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El Gobierno de Guatemala oculta datos de los beneficiarios de los fondos de rescate

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El Gobierno de Guatemala oculta datos de los beneficiarios de los fondos de rescate

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CLIP en alianza con Guatemala Leaks (plataforma periodística integrada por Agencia Ocote, El Intercambio, Ojoconmipisto y Plaza Pública) confirmó que el gobierno no quiere revelar quiénes fueron los beneficiarios de los fondos de rescate a trabajadores y empresarios. Testimonios de pequeños empresarios y profesionales revelan que el beneficio no fue para ellos, pero sin información sobre estos dineros públicos, es difícil saber si ellos son la norma o la excepción.

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De madrugada, y con acceso limitado para la prensa, el Congreso aprobó cuatro programas de rescate económico para empresas, profesionales y trabajadores guatemaltecos. En dos sesiones —25 de marzo y 3 de abril—, los diputados autorizaron préstamos y bonos por 5,230 millones de quetzales (672 millones de dólares) para paliar las consecuencias de la pandemia.

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Los fondos fueron bautizados como: Protección de Capitales, Crédito para Capital de Trabajo, Protección al Empleo y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Gobierno delegó la gestión de los recursos a tres bancos privados y tres cooperativas. Transcurridos siete meses, las entidades bancarias entregaron casi la totalidad del dinero —equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB)— pero las autoridades se rehúsan a informar quiénes son los beneficiados.

Guatemala Leaks, como parte de una colaboración transfronteriza con Poder de México, Contracorriente de Honduras, Canal 13 Noticias de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), hizo las consultas a dos ministerios, un banco estatal y seis entidades financieras privadas. Ninguno dio información concreta sobre las empresas o personas que recibieron los préstamos o los bonos girados por tres de los cuatro fondos. El cuarto, destinado a la micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) y canalizado a través de cooperativas, aún no ha sido habilitado.

El diputado Orlando Blanco, del partido de oposición Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunció el martes 10 de noviembre que entre los beneficiarios del fondo Protección al Empleo figuraban un partido político y una empresa vinculada con el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que guarda prisión. Identificó los nombres de los empleados y los montos percibidos. Obtuvo esta información porque las autoridades están obligadas a responder los requerimientos de los legisladores.

El listado de beneficiarios, sin montos ni días trabajados, también lo consiguió el centro de pensamiento Diálogos por acceso a la información. La clave está en que el ministerio de Economía decidió hacer públicos los datos cuando terminó el estado de calamidad. Guatemala Leaks hizo de nuevo la solicitud el día 10 sobre este fondo para fiscalizar la información.

Esta opacidad contrasta con otros programas en los que los destinatarios finales no son empresas. Diputados de la UNE revisaron los beneficiarios del Bono Familia que pretendía entregar 1,000 quetzales mensuales por tres meses a cada hogar en condiciones de pobreza. Tras revisar el padrón de quienes recibieron los aportes encontraron más de siete mil fallecidos. El Ministerio de Desarrollo lo atribuyó a tres variables: las familias reportaron los decesos al Registro Nacional de las Personas (Renap) fuera del plazo que establece la ley (tres días); dieron los nombres de los propietarios de las viviendas que alquilaban, o que algunos fallecieron por la pandemia entre la primera y segunda entrega.

El programa entregó dos de los tres pagos. El tercero será de 250 quetzales (32 dólares)  porque, según las autoridades, la cantidad de beneficiarios fue mayor. Al 7 de noviembre se había ejecutado el 91% de lo asignado, es decir, 5.474  millardos de quetzales (704 millones de dólares) de los 6 millardos de quetzales (771 millones de dólares).

Alivio para las finanzas empresariales

El 5 de marzo, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decretó Estado de calamidad por la pandemia de la COVID19. Once días después cerró las fronteras y el aeropuerto; suspendió todas las actividades económicas no esenciales y ordenó un toque de queda desde las cuatro de la tarde. Esto frenó la economía en seco.

Como respuesta, el Congreso aprobó 1,850 millones de quetzales (casi 238 millones de dólares) para el Fondo Protección al Empleo para aliviar la carga laboral a las empresas que pagan seguridad social y otras prestaciones de ley. Así suspendieron los contratos laborales, y el gobierno asumió el pago de los trabajadores suspendidos por tres meses. Estableció una retribución diaria de 75 quetzales (9.64 dólares) –equivalentes a 2,250 quetzales mensuales (289 dólares)–. El Ministerio de Trabajo habilitó un formulario electrónico para hacer un trámite exprés.

El programa tardó casi un mes en arrancar y fue hasta la segunda semana de mayo cuando los trabajadores pudieron acudir a los cajeros automáticos a retirar su dinero. Con la suspensión del estado de calamidad, el pasado 30 de septiembre, el Ejecutivo decidió trasladar el remanente a trabajadores «de los sectores más golpeados por la crisis derivada de la COVID19», como el turismo, hotelería y artistas. Sin embargo, el martes 10 de noviembre, el Congreso destinó esos recursos a los departamentos afectados por la tormenta Eta.

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La industria manufacturera, incluye maquilas, fue el sector que más atención recibió en los primeros meses. Según el Ministerio de Economía, para el 19 de octubre pasado, el 19.7% de la ayuda se destinó a trabajadores de esta área. El titular de Economía, Antonio Malouf, es ingeniero textil y presidió la Asociación Guatemalteca de Exportadores –Agexport– y el Cacif que aglutina asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras del país.

Una fuente de la cartera de Economía indicó que en los primeros meses del programa (mayo, junio y julio) las maquilas tuvieron prioridad, luego comenzó a beneficiar a otras empresas. Al 19 de octubre, la segunda actividad económica atendida fue hoteles, ocio, viajes, alojamiento y restaurantes (18.7), y comercio (17.6).

Datos entregados a Guatemala Leaks por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), parecen confirmar esta información. A 17 de agosto, cuatro de las cinco compañías que más empleados suspendieron eran maquilas: Sam Sol con 2,121 trabajadores, Sae A Texpia con 2,110, Denimville con 1,756 y Koa Modas con 983. Pero al 10 de septiembre, los datos ya habían cambiado: la industria manufacturera pasó a ser el cuarto grupo más beneficiado, con el 14.84%.

El Ministerio de Trabajo entregó un listado de 17,115 empresas que solicitaron la subvención y el número de empleados, pero no identificó a los trabajadores ni los montos entregados. Luego de contrastar con la información de Guatecompras, se constató que al menos 7,798 han sido proveedoras del Estado.

Yorleny Patzán es operaria de la fábrica Winners que reportó 177 empleados. Es una empresa que dedicada a la confección de ropa para GAP, Old Navy y piezas que Walmart vende en Estados Unidos y Canadá. Ella fue suspendida junio y la mitad de julio. Sin embargo, sólo recibió 1,700 quetzales (218 dólares), el equivalente a 22 días. «Otras compañeras recibieron menos. No sé por qué», dijo.

Esto se repitió en otras maquilas como Sam Sol, Koa Modas y Texpia. Las tres admiten que el programa ayudó tanto a la empresa como al trabajador, pero los pagos fueron parciales. En Sae A Texpia, 101 personas tampoco recibieron su pago completo. «Hemos llamado al Ministerio a preguntar, pero lo único que nos dicen es que tengamos paciencia. Nos dijeron que aun cuando termine el estado de calamidad, les darán el bono».

Las respuestas del Ministerio de Trabajo a sus consultas varían. En algunos casos, lo atribuyen a que el patrono no actualizó la base de datos como debía hacerlo cada 15 días. Y si esto fue así, se perdió el beneficio. «Se requiere una investigación para recuperarlo», dijo Byron Dardón, de la oficina de comunicaciones de Economía.

Este programa también apoyó a iglesias y fundaciones. Fue el caso de la iglesia evangélica Cristo Maranatha. La administradora dijo que como los seguidores dejaron de asistir a los servicios se quedaron sin recursos para pagar a los empleados y al pastor de la congregación. El fondo sirvió para pagarle a ocho personas y seguir adelante. «Dios fue muy misericordioso y no todos los fieles dejaron de donar», indicó.

La Fundación Católica Trigo, por su parte, se registró ante el ministerio, y solicitó la ayuda gubernamental para dos personas porque su comunidad dio donaciones y alimentos.

Las organizaciones y las empresas beneficiadas no tendrán la obligación de reintegrar los dineros públicos con los que se pagaron a sus trabajadores. Y ante la renuencia del Gobierno a informar, se desconoce cómo se distribuyó el fondo entre las diversas empresas, ni cuántos empleados recibieron los pagos completos o parciales.

El Ministerio de Trabajo autorizó las suspensiones por tres meses y trasladó el listado de trabajadores por empresas a la cartera de Economía. Este verificó la información –nombre completo, documento de identidad, teléfono celular, fecha de suspensión– y la trasladó al banco estatal que recibió los recursos –Crédito Hipotecario Nacional (CHN)–, y este hizo la transferencia a los trabajadores.

El Gobierno ofreció pagar 2,250 quetzales mensuales (289 dólares) –monto menor al salario mínimo– durante tres meses para un total de 6,750 quetzales (868 dóalers). Sin embargo, el monto fue menor. Según la respuesta que el CHN dio a esta alianza periodística, al 8 de octubre había pagado 1,132,988,550 quetzales (145.6 millones de dólares) a 184,660 trabajadores. Es decir, un promedio de 6,135,53 quetzales por persona (789 dólares).

La retribución mínima mensual para el sector de maquila es de 2,831.77 dólares (368 dólares), la menor de las tres categorías establecidas por el Ministerio de Trabajo para este año. Las otras dos, agrícolas y no agrícolas, ascienden a 2,992.37 quetzales (389 dólares) y 3,075.10 quetzales (399 dólares), respectivamente.

«Nos ayudó porque si no hubiéramos tenido que despedir gente. Todos pasamos problemas en la pandemia. (El monto) es mejor que nada. Aún faltan siete personas a quienes les paguen todo», dice el encargado de recursos humanos de OK Modas. Esta maquila reportó 348 trabajadores.

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Los préstamos sin rostro

Otro de los fondos ideados para ayudar al sector privado durante la pandemia fue el de Protección de Capitales. Este ofreció créditos al 4.68%, una tasa hasta dos tercios más baja que la promedio reportada por el Banco de Guatemala (Banguat) –12.49%–, y mucho menor que la que cobran los bancos por algunos créditos comerciales, la cual puede llegar hasta el 28.51%.

Los créditos tenían como objetivo que el sector productivo sobreviviera el cierre y no hiciera despidos masivos. Para ello, ofreció préstamos hasta por 15 años que requirieron garantía fiduciaria, mobiliaria o hipotecaria, según el caso. Una cooperativa de ahorro y crédito podría optar hasta por 5 millones de quetzales (642,673 dólares), una empresa por 2 millones de quetzales (257,069 dólares), comerciantes individuales por 160 mil quetzales (20,565 dólares); profesionales, 100 mil quetzales (12,853 dólares) y emprendedores hasta 30 mil quetzales (3,856 dólares). Todos los préstamos tienen un año de gracia, sólo deben pagar los intereses.

Para este fondo, en abril, el Congreso destinó 250 millones quetzales (32.15 millones de dólares), pero fue hasta julio —tres meses después—, que el CHN comenzó a dar los préstamos. Empresarios que solicitaron el crédito una semana después de ser anunciado dijeron que nunca obtuvieron respuesta de parte del banco. 

José Moreira fue uno de ellos. Motivado por la tasa de interés más baja que la de los bancos privados, decidió comenzar el trámite en el CHN para salvar su empresa de elaboración de bebidas y no despedir a cinco empleados. El 16 de marzo, cuando Giammattei cerró el país, le debían productos que había dado a crédito, en especial a bares y restaurantes que fue el segundo sector más afectado.

Reunió los documentos y la última semana de abril fue a entregarlos. Pero le informaron que los préstamos inmobiliarios e hipotecarios —que tenían un límite de crédito de 2 millones de quetzales (257,069 dólares)— no estaban habilitados. Solo podían ofrecerle el fiduciario –160 mil de quetzales máximo (20,565 de dólares)– a tres años plazo.

Moreira firmó los papeles y salió con la esperanza de haber encontrado un alivio para sus finanzas. «El proceso sí avanzó, luego hubo un silencio total en el CHN. Nunca me dieron respuesta. Jamás llegó el préstamo», reitera el empresario que ahora vende las bebidas de puerta en puerta, junto con sus empleados. «Quedé muy decepcionado. Mi empresa tenía todo en ley», dice. Hasta la fecha sólo ha recuperado un 40% del producto dado a crédito. «No tengo nada para agradecer al gobierno. Si no quebramos, fue por el esfuerzo de mis trabajadores».

La falta de transparencia (y de resultados) en el caso de Moreira, muestra la misma opacidad con que el gobierno maneja la información sobre estos programas. Ante la pregunta de Guatemala Leaks de quiénes, qué sectores o qué tamaño de empresas se habían beneficiado, el CHN dijo que no podía responder porque la información de sus créditos estaba protegida por el secreto bancario, según la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y sólo la daría si un juez lo ordena. 

Guatemala Leaks presentó un recurso de revisión y argumentó que se trata de fondos públicos. Pero este fue rechazado por la junta directiva CHN, presidida por Gustavo Adolfo Mancur Milián.

«Los fondos públicos deben poder ser auditados por cualquier persona. Lo que hace el CHN está fuera del marco de ley», indicó Lilian Sierra, titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública (Secai). Esta dependencia del Procurador de los Derechos Humanos –la autoridad reguladora de la LAIP– ya recibió dos denuncias al respecto. La Dirección de Procuración, agregó, realiza el análisis legal para determinar qué procede. «Puede ir a la Contraloría de Cuentas para una sanción administrativa o al Ministerio Público para que realice una investigación penal» explicó.

Víctor Mancilla, ex superintendente de Bancos, explicó que debido al secreto bancario no se puede dar a conocer información de cuentas bancarias. »Como se trata de dinero público debe ser el ministerio de Finanzas quien de la información o autorice al banco entregar los datos de los préstamos otorgados».

Lo que sí compartió el banco fue que hasta la fecha consultada —8 de octubre—, había colocado casi todo el dinero 237 millones de quetzales (US$30 millones de dólares) de los 250 millones de quetzales (32 millones de dólares) en 458 préstamos. Las empresas se llevaron 220 millones de quetzales (US$28 millones de dólares); comerciantes individuales obtuvieron 10.5 millones de quetzales (1.34 millones de dólares); los profesionales recibieron 5.4 millones de quetzales (690,000 dólares) y a los emprendedores les dieron 1 millón de quetzales (128,534 dólares).

En la Contraloría General de Cuentas no respondieron la consulta si ya habían recibido información por parte del CHN en el proceso de auditoría a estos fondos de rescate.

Alberto Ramírez tuvo una experiencia similar a la del microempresario Moreira. Su empresa, que distribuye productos químicos para ingenios azucareros, había facturado 8 millones de quetzales (1.02 millones de quetzales) en los últimos dos años. Debido al cierre de actividades no realizó venta alguna por dos meses. En la última semana de mayo solicitó un préstamo al CHN por 600 mil quetzales (77,120 dólares) tres años plazo a una tasa de interés de 4.8%.

Dos meses después lo contactaron del CHN y le dijeron que trasladarían su solicitud a otro programa: Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, pero debía ampliar su solicitud hasta 1 millón de quetzales (128,534 dólares) con una tasa del 6%. Llenó los documentos. Hace dos meses de eso y perdió la esperanza de obtener una respuesta.

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De banco en banco

El Congreso aprobó 2,730 millones de quetzales (351 millones de dólares) para financiar el fondo de Capital de Trabajo con el fin de dar préstamos a empresas y comerciantes para que continúen con sus operaciones. El crédito tiene un límite de 250 mil quetzales (32 mil dólares), el cual puede pagarse hasta en ocho años, con una tasa de interés del 6%.

Según el Banguat, los bancos sólo ofrecen esta tasa al sector conocido como «empresarial mayor» que solicita préstamos mayores a 5 millones de quetzales (650 mil dólares). De lo contrario, la tasa promedio oscila entre el 12 y 28%, dependiendo de cada institución financiera.

De acuerdo con el presidente del CHN, Mancur Milián, para que su institución manejara este flujo de dinero se requiere reformar la ley orgánica del banco para adaptar plazos, tasas de interés, crear nuevas agencias y contratar más personal. Pero, estas reformas no avanzaron en el Congreso.

Por ello, el CHN firmó acuerdos con tres bancos del sistema para que dieran los créditos: Inmobiliario al que trasladaron 200 millones de quetzales (26 millones de dólares), Banrural con 550 millones de quetzales (71 millones de dólares) y Banco de los Trabajadores 50 millones de quetzales (6 millones de dólares). Y con tres cooperativas de ahorro: Fenacoac con 425 millones de quetzales (55 millones de dólares); Fedecope 10 millones de quetzales (1.28 millones de dólares) y Cooperativa La Prosperidad 500 mil quetzales (64 mil dólares).

Nery Espina, dueño de un restaurante y un hotel de Moyuta, Jutiapa, visitó la primera semana de mayo la agencia del CHN en el municipio de El Progreso, pero le dijeron que ya era muy tarde porque habían entregado los fondos. Así que fue a la agencia de Banrural a solicitar 160,000 quetzales (20,565 dólares). Esperó por dos meses, pero no lo llamaron.

Acudió, entonces, a una oficina de Bantrab dónde lo hicieron repetir cuatro veces la solicitud en diferentes fechas. «Un trabajador me dijo que como este programa no forma parte de su cartera de créditos y no le ayuda a llegar a sus metas, no le presta mayor atención», explicó Espina.

Erick Cabrera pidió un préstamo por 70 mil quetzales (8,997 dólares) en el CHN la primera semana de julio, le indicaron que todo el dinero ya había sido entregado. Le sugirieron ir a Banrural, pero allí le explicaron que por orden de Gerencia ya no tramitaban préstamos gubernamentales.

En tanto que un empresario de los libros en Guatemala, se topó con este problema para optar a un crédito que le permitiera sostener su empresa: «Acudí a Banrural. Llené papelería en donde me pedían detallar mis utilidades de años anteriores y los estados de cuenta de la compañía, pero este año mis ingresos bajaron y me rechazaron por eso», dice.

Actualmente su personal labora con el 60% de su salario, medio tiempo. No logró recibir ayuda de bancos ni del Gobierno. Es por esto que cuando recibe una llamada al celular, espera que sea un cliente interesado en adquirir libros. «En Guatemala necesitamos bibliotecas con presupuesto que ayuden a escritores, editores y librerías. En este país, pocos tienen 100 quetzales para adquirir libros», lamenta.

Guatemala Leaks consultó al CHN por los beneficiados de este programa. La Unidad de Información Pública argumentó que era información confidencial y se limitó a responder que había otorgado 89.8 millones de quetzales (12 millones de dólares) en 860 préstamos. Un promedio de 25,360 quetzales (3,260 dólares) cada uno. De estos, 64.5 millones de quetzales (8 millones de dólares) fueron para personas individuales y 25.3 millones de quetzales (3 millones de dólares) para empresas. 

Aunque Guatemala Leaks contactó con los bancos Inmobiliario, Banrural y Bantrab, estos respondieron que el CHN aglutina toda la información y no están autorizados para dar a conocer cómo se ha distribuido el dinero. Las cooperativas dieron la misma respuesta. Esto se conocerá hasta 2021, cuando el CHN reporte a la Contraloría General de Cuentas cuántos créditos otorgó, a quién, dónde y el monto.

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En cuanto al cuarto fondo de rescate –Protección al empleo y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa, de 400 millones de quetzales (51.41 millones de dólares)– que fue aprobado el 1 de abril pasado, este aún no funciona. De acuerdo con el Ministerio de Economía, el gobierno tramita con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este préstamo. La oficina de información del BID confirma que está en trámite.

Giammattei se abstuvo de pedir al Congreso prorrogar el estado de calamidad que terminó el 30 de septiembre. Ese mes, el CHN le dijo a Adán García, un ingeniero en sistemas que solicitó en julio 60 mil quetzales (7,712 dólares), que su crédito había sido aprobado. «¿Se imagina que fuera para el rescate económico? Primero mueren los rescatados. El país se abrió antes de que llegara el préstamo».
(Tipo de cambio utilizado para este reportaje: 1 dólar por 7.78 quetzales. Los montos en dólares fueron aproximados).

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