Desde su arresto, ha permanecido encarcelado y ha declarado en 11 ocasiones, en las que siempre ha negado los hechos que se le imputan.
Después de 20 audiencias de 14 testigos provenientes de Francia, Guatemala y España, así como cuatro comisiones rogatorias internacionales en Austria, España y Guatemala, la Fiscalía decidió el viernes 10 de enero llevar el caso en el Tribunal Penal ginebrino, al que pedirá una pena de prisión de más de diez años para Sperisen.
Los diversos hechos que se le imputan sucedieron entre julio de 2004 y marzo de 2007, cuando era jefe de la Policía guatemalteca y presuntamente ordenó la ejecución de siete detenidos y de tres presos fugados, con alteración posterior de las escenas del crimen.
Sperisen es uno de los tres antiguos altos cargos cuya captura internacional pidió un tribunal guatemalteco tras ser acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de integrar una estructura criminal dedicada a las ejecuciones extrajudiciales de reos.
Creada en 2006 bajo auspicios de la ONU e integrada por juristas internacionales, la Cicig tiene como objetivo ayudar al Gobierno guatemalteco a luchar contra la violencia en el país.
