional. En cualquiera de los casos, el tema de las grandes exoneraciones sigue intacto.

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La crisis de derechos humanos, causada por la represión del Estado a los opositores, significó una grave crisis económica. Hubo una caída en los ingresos de turismo que pasaron de USD$900 millones en 2017 a USD$515 millones dos años después. También se sumaron las tensiones fiscales con decenas de empresas pequeñas y las ocupaciones de propiedades a Piero Coen, propietario de las operaciones de Western Union y que apoyó las manifestaciones de los opositores.

Pese a estas circunstancias adversas, sectores como el turismo, el minero y el financiero mantuvieron sus beneficios, lo que les generó buenos números.

Las propiedades de Guacalito

Una muestra del auge y caída del turismo es Guacalito. Los videos de la página web muestran calles rodeadas de casas y villas de tres pisos, con áreas de estar, comedor al aire libre, jardín, una piscina y una terraza separada. Diseños inspirados en joyas arquitectónicas coloniales, con un verde entorno que se puede apreciar desde unas paredes de vidrio que se abren hacia un área de parrilla.

Se trata de propiedades de las más costosas de Nicaragua. El proyecto vende propiedades de hasta USD$3.5 millones, pero otras de menor valor se pueden cotizar en línea, a través de la agencia de bienes raíces Discover Real State, en la que se ofrece un apartamento de tres habitaciones en el condominio Las Terrazas, dentro de Guacalito, por USD$538.000. En otra página de Bienes Raíces, La Bolsanica, se cotiza una villa de 435 metros cuadrados a UD$675.000.

El efecto comercial que causa en las comunidades suelen ser parte de las justificaciones oficiales para las exoneraciones de grandes proyectos. Igual los empleos indirectos y directos que generan, además de su calidad. 

Sin embargo, el tema fiscal apunta a un tratamiento especial en el sector turismo. Mientras un documento publicado por la Dirección General de Ingresos (DGI) en marzo de 2019 indica que las retenciones por la compra y la venta de propiedades varían por su valor, una revisión de la ley que rige en ese sector permite ver que las exoneraciones del pago de impuestos son generosas en el caso inmobiliario.

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Por ejemplo, normalmente una casa valorada en más de USD$50,000 paga 2% de retención por su valor, mientras que una propiedad de más de USD$500,000 paga 7%. La lectura de la norma de turismo permite entender los generosos beneficios extraordinarios que reciben los empresarios del sector, un tema del cual ellos evitan dar declaraciones públicas. 

Para este reportaje, por ejemplo, no respondieron a la solicitud de entrevista el gerente inmobiliario de Guacalito de la Isla y el vocero del Grupo Pellas, Ariel Granera.

Además de las exoneraciones por el negocio inmobiliario, los empresarios turísticos gozan de exenciones de impuestos sobre la renta de entre 80% y 100% durante 10 años. También del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el pago de servicios de diseño y construcción, y compra de materiales de construcción y accesorios para edificaciones. Y si deciden reinvertir el 35% del valor de la inversión aprobada, todos los beneficios pueden ser renovados por 10 años.

Al llegar al complejo turístico, las instalaciones lucen cerradas y en el aeropuerto de Costa Esmeralda, ubicado a cinco millas de Guacalito de la Isla, del cual Pellas es dueño del 80% y el Estado del 20%, pudo apreciarse que las oficinas están abandonadas, aunque es frecuente la presencia de militares y policías. Un grupo de ellos tomó fotografías a nuestro equipo periodístico y al vehículo en que se trasladaba.

El auge de la banca

Desde que Ortega se sentó en la silla presidencial, los bancos han tenido crecimientos de sus depósitos de entre el 26% y el 167%, y algunos incrementaron sus activos en más del 300%. A la vez, es un sector que anualmente recauda más del 30% de los Impuestos de Valor Agregado (IVA) en el Presupuesto del Estado, el rubro de la economía que más aporta.

En 2010, la familia Pellas vendió el Banco de América Central (BAC) por USD$1,900 millones al empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento, fundador del grupo Aval en Colombia. Las relaciones de los empresarios con el poder político fueron vistas como un activo en esta negociación.

En una nota de Confidencial, fuentes vinculadas a este trato financiero relataron que para la venta del BAC, Pellas pretendió quedarse con el 10% de las acciones porque le ofrecía a su comprador una «línea directa» de contacto con Ortega. Sin embargo, «el magnate colombiano abrió una. Al final compró la totalidad de las acciones, evidenciando que Pellas era prescindible en su operación». 

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Aunque el BAC cambió de dueño, este banco siguió registrando los mejores números a nivel nacional. Según la Superintendencia de Bancos (Siboif), pasó de tener depósitos de USD$474 millones en 2007 a USD$1,270 millones en 2017. Es decir, un crecimiento de 167% en 10 años, el mayor en ese período, en el que sus activos totales se incrementaron en 396%.

La familia Pellas regresó al negocio financiero con la fundación del banco Avanz en 2018, mientras otros banqueros se consolidaron. La segunda institución financiera con cifras más destacadas fue el Banco de la Producción (Banpro) de Ramiro Ortiz Mayorga con un crecimiento de 113% de sus depósitos y sus activos totales crecieron 320%.

Aunque los ejecutivos de este sector suelen describir su éxito basado en decisiones adecuadas de colocación de créditos, expansión regional y talento humano, en Nicaragua el crecimiento de los bancos se asocia principalmente a las altas tasas de intereses con respecto a la región.

Según la secretaría ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, en enero de 2018 la tasa de interés activa, la que cobran los bancos por los créditos, era de 8,76% mensual, la segunda más alta de la región después de Costa Rica (10.13%). Dos años después las tasas se han elevado mucho más. Hasta junio de 2020 la tasa subió a 9.68%, convirtiéndose en la más alta de Centroamérica, seguido por Panamá (8.30%). Esto ha generado que los bancos en Nicaragua también tengan los más altos porcentajes de rentabilidad de toda Centroamérica y República Dominicana.

Cuando Ortega llegó al poder en 2007, los índices de rentabilidad anuales eran del 15.4%, mientras que en 2016, en pleno funcionamiento del diálogo de consenso con los empresarios, llegó hasta 27.85. Ninguno de los países de la región ha tenido este tipo de rendimiento en los últimos 13 años. El que más cerca estuvo fue Guatemala con 20.65 en 2016. A pesar de la crisis de 2018, la rentabilidad de los bancos nicaragüenses fue una de las tres mejores, según estadísticas del mismo Consejo Monetario.

Entre 2008 y 2012, el Banpro pasó de tener activos totales de USD$1,003 millones a USD$1,496 millones, convirtiéndose en el más poderoso de Nicaragua. Según los informes del mismo banco, este inició con activos de USD$8 millones en 1991, hasta llegar redondear activos de USD$2,185 millones en 2017. En un mensaje dirigido a sus accionistas, el empresario resumió su éxito por «la prudente administración de riesgos». El aumento de los depósitos entre 2007 y 2017 no fue explicado por el gerente del grupo, Luis Rivas, a quien se le envió una solicitud en ocasión de esta investigación del especial #NicaraguaNoCalla. 

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Las operaciones bursátiles son otro indicativo para medir la estabilidad financiera. El gerente de la Bolsa de Valores de Nicaragua, Gerardo Argüello, dijo que en 2017 se transaron USD$1,500 millones. Sin embargo, a raíz de la crisis de 2018, con todo y que ofrecen los rendimientos más elevados de toda la región centroamericana, las transacciones bajaron hasta USD$250 millones. «La plata es bien cobarde, a pesar de que los rendimientos que se ofrecen en la Bolsa son altos, la gente sacó su plata de los bancos y de la bolsa por temor», dijo. 

La fuga de depósitos entre abril de 2018 y julio 2019 fue de USD$1,656 millones. A partir de agosto de ese año se empezó a estabilizar sin que haya vuelto a la normalidad de años atrás. El país va de crisis en crisis.

La rentabilidad de las mineras

A pesar de la crisis económica en Nicaragua, hasta agosto de 2020 la minería registró exportaciones de USD$408 millones en oro, una cifra récord en los últimos 10 años y que se encuentra en el trono del resto de áreas de la economía local que ahora reportan caídas. Sin embargo, lo que aportará por derechos de concesiones mineras son USD$15.8 millones, menos del 1% de todo el Presupuesto, según los informes de ejecución de Hacienda.

Según Báez, la rentabilidad de la minería se debe a las ventajas fiscales que reciben las empresas. La exención del pago de impuestos a los inmuebles dentro del perímetro de concesión y tasa de 0% aplicable a las exportaciones convierte el aporte tributario en «irrisorio». 

De acuerdo con datos del Centro de Trámite de Exportaciones (Cetrex), las exportaciones de oro sumaron USD$2,000 millones en los últimos cinco años, un período en que el Estado recibió por este rubro USD$62.3 millones, es decir el 3.1% uno de los aportes más bajos de todos los sectores de la economía.

En defensa de la industria, Omar Vega, un ingeniero que ocupa el cargo de gerente país de la trasnacional Calibre Mining, dueña de la concesión de Mina El Limón, ubicada en el occidente del país, señala en una entrevista con CONNECTAS como algo positivo los empleos generados y dice que no sabe la cantidad de la contribución que aportan al Presupuesto. 

«Calibre genera un poco más de tres mil empleos dignos de manera directa e indirecta. Nuestras operaciones también aportan a la dinamización de la economía local en los municipios donde tenemos presencia y aportan con inversión social en proyectos específicamente de educación, salud y medios de vida. Todo esto en definitiva hace que la contribución de la empresa vaya más allá de solo el pago de impuestos», dijo Vega. Además, afirma que, de cada USD$100 generados, 73 quedan en el país a través de salarios, impuestos, consumo de electricidad, combustible, entre otros.

Paradójicamente a todos los beneficios laborales que los funcionarios de las mineras intentan proyectar, hasta agosto de 2020, eran pocos los que gozaban de esos incentivos. Este sector tenía registrados 4,802 empleados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el que menos trabajos formales de todos los sectores registra en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El foco laboral está lejos de la atención mediática. Según documentos de la misma minera, la empresa proyecta que pasarán de producir 12,871 onzas troy en 2018 a 62,500 onzas troy en 2020, pese a la crisis. Para lograrlo necesitan mantener la estabilidad. Esa tarea la hace el gobierno de Ortega. 

Tres miembros de sindicatos de Calibre Mining dijeron que el Ejecutivo es el mediador entre la empresa y ellos. En 2015, en Mina El Limón hubo enfrentamientos entre policías y trabajadores de la empresa, que provocaron la muerte de un oficial. Los mineros pedían más beneficios que se negaban a otorgarles. 

«Ahora tenemos el apoyo del Gobierno. Para que el personal no haga huelga, ellos (operadores del Frente Sandinista) buscan cómo resolvernos», dijo Luis Ramos, secretario del sindicato Pedro Roque Blandón, el más grande con 350 afiliados de los 550 trabajadores de la minera. 

Sentado al frente de unas banderas de Nicaragua y del Frente Sandinista, Carlos Urrutia Vega, secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros (Sitram) dijo que los personeros del Gobierno designados para mediar en los conflictos son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los operadores más cercanos de la pareja presidencial, y Roberto González, líder de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y exdiputado. «El gobierno siempre está resolviendo los conflictos», destaca.

Hace algunos años, este hombre fue operador de palas subterráneas en Mina El Limón. Ahora, desde su oficina dice que los trabajadores tienen el convenio colectivo mejor pagado de toda Nicaragua, ya que reciben salarios que promedian USD$1,400, desglosados en salarios bases que oscilan en unos USD$542. El 15 de cada mes reciben un pago extra por producción, que en septiembre fue de USD$657 para cada trabajador. Además, el 24 de cada mes reciben un bono de alimentos de USD$225 y subsidios para las reparaciones de sus viviendas, porque las explosiones en la mina desprenden los pisos y rajan las paredes. La empresa Calibre Minning subsidia los servicios de agua y luz eléctrica a todos los pobladores. «Estos beneficios los hemos obtenido porque el Gobierno nos ha dado las condiciones para trabajar», dice Urrutia.

Como Somoza

La alianza entre el sector público y privado es similar a la que tuvieron los empresarios con Anastasio Somoza García, quien gobernó el país entre 1937 y 1956.  Ahora, muchos años después lo repite Daniel Ortega quien, siendo guerrillero, ayudó a derrocar al último de la dinastía somocista en 1979.

El sociólogo e historiador Óscar René Vargas dijo que el acuerdo que hizo Somoza García con los empresarios fue uno de los elementos que le permitió permanecer en el poder. En enero de 1937, la familia Pellas, dueña del Ingenio San Antonio, pagó una página entera en un periódico para felicitar y reconocer al fundador de la dinastía como presidente de Nicaragua. 

En agradecimiento, el mandatario emitió un decreto ejecutivo en el que les daba una serie de concesiones por 12 años, entre ellas excepción de impuestos fiscales, la libertad de uso de divisas en exportaciones e importaciones y descuentos en fletes del ferrocarril y el muellaje. 

Vargas dice que la estrategia de Somoza García es la misma que sigue Ortega: «Plata para los aliados, palo para los indecisos y plomo para los enemigos. Sólo así puede consolidar su hegemonía política, económica y social».

No en vano, la ruptura pública de la alianza con los empresarios se dio en 2018, cuando la población se manifestó pidiendo la renuncia de Ortega. También cuando el Ejecutivo anunció una reforma a la seguridad social que aumentaba la cuota del sector privado.

Pequeños empresarios han denunciado presiones fiscales y, el 31 de octubre de 2020 los presidentes de las Cámaras empresariales, Carmen Hilleprandt, de Comercio, y Marcos Pierson, de Industria, enviaron una carta al mandatario pidiéndole una reunión para revertir una reforma tributaria, dado que había negocios a punto de quebrar. 

Los empresarios se han quejado de la eliminación de listas para exoneración de diferentes impuestos en insumos nacionales e importados que han utilizado varias empresas, pues están aumentando sus costos de producción.

Aunque el nuevo presidente del Cosep, Michael Healy, un empresario que pertenece a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), dijo que la misiva no contó con el apoyo de todo el gremio empresarial, el pasado 14 de octubre él mismo pidió a Ortega «solucionar los problemas de los nicaragüenses». Antes, en agosto, llamó a «estar listos ante un llamado eventual de un acuerdo político y económico». En enero de 2020 dijo que no conversarían sobre lo económico sin ver lo institucional.

La ACJD tiene en su consejo ejecutivo a siete empresarios, el segundo sector que tiene más representantes, sólo por detrás de los estudiantes, que cuentan con 12. Recientemente entraron en crisis, porque votaron por separarse de la Coalición Nacional que reunía hasta hace poco a movimientos sociales, intelectuales y universitarios.

El experto tributario Julio Francisco Báez dijo que «los empresarios actualmente tienen una nostalgia de que revivan los intereses que tenían con el gobierno de Daniel Ortega, y que por la crisis de 2018, están moribundos o por morir». 

No se puede afirmar que el acuerdo de los empresarios con Ortega sea la causa directa de la represión, pero al sector privado le ha salido caro con la población mantener el modelo de diálogo y consenso. Hay sectores que cuestionan su pasividad.

En un barrio al norte de Managua, Nelson Lorío, padre de un niño de 14 meses asesinado por paramilitares en la crisis de 2018, tiene una opinión sobre el papel de los empresarios y asegura que «la economía se recupera, pero la vida de un hijo, nunca”. «Quisieron lavar sus caras con la sangre de nuestros hijos. No pudieron, porque al final sacaron su verdadero rostro: los intereses económicos», dijo

Desde 2018, los empresarios han llamado a paros en cuatro ocasiones. Un estudio de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estimó que cada uno significó pérdidas de USD$18 millones.

El economista Alejandro Aráuz cree que debería darse uno nuevo y que eso puede incidir. Aunque es imposible determinar si será así realmente, la demanda pone a prueba a un sector que ha intentado tomar distancia de su responsabilidad sobre el estado actual de la nación, escondido tras sus negocios.

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