El comportamiento que ha mostrado él y la mayoría de miembros de Consejo Superior Universitario (CSU) revela que no les importa el deterioro institucional que provoca su negativa a asumir su incumplimiento de las leyes universitarias o a aceptar las legítimas demandas de la oposición.
La crisis ha supuesto varios efectos, incluyendo la lentitud y el retraso en varios procesos administrativos, la polarización y fragmentación de los sectores estudiantiles y docentes en las distintas unid...
El comportamiento que ha mostrado él y la mayoría de miembros de Consejo Superior Universitario (CSU) revela que no les importa el deterioro institucional que provoca su negativa a asumir su incumplimiento de las leyes universitarias o a aceptar las legítimas demandas de la oposición.
La crisis ha supuesto varios efectos, incluyendo la lentitud y el retraso en varios procesos administrativos, la polarización y fragmentación de los sectores estudiantiles y docentes en las distintas unidades académicas y centros departamentales, la disminución o dificultad en la prestación de servicios a la población.
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Lo peor de todo es que, a las dificultades académicas que arrastraba la institución (en menor o mayor grado de acuerdo a las diferencias entre facultades, escuelas y centros departamentales) se han añadido otras como la deserción de estudiantes de distintas carreras y años. Por ejemplo, se ha detectado una deserción significativa en unidades como Medicina y Odontología. Esto no sólo afecta el proceso de formación, sino también la atención que se brinda en el sistema de salud.[1] Otro tanto ha pasado en otras carreras.
Al desafío de la pandemia por COVID-19 y para el que no todas las unidades académicas estaban preparadas, se suma también la disputa política que ocurre en el seno de la universidad y de la cual todavía no hay una salida clara. A Mazariegos y a la mayoría del CSU no les importa el deterioro institucional y pueden mantenerse en esta posición por mucho más tiempo (el cierre de instalaciones antes de 2020 hubiera sido mucho más efectivo para la oposición, pero esta no es la situación actual), mientras que la oposición docente y estudiantil sí se preocupa por las dificultades que la crisis política provocan y acorde con la defensa de la autonomía que mantienen, buscan salidas que permitan salir del daño institucional que provoca Mazariegos.
Las alternativas no son sencillas, pero se va comprendiendo que la oposición puede organizarse y coordinarse de mejor manera con el retorno presencial. La discusión y organización pasa ahora por cómo mantener una oposición política combinada con la defensa y mejora del nivel académico que se ha deteriorado en este período.
[1] Durante muchos años, los servicios que prestan los practicantes de medicina suponen una contribución fundamental al sistema hospitalario del país. Esto no debería ser así, puesto que el Estado debería mejorar la atención ampliando las contrataciones de médicos, mejorando las instalaciones, planificando mejor, etc. Pero ya sabemos que la corrupción y otros males políticos del país lo impiden, lo que forma un círculo de dificultades. El daño es, sin embargo, que habrá menos practicantes de la Facultad de Medicina en los centros hospitalarios.
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