La divulgación y discusión de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala motivó la visita del jurista colombiano, Rafael Rivas Posada, expresidente de ese comité que realizó una serie de señalamientos al Estado de Guatemala en 2012. Con este propósito Rivas se reunió la semana pasada en el país con organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos como la fiscal general Thelma Aldana. Su evaluación dista mucho de ser optimista.
Sus primeras críticas apuntan al mismo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo creado en 2006 en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, y que tiene por objetivo discutir las recomendaciones a los Estados miembros en favor del respeto a derechos fundamentales en sus países. Este Consejo, señala Rivas, ha terminado por ser un órgano que no trasciende su función política en donde los Estados escuchan críticas genéricas y repiten la intención de emprender cambios que nunca se llevan a cabo. La crítica de Rivas apunta a la poca repercusión que muchas veces tienen estas discusiones en las acciones que emprenden los Estados para atender las violaciones a los derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entidad que presidió Rivas, es el órgano técnico que observa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados parte. Los Estados luego presentan al Comité reportes periódicos sobre el ejercicio de estos derechos, tras la adhesión los países suelen presentar cada cuatro años un informe a solicitud del Comité. Es sobre este reporte sobre el que se realizan las recomendaciones finales, las últimas de las cuales en el caso de Guatemala datan del 2012.
Las tres principales recomendaciones hechas por el Comité a Guatemala en 2012 apuntaban a la preocupación por ataques a los defensores de derechos humanos, la falta de investigación sobre las desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno, y las carencias en reparación de las víctimas del conflicto.
¿Qué respuesta ha habido de parte del Estado de Guatemala a los temas que preocupan al Comité?
Hasta el momento no ha habido una respuesta enteramente satisfactoria. En 2012, en el último informe de seguimiento a las recomendaciones que presentó el relator, da una calificación mixta o ambigua a Guatemala. En algunas partes se reconoce el esfuerzo del Gobierno por responder, y por otra parte nos dice que no es muy convincente; lo cual ha llevado, por otra parte, a pedirle al relator que se comunique con el Estado insistiendo en una respuesta. Pero el Comité es consciente de que es difícil que un país como Guatemala responda a estas recomendaciones.
En el caso de las desapariciones, se resalta que no hay un mecanismo de seguimiento e investigación. ¿Qué pasa con este tema?
Después de la creación de la Comisión de Verdad en Guatemala, no ha habido muchos progresos, porque no hay un mecanismo ni una institución que realice investigaciones para precisar el número de casos y proponer salidas para un problema tan serio. Es un problema que ha persistido y que lógicamente ha preocupado al Comité. No sé de la actitud de Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (el representante del país es el secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno) y qué suerte han corrido, porque seguramente ha causado preocupaciones. El problema del Consejo es que está muy cerca de ser una farsa mundial de Derechos Humanos.
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¿Por qué?
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó un sistema de trabajo muy original. Cada Estado miembro hace un discurso sobre la situación del país bajo examen y realiza recomendaciones, aunque la mayor parte no tienen ni idea de lo que pasa en esos países. Antes existía la Comisión de Derechos Humanos, pero se reformó porque se decía que estaba muy dominada por países de tercer mundo y los países árabes, por ejemplo, pero por lo menos se aprobaban resoluciones de condena. Con el sistema del Consejo lo que se tiene es Estados que dicen: “Sí, no estoy de acuerdo con esa recomendación del Comité, pero tampoco voy a cumplir; o sí, estoy de acuerdo en parte, pero tampoco voy a cumplir”. Entonces se vuelve un esfuerzo vano que absorbe muchos recursos en reuniones e informes y debilita el trabajo de los comités específicos; pero eso no es lo más grave, sino el hecho de que el sistema deja a criterio de los países aceptar o no las recomendaciones. Se pregunta uno cual es el objeto, entonces. Las recomendaciones que aceptan, le aseguro que no las cumplen, y las que no aceptan, menos.
¿Entonces qué sentido tiene? ¿Para qué sirve el Consejo?
Sirve para el show, el show diplomático. Mandan delegaciones que realizan informes, pero en el fondo todos los países saben que no se cumplen. Al comienzo del Consejo, tal vez tenía un poco más de atención y recepción en los medios de comunicación. En el Comité hay análisis mucho más serios y los Estados no pueden dejar de aceptarlos, pero su opción siempre es no cumplirlos.
¿Qué hacer para que las recomendaciones relacionadas con las desapariciones se cumplan?
Hay Estados que en un momento reconsideran la resistencia anterior a hacer investigaciones, es un factor que depende de la voluntad política interna. Pero las presiones internacionales dentro del Consejo son muy variables, porque aparece el compadrazgo y un embajador le dice a otro: “No nos critiquen tan fuerte por esto”. Pero lo más grave es que el Consejo de Derechos Humanos le quitó seriedad a lo que podría ser la investigación de violaciones de éstos. Lo que tenemos en esta instancia es ejemplos de verborrea diplomática, repitiendo los lugares comunes y las cosas que están en la opinión pública.
¿Y en el caso de las recomendaciones de investigar los casos de persecuciones a defensores de Derechos Humanos?
Es una recomendación recurrente en muchos países, la tenemos por ejemplo en Colombia, donde es casi endémico, la persecución de defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, profesores, etcétera. Porque obviamente son un blanco preferido por todas las fuerzas que se oponen a lo que sea protesta social o incidencia.
¿También se incluyen en esas recomendaciones la persecución de activistas de pueblos indígenas?
Sí, y algo preocupante es la vinculación de las violaciones de Derechos Humanos a la explotación de recursos naturales como la minería. Los mecanismos de consulta con los pueblos indígenas no son muy eficientes, hoy vimos a la señora fiscal general Thelma Aldana y ella decía ser muy positiva sobre estos mecanismos.
¿La fiscal general se refería a Guatemala?
Sí, a Guatemala. Los mecanismos de consulta con pueblos indígenas es algo que hemos visto que no se respeta en ninguna parte. Cuando se quiere hacer una hidroeléctrica o iniciar una exploración minera, vemos que mandan a dos funcionarios a hablar con alguna gente, y dan una plata, y eso es toda la consulta. Lo que sigue pendiente de resolver es cómo se va a reconocer a las autoridades indígenas y qué validez tienen sus decisiones en asamblea o ágora abierta. El problema es hasta qué punto son tomados en cuenta como para impedir el avance de un determinado proyecto. Eso es muy difícil.
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Vinculado a este tema está el pluralismo jurídico, es decir si se reconoce la autoridad indígena y su leyes.
Otro tema que está en discusión es la aplicación de la justicia indígena. En algunos casos se dice que se respeta las formas de justicia tradicional, pero nunca se ha aclarado si eso exige una aprobación oficial y cómo se da. Si necesita una ratificación de la administración de justicia y eso debilita mucho el principio de la justicia indígena. No creo que exista un Estado que haya aclarado lo suficiente los mecanismos de ratificación de las sentencias de justicia indígena; siempre queda la duda de hasta qué punto el Estado lo acepta o puede estimular. Pese a que haya disposiciones incluso constitucionales en muchos Estados para su reconocimiento, el sentido de las consultas, por ejemplo, que sean vinculantes, no puede ser sólo un asunto de plata para aceptar o no un proyecto.
Otro aspecto que destaca en las recomendaciones del Comité es una mayor atención a la violencia sexual y a tomar medidas para atenderla.
Sí, una interesante teoría es que el permitir el matrimonio en jóvenes, que en la legislación guatemalteca lo permite hasta en niñas de 14 años, es una manera de garantizar la impunidad en los delitos sexuales. Es un argumento muy duro, que se basa en un tradición de que la manera de limpiar las violaciones es el matrimonio. Una de las propuestas es que se eleve la edad para equipararla a la de los hombres a los 18 años. Es un problema muy serio y un fenómeno social.
Relacionado con este tema se encuentra la recomendación de despenalizar el aborto en los casos de violencia sexual.
En este punto pesa muy fuerte la parte religiosa en estos países católicos. Para la doctrina ortodoxa incluso no se justicia en casos de violación. El caso de Colombia es curioso porque no se ha legislado para permitirlo en casos de violencia sexual, pero hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que le recomienda al Congreso que legisle para permitir el aborto en casos de violencia sexual. Y el Congreso no ha actuado de acuerdo con los dictámenes constitucionales para permitir el aborto en casos excepcionales de tipo terapéutico, y la discusión sigue porque el Congreso no ha resuelto. Y la Iglesia no ha respondido porque saben que la opinión pública es favorable para ese cambio en la legislación.
Esa interdependencia entre el sistema político y judicial ha provocado en Guatemala una crisis en la designación de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones.
En Colombia también tenemos la desgracia de que todo recae en el Congreso. Durante muchos años existió la cooptación en las altas cortes, ahora se ha politizado la designación de jueces en base a componendas y acuerdos sin ninguna limitación. Cuando un candidato no tiene éxito para ser integrante del Consejo de Estado, entonces busca a la Corte Suprema de Justicia. Es lo que llamamos allá el carrusel de los nombramientos, pasar de una corte a otra a cambio a votos.
¿En esta visita cuál ha sido su evaluación del sistema de justicia?
Da la impresión de que hay un momento de mucha confusión política en todas las áreas por el nombramiento de jueces, por el tratamiento de estos temas. Incertidumbre en todo el mundo. Algo ha pasado aquí, se tenía la impresión de que Guatemala avanzaba en el fortalecimiento del sistema, pero ahora hay mucha incertidumbre. Esa incertidumbre es fatal para el sistema.
Corrección: Los primeros tres párrafos de esta entrevista fueron modificados para precisar el contexto. 18/11/2014 - 10:40 hrs.
