Durante la presentación de las organizacines peticionarias se presentó el panorama que enfrentan quienes defienden derechos humanos y quienes actúan con independencia en su función jurisdiccional como personas operadoras de justicia. De acuerdo con la CDH, alianza que integran nueve organizaciones nacionales de derechos humanos, en Guatemala se ha consolidado un retroceso autoritario «ejecutado por la alianza político-económico-criminal. Misma, que se ha perpetuado en el poder con procesos anómalos e ilegítimos para designar autoridades, con el objetivo de saquear al Estado y asegurarse impunidad, mediante elecciones fraudulentas, como la del rector de la USAC –única universidad pública– y la elección de las Altas Cortes del país».
En ese marco, indica la CDH, persisten el hostigamiento, la intimidación y la criminalización desde el Ministerio Público, en alianza con el Mecanismo Nacional Contra la Tortura y la no estatal, Fundación Contra el Terrorismo. El Relator Titular del Mecanismo, el juez Lesther Castellanos, es querellante adhesivo junto con la Fundación Contra el Terrorismo, en contra de la Fiscal de la FECI, Virginia Laparra, privada de libertad y sometida a tortura.
Las organizaciones de derechos humanos participantes, expusieron en detalle las circunstancias que enfrentan personas operadoras de justicia que son hostigadas con procesos espurios, con la connivencia del Estado, particularmente del Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CC).
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En respuesta al planteamiento de las organizaciones de sociedad civil, la numerosa delegación del Estado, que incluyó a oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), argumentó que no aceptaría acusaciones internacionales y que demandaba respeto al debido proceso. Durante su presentación, el funcionario del gobierno que no se identificó, afirmó que en Guatemala no hay agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
El expositor, al parecer olvidó los numerosos asesinatos de personas defensoras de derechos humanos que hacen de Guatemala uno de los cinco países a nivel mundial con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en 2021. También obvió considerar la criminalización y persecución a quienes defienden el derecho a la tierra, como Bernardo Caal o María Choc. Ni qué decir de la golpiza que ayer propinó la PNC a estudiantes de la Usac, así como a periodistas que han sido impedidos de cumplir su labor y agredidos en el desempeño de sus funciones.
La respuesta de los representantes del MP y del Organismo Judicial (OJ) no fue menos cínica, con respecto a la violación del derecho de defensa de las personas criminalizadas. En su intervención el delegado del MP afirmó que la declaratoria de reserva de los casos es solo para personas y entes ajenos al proceso. Según el MP entonces, la persona sindicada es ajena a un juicio y por lo tanto no debe tener acceso al expediente. Lo que en la práctica, vulnera el principio del derecho de defensa.
La delegación estatal que superaba la docena de personas, pero de la que solo hablaron tres, estaba gastando horas de su rutina laboral pagada con nuestros impuestos para mentir cínicamente. Sin la menor vergüenza buscaron maquillar infructuosamente la terrible situación que enfrentan las personas defensoras y operadoras de justicia. El grupo oficial tampoco pudo explicar las condiciones miserables y de calamidad en que se encuentra el estado de derecho en Guatemala.
En definitiva, por más mentiras que inventen y afirmen sin inmutarse, no pueden maquillar la espantosa condición del país en todos los niveles. Al final de cuentas, el estado en que tienen a la institucionalidad democrática es como el agujero que se abrió en la ruta al Pacífico. Y, si ese no se tapa ni con miles de toneladas de lodocreto, la profundidad de la crisis que la alianza criminal ha producido no se enmascara con mentiras.
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