La corrupción estatal puede ser considerada como una externalidad negativa que resulta de transacciones económicas dentro del Gobierno. La parte negativa de estas transacciones resulta de la suma de los efectos positivos y negativos que no fueron tenidos en cuenta por los participantes en ellas. Al robar dinero del erario público, los participantes en el saqueo causaron más externalidades negativas que positivas, y en el largo plazo fueron más las personas afectadas que los beneficios que ellos y su grupo de allegados cercanos recibieron. La suma de estas externalidades negativas se acumuló y la bomba explotó.
Para entender los efectos de este caso es valioso recurrir al teorema del economista Ronald Coase publicado en el año 1960. Según Coase, las externalidades son un problema de indefinición (o falta de claridad en la definición) de los derechos de propiedad y de los altos costos de transacción en las decisiones económicas. Así, Coase explica que, si los derechos de propiedad estuviesen bien definidos en nuestras sociedades y los costos de transacción no fuesen elevados, los efectos negativos de todas las transacciones económicas serían internalizados, habría una mejora generalizada en las condiciones de todos los participantes y no habría participantes que salieran perjudicados.
En Guatemala, la actividad de nuestros políticos y sus socios empresariales ha sido la de inhibir y desacelerar el crecimiento económico a través de la corrupción. Sus campañas políticas buscan la captura de las instituciones del Estado y el establecimiento de redes que impidan el ingreso de nuevos participantes nacionales y extranjeros en el mercado. Esto ha causado un crecimiento inversamente proporcional al tamaño y a la tasa de cambio de los sobornos recibidos en la tasas de innovación y desarrollo de nuevos actores económicos. La crítica generalizada contra el sistema de clientelismo y de búsqueda de rentas es el resultado cuando, durante generaciones, los negocios estatales han coludido con los intereses económicos de sus socios. El grueso de la población, que ha quedado fuera de la participación del negocio de la búsqueda de rentas, observó el enriquecimiento ilícito y expresó su descontento en el momento oportuno para que surgiesen nuevos grupos interesados en un cambio de regímenes y en el establecimiento de nuevos grupos clientelares en la economía.
En el actual gobierno, el mayor grado de centralización que tomó la corrupción resultó en un mayor crecimiento de sí mismo debido al incremento de las externalidades negativas. Aunado a esto, el rápido período de incremento de la corrupción aumentó las externalidades de la corrupción y la evidenció aún más. En períodos de gobierno anteriores, los actos descentralizados de corrupción hicieron las externalidades negativas menos visibles y el malestar popular y de otros actores fue menor. Ya que en las actuales condiciones la corrupción se mantendrá bajo los mismos incentivos y en las mismas cantidades, lo que cabe ahora preguntarse es qué incentivos son los necesarios para disminuir los actos de corrupción y las externalidades negativas de estos.
Primero, es necesario entender la corrupción no como un problema moral, sino como un problema económico. Esto nos llevará a comprender cómo el sistema jurídico y político guatemalteco no genera los incentivos adecuados para lograr un comportamiento adecuado de los participantes a derecho y, además, que el sistema jurídico actual no genera los desincentivos necesarios al comportamiento ilegal de los participantes.
Un necesario y contundente desincentivo económico de la corrupción reinante deberá provenir del establecimiento de sanciones económicas a los comportamientos corruptos que perjudican a la sociedad. El enriquecimiento de los corruptos, sus familiares y sus socios debe castigarse con penalizaciones económicas que desincentiven los actos de corrupción y que penalicen todas las conductas que resulten dañinas para la sociedad.
Quizá el siguiente paso de nuestras manifestaciones populares y de los llamados a las élites a la toma de acciones deba dirigirse a este camino: a reclamar un cambio en los incentivos económicos y en la imposición de penalizaciones que desincentiven al corrupto a continuar corrompiendo el sistema. Solo cambiando los incentivos del funcionario público, del empresario proveedor y de cualquier otra persona que sea sujeto activo o pasivo de la corrupción se podrá revertir el análisis racional que hoy en día nos tiene sumidos en el debilitamiento de nuestras instituciones políticas, económicas y sociales. Nuestro análisis debe enfocarse, entonces, no en los actos de corrupción y en sus beneficiados, sino en un profundo análisis y cuestionamiento de las instituciones y la legislación existentes. Solo así lograremos identificar regulaciones eficientes que puedan tomarse dentro del Estado y por el Estado. Solo así podremos aspirar a una asignación más eficiente de los recursos que beneficie a la sociedad.
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