El Ministerio de Finanzas ha concluido una jornada de talleres en el marco de un esfuerzo por lograr mayor apertura en la formulación del presupuesto público. Sin duda, un avance en materia de transparencia fiscal que contribuye al escrutinio ciudadano y a la auditoría social de cómo el Ejecutivo preparará la propuesta de presupuesto para 2017 que debe presentar al Congreso de la República el 1 de septiembre próximo.
Aunque se aplaude este avance importante en transparencia fiscal, la situación no es para celebrar. Abrir el proceso de formulación del presupuesto por el lado de los ingresos confirma la aguda carencia de recursos financieros del Estado y, por el lado del gasto, desnuda la gravedad de las carencias en rubros esenciales como salud y educación.
Prácticamente todos los ministerios plantearon en sus presentaciones solicitudes de presupuesto adicional y expusieron los destinos que en 2017 se les daría a los incrementos presupuestarios solicitados. Destacó la solicitud del Ministerio de Salud por 5.6 millardos de quetzales más que en 2016 (un incremento de 95 %) para reducir la desnutrición crónica, la mortalidad de la niñez y la mortalidad materna y neonatal, así como para recuperar y rehabilitar el sistema público de salud. Por su parte, el Ministerio de Educación solicitó 4.3 millardos más que en 2016 (un incremento de 33 %) para incrementar en 3 % la cobertura educativa y fortalecer la educación bilingüe intercultural.
Aun en el escenario más optimista de recuperación de la SAT y de combate de la corrupción es evidente que es imposible atender esas solicitudes con el presupuesto de 2017. Es decir, Guatemala está condenada a que en 2017 no se tengan los recursos para financiar las soluciones a los problemas en salud y educación y a otras carencias sociales que mantienen a la mayoría sumida en la pobreza y el subdesarrollo.
Semejante condena, trágica e inhumana, contrasta brutalmente con la solicitud del Ministerio de la Defensa Nacional de incrementar su presupuesto (en 204 millones de quetzales), lo cual se destinaría para que en 2017 se cree un batallón de ingenieros, se cubran los costos de graduación y los ascensos de oficiales, se les dé mantenimiento a los vehículos y se compre equipo militar. Esto, cuando las capturas de la gavilla más reciente de militares corruptos y ladrones continúan haciendo titulares: Pérez Molina, Byron Lima, López Bonilla, López Ambrosio, Juan de Dios Rodríguez, Juan Carlos Monzón, etcétera, todos ellos con un amplio historial de casos de corrupción, pasando por instituciones como la Industria Militar o el escándalo de los arrendamientos del IPM.
Desde el punto de vista presupuestario, es evidente que el Ejército no es una prioridad, con lo cual se debería retomar el debate sobre suprimir el Ejército de Guatemala. ¿Acaso no estaríamos mejor sin Ejército y con fuerzas de seguridad civiles? Como ya lo dije en una oportunidad anterior, ¿no deberíamos suprimir ya los institutos Adolfo V. Hall y trasladar las instalaciones al Ministerio de Educación? ¿O trasladar el Centro Médico Militar al Ministerio de Salud para que no atienda solo a una élite de militares?
Temo que esta sigue siendo una idea controversial, ya que aún existen defensores del militarismo en Guatemala. Y como todos, tienen derecho a opinar y pedir. Pero este debería ser un debate impostergable y habría que decidir por medios democráticos si Guatemala necesita o no un Ejército.
Mi voto sería por una Guatemala sin Ejército, libre de militarismo, y con la prioridad en salud, educación y otras vías para salir de la pobreza y lograr un desarrollo justo e incluyente.
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