En mi opinión, la grabación del momento en que el controversial diputado Estuardo Galdámez, electo por el oficialista Partido Patriota, intentó sobornar al periodista Enrique García, extingue la inocencia a la que por derecho se le debe presumir al diputado, y debería dar lugar a sanciones. Pero el diputado “fafero” demostró su desfachatez y descaro al insultar groseramente nuestra inteligencia, al intentar defenderse pretendiendo hacernos creer la absurda y ridícula historieta que solo intentaba dar una donación al comunicador. ¿Pero qué clase de imbéciles creerá este señor que somos?
Por mínimo pudor y decencia, Galdámez debió asumir la responsabilidad de disculparse públicamente y renunciar, tanto a su cargo de diputado como de primer secretario del Congreso de la República. Porque si sigue en esos cargos, ¡imagínese a este politiquero sin moral al momento de conocer, discutir y aprobar el presupuesto, la deuda pública y el listado geográfico de obras! Indecente como es para intentar sobornar a un periodista, ¿tendría acaso algún escrúpulo negociando obras sobrevaluadas o con conflicto de intereses?
Poco probable, porque resulta que Galdámez ha gozado ya una buena dosis de impunidad. ¡Le encanta! En primer lugar, ni siquiera debió ser candidato a diputado, ya que era contratista del Estado. Sin embargo, la aceitada y efectivísima maquinaria de la impunidad en nuestro país arregló el asunto, logrando que el Tribunal Supremo Electoral se prostituyera retorciendo la ley: bastó que el magistrado Ulises Gómez, en diciembre de 2011 presidente en funciones de esa entidad, dijera que ser el representante legal de una empresa que tiene contratos con el Estado no significa ser contratista del Estado “en lo individual”. ¿Acaso no es esto un insulto descarado a la inteligencia de la ciudadanía?
Pero el insulto no lo ha proferido solamente Galdámez. En cómplices y partícipes de su abyecta conducta son también los 105 diputados que votaron en contra de crear una comisión especial que investigara el intento de soborno al periodista. Y no es cuestión de exigir que los diputados sean perfectos (porque nadie lo es), pero sí responsables. En el pasado los diputados han cometido errores, pero ciertamente en algunos raros casos han tenido la decencia de disculparse públicamente, y el resultado es que no se han reelegido.
Paralelamente a la vergonzosa e inaceptable negativa del Congreso a investigar el caso, el Partido Patriota ha anunciado llevar al diputado a su comité de disciplina. Poca esperanza da esta decisión, ya que el Partido Patriota no demostró solvencia moral al apañar a Galdámez al forzar su candidatura a diputado, siendo contratista del Estado. Así que no sería sorpresa que al final no haya sanción entre “lobos de la misma loma”.
Pero, formalmente ¿qué sostiene a este sinvergüenza en la curul? Pues el hecho es que le respaldan todas las personas que votaron por los diputados del partido patriota. Con todo y las graves fallas de nuestro sistema electoral, en particular los listados de diputados, fue la voluntad popular la que puso a Galdámez donde está.
Pero por favor no olvidemos que esto quiere decir también que es la voluntad popular la que lo puede remover. Sí, usted y yo. Y todo aquel que sienta repudio e indignación por la corrupción y el abuso. Y así, invito a todas las organizaciones y ciudadanos a preguntarse: ¿con cuántos votos fue elegido Galdámez como diputado? ¿Podrán reunirse el doble, triple o muchas veces más firmas de ciudadanos exigiendo su renuncia?
Mi firma cuenta. Va una. ¿La suya?
Más de este autor