De cara a este proceso, me gustaría pensar que al menos los “comentaristas y expertos” harán un esfuerzo importante para que en sus columnas y entrevistas se note que es necesario mejorar el nivel del debate público alrededor del Presupuesto. Luego, gracias a esto, tal vez uno o dos diputados ponen atención al debate y presionen para cambios relevantes en la función pública.
Brevemente podríamos hablar de dos elementos en esta columna. El primero, es la discusión es alrededor del “nivel de la ejecución presupuestaria”. Esta métrica hace referencia a cuánto se ha logrado gastar de lo que se tenía originalmente planificado. Enfocarse en discutir dicho tipo de métricas, sin entrar a los factores que lo están ocasionando, no vale la pena. Toda persona que haya manejado un presupuesto sabe que la presión se convierte en ejecutar, a pesar que la calidad del gasto sufra; se acumula la ejecución apresurada (e irrelevante) en los últimos dos meses; se derrochan recursos que podrían servir para pagar deuda o podrían destinarse a otras carteras que podrían necesitarlo más en el corto plazo, etc.
Al respecto, hace poco más de un mes di una entrevista a un medio local donde comentaba:
“Es importante tener claro que el nivel de ejecución presupuestaria es una métrica fetichista. No dice nada sobre la calidad del gasto o el beneficio que obtiene la población; tampoco dice nada sobre los problemas que existen para la ejecución. Si nos enfocamos mucho en esta medida, terminamos por promover el derroche de nuestros impuestos. Por lo tanto, para mí es irrelevante esta medida”.
Si la discusión del presupuesto termina enfocándose mucho en el nivel de ejecución presupuestaria, la plática termina siendo sobre la velocidad de ejecución y no sobre el impacto que tiene en la calidad de vida de la población.
El segundo tema, que está vinculado con el anterior, es la necesidad de hacer evaluaciones de la ejecución presupuestaria para saber qué está pasando con nuestros impuestos. La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, claramente establece la responsabilidad de ello en el Ministerio de Finanzas Públicas, y la extiende a SEGEPLAN en proyectos de inversión. A pesar que al momento he oído que se han realizado esfuerzos en este sentido, desde el período de Berger, no he visto ningún reporte que se acerque a lo que la Ley manda “La evaluación presupuestaria comprenderá básicamente la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de las causas y la recomendación de medidas correctivas”.
Lo más cercano, a la fecha, fueron las evaluaciones realizadas por distintos organismos internacionales al Programa Mi Familia Progresa. En dichas evaluaciones, realizadas durante la fase inicial del programa, mostraron buenos resultados, lo cual ayudó al Gobierno a conseguir recursos externos adicionales para impulsar el programa. Inmediatamente la evaluación se dejó a un lado y eso permitió la politización del programa, cuyo fracaso más evidente ha sido que la tasa neta de escolaridad (medida a través de la inscripción inicial) en primaria terminó por debajo de los niveles previos al inicio del programa. Esta experiencia no habla mal de la evaluación. Sino de la necesidad de expandirla y hacerla de manera constante.
El reto es empezar a hablar de calidad del gasto y de exigirle al Ministerio de Finanzas Públicas que cumpla con las evaluaciones a la ejecución presupuestaria, para que tanto los Diputados como los ciudadanos contemos con la información necesaria para tomar decisiones.
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