En 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su alcance es universal, enfatiza la integralidad de la vida digna y esboza la igualdad como fundamento de la armonía social. Sus artículos entretejen un modelo de vida económica, social, política y ambiental que propone transformaciones estructurales para superar el racismo y la discriminación en «un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad». Presenta un sentido amplio de la libertad: promueve la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión; prepara a las personas para escoger libremente su trabajo en condiciones dignas y satisfactorias, y garantiza la libertad de organización para la defensa de los derechos propios y ajenos.
La declaración esboza una poderosa conceptualización del para qué, para quién y cómo del derecho a la educación. Enfatiza el desarrollo integral de hombres y mujeres que afirman la igualdad de derechos como mecanismo para la promoción del progreso social, capaces e interesados en mantener la paz en el mundo mediante el respeto, la tolerancia y la amistad entre naciones, grupos étnicos y grupos religiosos. Excluye de la acción educativa actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Establece que esta forjará el aprecio por la cultura, las artes, la identidad y el progreso científico. Esta propuesta de hace 70 años supera la noción industrial de la educación al servicio del mercado. Propone educación al servicio de la dignidad humana.
Los derechos contenidos en ella conforman el marco legal guatemalteco. Su cumplimiento es obligatorio y deberían orientar la política pública hacia un nuevo orden social, económico y político. Sin embargo, en Guatemala no se cumplen. En 2016, el 21 % de las niñas y los niños no atendieron la escuela primaria, seis de cada diez adolescentes entre 13 y 15 años no asistieron a la educación media y ocho de cada diez entre 16 y 18 años no estuvieron en secundaria [1]. Nuestro modelo educativo tiende a la exclusión y expulsión de niños y jóvenes según condiciones diferenciadas de sexo, edad, lugar de residencia, condición económica e identidad cultural.
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Quienes sí disfrutan del derecho a la educación saben investigar, analizar información, generar argumentos con fundamento científico y difundir conclusiones para el progreso de la humanidad. Esto hizo la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) del Ministerio de Educación (Mineduc) al incorporarse al Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes para el Desarrollo (PISA-D) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con la intención de proveer datos rigurosos que informen a quienes diseñan la política educativa, la Digeduca evaluó en jóvenes de 15 años competencias en lectura, matemática y ciencias, así como su habilidad para aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real.
En la presentación de resultados, la Digeduca se distancia de la inútil competencia de rankings que suelen producirse al amparo de pruebas estandarizadas. De forma responsable postula, como marco de análisis, el sistema educativo justo: «aquel que minimiza el efecto de las circunstancias personales y sociales que están más allá del control de cada uno sobre las oportunidades de acceder a una educación de calidad y, en última instancia, sobre los resultados que puedan llegar a tener» [2]. Compara científicamente los datos de resultados, recursos y oportunidades educativas presentados por grupos que se diferencian por sexo, condición económica, práctica lingüística y área de residencia. Los datos comprueban lo que intuimos: nuestro sistema educativo no es justo. En Guatemala, la desigualdad en aprendizajes está ligada a la inequidad de oportunidades educativas, económicas y culturales.
La apuesta por el derecho a la educación es la apuesta por el fin de la desigualdad. Garantizar la igualdad de libertades para las niñas, respetar la libre expresión, formar el pensamiento científico e implementar la educación integral en sexualidad es hoy una demanda cuya legitimidad está científicamente comprobada. La transformación del sistema educativo no debe ser asunto de voluntad política, sino de ciencia.
[2] Roemer y Trannoy, citado en Guatemala en PISA-D, Mineduc, 2018.
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