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El Estado contrató a más de 700 políticos derrotados en elecciones pasadas

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Plaza Pública analizó los 27,447 candidatos a cargos de elección popular de las pasadas elecciones y detectó que, entre los derrotados (algo más de 23,500), al menos 729 personas tenían contrato, en 2013, en alguna de las 55 instituciones del Estado analizadas. La cifra equivale al 3.1% o a uno de cada 32 políticos derrotados. Pero estas cifras no lo dicen todo.

En estos días, muchos analistas examinan los fenómenos políticos como si funcionaran con la misma lógica con la que se dice que funcionan los mercados. Se da por sentado que todo son cálculos racionales. Por ejemplo, el transfuguismo político se interpreta como una decisión estratégica en la que los diputados, para maximizar su beneficio, hacen un balance entre su capital, los recursos que reciben del partido político, los costos de asociación y los costos de transacción. De igual manera se asegura que por medio de la política se distribuyen bienes de forma similar a como lo hace el mercado (los programas sociales como la Bolsa Segura y el Bono Seguro, por ejemplo, entregan alimentos o dinero), solo que sin que medie el mismo tipo de pago.

Aun cuando algunas acciones políticas distributivas son aceptadas, a otras la ley las penaliza, o generan un gran rechazo. Entre estas se encuentra el padrinazgo, práctica que los políticos utilizan con el objeto de ganar elecciones y consolidar su influencia y poder. El padrinazgo se define como una relación en la que el padrino ofrece prebendas públicas a sus seguidores a cambio de lealtad y obediencia. Este tipo de prácticas presenta graves problemas para la democracia y distorsiona el reclutamiento de personal en la burocracia estatal. En estos casos es sobre todo un asunto de carrera funcionarial, de servicio civil.

Dos ejemplos: la situación de ventaja de algunos empleados de la Comisión de Reforma Policial por su afiliación con el extinto partido ADN; o la de aquellos que, siendo afiliados al partido o sus promotores, obtuvieron puestos diplomáticos en el extranjero.

Las tácticas distributivas de los partidos políticos para ganar elecciones o incidir en el sistema son difíciles de comprobar. Pero en el gráfico inferior hay 729 posibles casos.

(Para verlo completo escriba 768 of 768 nodes. Puede ampliar o reducir el tamaño con los botones que hay a la izquierda.)

Una buena parte de los contratados, 167 (22.9%), pertenecía al Partido Patriota, que ganó las elecciones 2011. Inmediatamente después está la UNE-GANA con 73. La UCN con 68 y luego el LIDER, con 21.

El Ministerio de Salud es la institución que concentra mayor número de posibles casos de padrinazgo. Tiene 270. Le siguen el Congreso de la República con 153 casos. La Corte Suprema de Justicia, con 59 casos y el Ministerio de Desarrollo, con 48. Finalmente se encuentra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con 38 casos.

(Para verlo completo escriba 764 of 764 nodes.)

De los posibles casos de padrinazgo, 90 se refieren a candidatos a alcalde, 462 a síndicos y concejales, 18 a diputados al PARLACEN, y 159 a candidatos al Congreso de la República.

Es importante destacar que de los 22 departamentos, 176 casos se concentran en Guatemala. Le sigue el departamento de Alta Verapaz con 69 y Quetzaltenango con 43. Finalmente Huehuetenango con 41 y el departamento de Suchitepéquez con 40.

(Para verlo completo escriba 734 of 734 nodes.)

¿Da una idea del total?

Plaza Pública analizó el personal contratado en 55 entidades del Estado. Se obtuvieron los datos para 64,029 servidores públicos. Se tomó en cuenta el personal supernumerario, el personal por contrato, el personal temporal, y por jornales en ministerios, secretarías, comisiones y entidades descentralizadas. La información proveniente de las instituciones acerca de sus servidores públicos fue en varios casos deficiente o incompleta, lo cual dificultó el análisis, igual que la transición que se dio entre la cédula de vecindad y el documento personal de identificación.

Esta información es tan solo una fracción de la necesaria para hacer un análisis más profundo del fenómeno. Un estudio más detallado exigiría más información tanto por el lado de la afiliación a los partidos políticos como de los trabajadores públicos.

En el primer caso, la información sobre quién está afiliado a un partido, que sería el siguiente paso obvio, está protegida por garantía de confidencialidad.

En el segundo, por ejemplo, no se cuenta con los datos de las 333 municipalidades del país que existían hasta 2011, fecha de las elecciones. Esos datos son cruciales ya que parece razonable pensar que el padrinazgo es más alto a nivel local, donde que se combina con el caudillismo.

Asimismo falta información de otras entidades del Estado y de organizaciones no gubernamentales por medio de las que se brindan servicios públicos, como en la extensión de cobertura de salud.

¿Por qué hablamos de posibles casos de padrinazgo, y no directamente de padrinazgo? Porque conseguimos solo la información de quiénes trabajaban en el Estado en 2013, pero no desde cuándo trabajan en sus instituciones. Pudiera suceder que algunos de ellos hubieran obtenido su empleo o sus puestos antes de pertenecer a partido político alguno, y por lo tanto su posición no se deba a tráfico de influencias políticas.

Álvaro Montenegro

¿Qué entidades analizamos?

Asociación Nacional de Municipalidades

Comisión Portuaria Nacional

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico

Comité nacional de alfabetización

Congreso

Consejo Nacional de Adopciones

Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad

Contraloría General de Cuentas

Corte Suprema de Justicia

Defensoría de la Mujer Indígena

Dirección de correos y telégrafos

Dirección General de Aeronáutica

Dirección General de Caminos

Dirección General de Protección y Seguridad Vial

Dirección General de la Policía Nacional Civil

Dirección superior de Caminos

Empresa Portuaria Quetzal

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza

Fondo para el Desarrollo de la Telefonía

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola

Instituto Geográfico Nacional

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Instituto Guatemalteco de Turismo

Instituto Nacional de Administración Pública

Instituto Nacional de Electrificación

Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional De Sismología, Vulcanología, Meteorología E Hidrología

Instituto Previsión Militar

Ministerio De Ambiente Y Recursos Naturales

Ministerio de Cultura y Deporte

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Finanzas

Ministerio de la Defensa

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Trabajo

Procuraduría General de la Nación

Registro de información catastral

Registro nacional de las personas

Secretaria Nacional De Ciencia y Tecnología

Secretaría Coordinación Ejecutiva Presidencia

Secretaria de Asuntos Agrarios

Secretaria de la Paz

Secretaria de las obras sociales de la esposa del presidente

Secretaria Ejecutiva Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

Secretaria General de la Presidencia

Secretaria Presidencial de la Mujer

Secretaría Privada de la Presidencia

Tribunal Supremo Electoral

Unidad de Construcción de Edificios del Estado

Unidad de Control y Supervisión de Cable

Unidad Ejecutora de Conservación Vial

Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular

Universidad de San Carlos de Guatemala

 

NOTA: Este trabajo es el resultado de una beca concedida a Enrique Naveda, coordinador general de Plaza Pública, por Transparencia Internacional Lituania.

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