El desubicado es él

A finales de los años setenta del siglo XX, el Congreso de Estados Unidos -el país que patrocinó buena parte de la estrategia contrainsurgente-, impuso un embargo a la ayuda militar. Las noticias sobre el accionar del ejército guatemalteco demostraban masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Ni su aliado principal era capaz de aceptarlas y opta por imponer el embargo a la ayuda en materia económica y educativa.

Conforme han pasado los años, los criterios de mantenimiento del embargo se han suavizado, por así decirlo, y han permitido operaciones conjuntas en el combate a las drogas y otras acciones pero, no han levantado el embargo a la ayuda económica ni mucho menos a la venta de armamento.

Los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) así como reportes de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de los propios servicios diplomáticos y de inteligencia estadounidenses, han sido base y fuente para mantener la disposición del legislativo norteamericano. El levantamiento del embargo se ha condicionado, recientemente a que el ejército de Guatemala demuestre que tiene una misión definida no vinculada a labores de seguridad ciudadana, coopera plenamente con el cumplimiento de la misión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no viola derechos humanos, divulga los archivos militares relacionados con el conflicto armado interno, coopera con las autoridades de justicia en el procesamiento de quienes violaron los derechos humanos, sean oficiales activos o jubilados, y se ha depurado a la institución castrense. Las exigencias no han variado desde hace años y de hecho aumentaron con la inclusión del requisito de cooperación con la CICIG.

Además de nombrar a un cabildeador como representante diplomático en Washington, cuya misión según indicó Otto Pérez Molina es precisamente lograr el levantamiento del embargo, el Presidente mismo intentará incidir en la decisión. Pero, ¿qué cartas muestra el mandatario para alcanzar su meta?

Veamos una por una. El ejército sigue comprometido en tareas de seguridad ciudadana. Es más, al parecer la seguridad ciudadana se ha militarizado de hecho. Las brigadas militares en zonas de conflictividad social por la imposición de empresas extractivas. El uso de los servicios de inteligencia y las estructuras militares para “mapear” comunidades opuestas a los megaproyectos. La imposición de los estados de excepción como política de control social y territorial.

Sobre el respeto a los derechos humanos. El gobierno presenta como bandera la existencia de una unidad de derechos humanos en el Ministerio de Defensa. No habla de los contenidos de la formación castrense que mantienen el sesgo ideológico del anticomunismo contrainsurgente y la justificación de las graves violaciones a los derechos humanos. Si eso fuera poco, está la masacre de Alaska, en 2012. No es un hecho aislado sino la evidencia del alto riesgo de que el ejército esté en labores de seguridad ciudadana y de con qué facilidad arremeten a balazos en contra de población civil desarmada.

El apoyo a la CICIG. Si Pérez Molina cree que con suscribir la ampliación de mandato de la Comisión la tiene hecha, se equivoca. Al igual que el pez, por su boca se suicidó porque sin que siquiera se hubiese cambiado el mandato de la CICIG, el gobernante ya anunciaba o, mejor dicho, ordenaba que el nuevo comisionado no podría iniciar nuevas investigaciones sino que venía a cerrar la misión. Anunciaba entonces que no buscaría la extensión del mandato más allá del 2015 y que, además, la CICIG debía quedarse en su casita sin investigar más a otras estructuras. La sola muestra de las declaraciones del gobierno y su insistencia en sustituir a la Fiscal General, que resulta clave para el trabajo de la CICIG, le quitan el chequeo a esta condición.

Finalmente el apoyo a la justicia transicional y la liberación de archivos. La crónica de Plaza Pública sobre la negativa a entregar información actual es elocuente sobre el manejo de información pública. Ya no digamos sobre la negativa a facilitar información vinculada a graves violaciones a derechos humanos que pasan por decir, por ejemplo, en dónde están las y los desaparecidos. Ya un ex policía indicó en juicio que Fernando García fue capturado por civiles pero entregado a los militares en lo que era “el procedimiento establecido”. Los más de 500 cuerpos extraídos de ese gigantesco cementerio clandestino hoy llamado CREOMPAZ es otra muestra. Los archivos no se han liberado y el ejército no ha colaborado con información.

En cuanto a colaborar con la justicia. Menos. Si no, que lo diga el financiamiento que recibirá la principal entidad objetora de los procesos contra criminales de baja en la institución armada. La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), volverá a recibir fondos públicos, pese a que ha sido la principal instigadora de las maniobras legales para impedir el avance de la justicia por genocidio y otros crímenes contra la humanidad.

Así que el desubicado es el Presidente y lo único que está fuera de contexto es el lujo que exhibe como gobernante de un país empobrecido.