Es un joven de 17 años que lleva 19 días interno en el hospital. El 1 de enero sufrió un lamentable accidente que le provocó fracturas en la columna vertebral a nivel cervical. Un movimiento tan cotidiano como agacharse o incorporarse puede dejarlo cuadripléjico. Parte del tratamiento consiste en fijarle la columna dentro de las 48 horas siguientes. El hospital se esforzó por adquirir el instrumental necesario para la emergencia, ya que la familia es de escasos recursos y no cuenta con las posibilidades de resolver esta carencia.
Alrededor del 90 % de la población tiene que acudir a un hospital estatal. Lo lamentable es que el servicio de salud pública no cuenta ni con lo más elemental, mucho menos con equipo de primera generación que permita atender casos tan delicados como este y otros. A diferencia del otro porcentaje de la población, atendido en hospitales privados, mejor equipados, muchos con tecnología de punta, a las personas que vienen a nuestro servicio se las tiene que atender precariamente. La clase social determina el tipo de atención médica hospitalaria: esa es la cruel realidad de nuestra Guatemala.
¿Y qué sucede con este ejemplo que les relato? No se cuenta con radiografía portátil en sala de operaciones. El equipo está descompuesto desde hace meses porque no disponemos del presupuesto necesario para arreglarlo. El joven lleva 19 días de angustiosa espera, deseando volver a caminar y tener una vida normal. Podría aportar a la prensa el relato de casos tan dramáticos como este diariamente: este no es la excepción, sino la regla.
La salud de la población es un derecho inalienable y está garantizada en blanco y negro en varios artículos de la Constitución. Sin embargo, el acceso a servicios de salud de calidad se le niega a la mayoría de la población guatemalteca, que acude a las instituciones públicas. Tratar una enfermedad es un lujo que hoy solo puede dárselo alguien con la capacidad de pagar un servicio privado.
Día a día, los médicos que trabajamos en instituciones públicas vemos con tristeza la poca importancia que las autoridades de Gobierno le dan a la salud del pueblo. Nos vemos obligados a trabajar en condiciones paupérrimas, con escasos o inexistentes recursos, con métodos de apoyo diagnóstico caducos o de muy mala calidad, muchas veces en la necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos con instrumental en mal estado y casi inservible. Todo este drama ha sido denunciado muchas veces a las diferentes instancias administrativas y legales sin obtener al día de hoy respuestas, mucho menos soluciones.
Como ejemplo, el San Juan de Dios necesita aproximadamente 600 millones de quetzales como presupuesto mínimo para funcionar durante 2016. El 60 % de este presupuesto es para salarios, y solo el 40 % es operativo. El presupuesto que le asignaron al hospital, según las autoridades de este nosocomio, es de apenas 400 millones. Sumado a esto, el hospital aún tiene deudas de años anteriores que redondean aproximadamente los 80 millones.
Lo menos que esperamos es que a la mayor brevedad se cuente con el recurso para el pago de deudas, que el presupuesto del 2016 no tenga déficit y, en el futuro, que se invierta lo necesario para adquirir equipos e instrumental en buen estado y de buena calidad. Esto, solo para empezar a salir del actual estado de calamidad.
Este gobierno tiene el serio compromiso de empezar a enderezar el camino hacia el bienestar del pueblo. Existen miles de necesidades, pero el rescate de la red hospitalaria es una prioridad apremiante. En este momento, mientras usted lee este artículo, cientos de compatriotas sufren en una camilla vieja, en hospitales insalubres y decadentes.
Mario Napoleón Méndez Rivera (napoleonmendez1@yahoo.com) es subjefe de la Emergencia de Adultos en el hospital San Juan de Dios.
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