Una cuestión política
El agua ocupa un lugar preponderante en los mitos fundacionales de muchas culturas alrededor del mundo. Constituye un sistema ecológico esencial a escala planetaria, indispensable para la vida.
Desde las cuencas de los grandes ríos de la India, hasta las megaurbes del Primer Mundo, tanto la escasez del líquido como su abundancia extrema dan lugar a desequilibrios que amenazan el bienestar. Sin agua, es improbable que un ser humano logre vivir por más de cuatro días. Pero con ella al cuello, es imposible vivir en condiciones dignas.
En el entorno colombiano, la gestión del agua se ha convertido en un reto mayor que ha puesto en jaque tanto al gobierno nacional como a los locales y ha reducido su favorabilidad. Algunos ejemplos concretos resultan elocuentes:
- Yopal (Casanare), con una población aproximada de 130 mil habitantes, paradójicamente se encuentra sin suministro de agua potable debido a fuertes lluvias.
- Hace poco ocurrió lo mismo en Manizales (Caldas), con 430 mil habitantes. Fue tan grave y larga la crisis que los vecinos de un barrio reportaron un falso incendio para abordar por la fuerza el camión de bomberos y apoderarse del líquido.
- Los barrios periféricos de Bogotá se inundan permanentemente por cuenta del invierno.
- Los vecinos de Soacha y Kennedy cuentan que, antes entrar en vigor la medida del mínimo vital de Petro, algunas familias muy pobres preferían dejar de bañarse por cuenta del alto costo del servicio.
- Aunque no siempre aparecen en los medios, hay conflictos por agua en muchas partes del país.
Por eso, la gestión del agua es un tema profundamente político. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012 —que tendrá lugar en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de junio— es un escenario de discusión y toma de decisiones en políticas ambientales de alcance global, donde el agua ocupará la atención de funcionarios, científicos y ecologistas del mundo entero.
¿Qué es Río + 20?
Esta conferencia se conoce como “Río+ 20” porque tendrá lugar veinte años después de la Cumbre de la Tierra de 1992, en esa misma ciudad brasileña. Los promotores del foro afirman que será el escenario para un debate global sobre las rutas para conseguir un uso más sustentable y equitativo de los recursos naturales mediante energías limpias, economías sostenibles y niveles de vida decentes.
La reunión se concentrará sobre dos temas: primero, la llamadaeconomía verde, en un contexto de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza; y segundo, los marcos institucionales para dicho desarrollo.
Pero además, tanto en los escenarios preparatorios como en la conferencia misma, se discutirá sobre el uso del agua por ser un tema esencial para los dos puntos focales de la agenda.
Un tema controversial
Cualquiera diría que la cuestión del agua no debería poner a pelear a nadie. Pero ha sucedido todo lo contrario: el pulso político alrededor del tema en las negociaciones de Río + 20 ha sido tremendamente intenso y difícil. El control del agua es poder.
Sobre el particular, la Relatora Especial de la ONU sobre Derecho al Agua y Saneamiento afirmó que no es la disponibilidad del recurso sino el afán de lucro lo que impide el acceso para miles de personas en el mundo: “donde está el dinero, está el agua”, dijo.
El núcleo de la cuestión, aunque polémico, es simple: ¿debe incluirse el derecho al agua como fundamento de la gestión de los recursos hídricos? Este no es un asunto menor:
- Primero, porque pone en cuestión cuál debe ser el papel de los Estados, y por tanto también el de la empresa privada en el suministro de agua.
- Segundo, porque se plantea si la propiedad del recurso debe ser esencialmente pública y en consecuencia, si puede ser o no objeto de lucro.
- Por último, porque al hablar de un derecho, supone establecer obligaciones correlativas para los Estados, como veremos a continuación.
El derecho va en serio
Mediante la Observación General Nº15, el Comité de Derechos Sociales de la ONU ha conceptuado que existe un derecho a “disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico”, derivado del derecho a un nivel de vida adecuado. Algo similar ha hecho el tribunal constitucional colombiano, al interpretarlo como un derecho asociado con los derechos a la vida y a la salud.
Todo esto supone que los Estados deben garantizar la disponibilidad del recurso —es decir, un abastecimiento continuo y suficiente—, pero también su calidad o las condiciones idóneas para el consumo, y asegurar además la accesibilidad, tanto física como económica, excluyendo toda discriminación.
Esa misma regulación dice que los Estados deben cooperar para garantizar el derecho al agua y abstenerse de utilizarla como medio de presión contra otros, a costa de la gente. Aquellos más desarrollados deberían prestar asistencia en la materia a los más pobres.
En virtud de la Observación General Nº15, debe evitarse que los acuerdos de liberalización comercial repercutan negativamente sobre la capacidad de los países para garantizar el derecho al agua.
Los Estados deben velar porque las políticas de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional “tengan en cuenta el derecho al agua”. En otras palabras, el derecho al agua va en serio.
Derecho al agua es más que acceso al recurso
De lo anterior se desprende una serie de obligaciones específicas y muy básicas que son de efecto inmediato.
La primera y quizás la más importante de ellas, es garantizar acceso a una cantidad esencial mínima de agua para uso personal y doméstico. En este punto ha avanzado la actual administración de Bogotá, mediante el suministro gratuito de seis metros cúbicos para estratos 1 y 2. Es un paso en la dirección correcta, pues asegura el suministro vital para quienes presumiblemente no pueden obtenerlo por su cuenta: es una decisión política a tono con el derecho internacional.
No parece adecuado calificar esta decisión como “populista”, como paradójicamente lo han hecho líderes despistados del partido verde. La administración debe pisar el acelerador y hacer avanzar a la ciudad en esa dirección, asegurando el acceso físico al recurso, diseñando programas para poblaciones específicas —por ejemplo, desplazados y personas privadas de la libertad— y dando continuidad al control de enfermedades asociadas con el consumo de agua, entre otros aspectos.
En Río + 20, la perspectiva de compromisos formales frente a estas obligaciones no es del agrado de muchos gobiernos. De ahí la renuencia a incluir el derecho al agua en el “borrador cero” de la declaración de la conferencia. De acuerdo con “Blue Planet Project”, una organización ambientalista canadiense, durante el mes de marzo los representantes de Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Israel, Nueva Zelanda y Reino Unido estaban bloqueando el reconocimiento del derecho en el borrador.
A pesar de que los países del G–77 intentaban su inclusión -con algunas salvedades por parte de China-, el hecho de que Naciones Unidas trabaje bajo la metodología de lograr consensos hace más probable que el derecho termine siendo excluido del documento final de la conferencia. Es decir, si no hay consenso, no hay derecho al agua. Esto podría tener efectos negativos sobre el derecho internacional en la materia.
Otro aspecto del derecho al agua que incomoda a algunos gobiernos es que constituye un desafío a la liberalización de los mercados, al reforzar el rol regulador del Estado. Las formulaciones favorables a dicha regulación son objeto de intentos sistemáticos para hacerlas desaparecer del texto.
La expresión “derecho al agua” ha sido reemplazada con frecuencia por “acceso al agua” en las negociaciones del borrador cero. Los adjetivos que califican tal derecho, y que se refieren a las obligaciones contenidas en él, también han sido objeto de esfuerzos para que se maticen o se borren. En especial, en aquellos párrafos donde se alude a “garantizar” el acceso, normalmente este verbo es reemplazado por “procurar”.
Pulso político de alto nivel
Lograr que se incluya explícitamente el derecho al agua en la declaración final de Río + 20 permitiría sentar una base jurídicamente adecuada y políticamente legítima para encarar en forma sostenible y justa el futuro de la gestión del agua en el mundo.
Por el contrario, si el tema del derecho al agua desaparece o se diluye en Río+20 será un mal antecedente político para futuros esfuerzos. Si la gran conferencia ambiental de Naciones Unidas no constituye el escenario adecuado para respaldar un tema tan trascendental, ¿cuándo se hará?
La situación ha llegado a un punto tan crítico que la Relatora Especial ha exigido a los países que obstaculizan el derecho en el borrador cero —con nombre propio— abstenerse de continuar saboteando el proceso.
Las organizaciones sociales y ecologistas, los gobiernos partidarios de la justicia social y ambiental, así como las redes de activismo por el agua del Tercer Mundo sin duda seguirán insistiendo en el enfoque: el acceso al agua es un derecho.
En Colombia, no hay un compromiso explícito del gobierno nacional, que en este tema parece seguir los lineamientos de la administración anterior. Pero el caso de Bogotá demuestra que los gobiernos locales pueden materializar el derecho al agua, si hay voluntad política, pues tienen competencias directas en la gestión de los servicios públicos.
La democracia también se mide por un acceso equitativo a los recursos hídricos para todos los ciudadanos.
* Investigador asociado del grupo “Política y Legislación en Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional” (PLEBIO) del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia.
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