Lamentablemente, durante las legislaturas de este inicio de siglo, el Legislativo ha sido visto más como agencia de empleo de familiares y amigos, como centro de acopio de recursos ilegales, como mostró el diputado Muadi, o como espacio para la protección desmedida de patriarcas políticos, como sucedió en toda la administración del FRG, cuando el presidente del Congreso fue Efraín Ríos Montt. Durante 15 años la democracia ha sido escamoteada en el Congreso por mayorías autoritarias (FRG y GANA) o minorías chantajistas (Patriota y Líder) que han impedido una gestión pública apegada a principios democráticos.
Sin embargo, la llegada de Mario Taracena a la presidencia del Congreso parece estar siendo un momento de inflexión en el ser y hacer de un organismo tan importante para la salud política del país. Con Taracena parece que la UNE, a diferencia del oportunista y mercantilista miniperíodo de Eduardo Meyer y de los tres períodos insulsos de Roberto Alejos, ha logrado interpretar el sentir y exigir de la sociedad al abrir las cajas negras de ese organismo y al disponerse a una negociación transparente con las otras fuerzas políticas.
Los resultados de las elecciones recién pasadas produjeron un Legislativo atomizado, en el que las minorías chantajistas del PP y de Líder se han desmoronado. Pero tal parece que la UNE ha logrado no solo soportar unida la derrota electoral hacia el Ejecutivo, sino presentar una agenda urgente que permita transparentar las prácticas políticas. Es saludable que la junta directiva se haya integrado con diputados de las bancadas más numerosas, así como que en la presidencia de comisiones se haya considerado a las bancadas pequeñas. Dañino para la democracia es, sin embargo, que a las bancadas de Líder y FCN no se les haya permitido dirigir comisiones, pues, si bien las más importantes (Finanzas, Gobernación y Derechos humanos) tendrían que responder a la visión política de las mayoritarias, estos partidos no pueden ser marginados del todo en el juego político interno.
Por otro lado, resulta saludable que, como primera acción, se haya transparentado la nómina de trabajadores, ya que es urgente que la propuesta de reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo se apruebe, de manera que es mejor que se aboquen cuanto antes a la aprobación de las leyes que coadyuven a reformar el Estado.
El Congreso de la República, si bien es una de las más pequeñas instancias del Estado, es un punto de referencia permanente, ya que de cómo funcione y proceda dependen, como hemos dicho, la salud y el desarrollo de nuestra democracia. Hecha pública la nómina de personal permanente, es indispensable que el reglamento de puestos y salarios responda a las necesidades de la institución y que se rompa con lo oneroso que hoy resulta. Un organismo como ese no tiene por qué tener una planta pesada de conserjes, cuando las tareas de limpieza y mantenimiento pueden ser perfectamente tercerizadas. En lo relativo a secretarias, contadores y asesores, es urgente y fácil establecer cuanto antes la carrera legislativa, lo que permitirá que el acceso a cargos y ascensos se produzca solo por concurso de méritos previamente establecidos, con lo que se pone punto final al clientelismo y a las plazas fantasmas.
En lo que se refiere a los pactos colectivos con beneficios desproporcionados, para algunos dirigentes es indispensable que se deduzcan responsabilidades. Méndez Herbruger tiene en esto enorme responsabilidad, y esta debe ser deducida judicialmente, así él sea un consentido del empresariado y de los sectores conservadores. Igualmente deben ser perseguidos penalmente los distintos contralores que año tras año se han hecho de la vista gorda ante tales desórdenes, pues es evidente que salarios tan altos solo para algunos conserjes, secretarias, contadores y encargados de protocolo es contrario a cualquier reglamento de puestos y salarios, así sea este el peor de todos los posibles. Si el MP ha encausado y detenido a los contralores que mañosamente aprobaron las cuentas del alcalde de Antigua, es indispensable que en el caso del Congreso esto sea atendido con el mismo rigor.
El Congreso ha dado una lección importante: las planillas de personal permanente y por contrato deben ser públicas. Y su ejemplo de transparencia debe ser seguido por las demás instituciones del Estado. ¿Cuántos parientes, amigos o adláteres de los actuales y anteriores magistrados se cobijan en la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo está la situación en la Corte Suprema de Justicia y en los distintos ministerios? Pero, sobre todo, ¿cuánto cobran los oficiales de alto rango en el Ejército de Guatemala y de qué beneficios gozan? El ciudadano común tiene derecho a saber cuánto se gasta en comida en los cuarteles y si esos gastos benefician a la tropa o solo a la alta oficialidad, a sus esposas y a sus hijos.
Lamentablemente, el jefe del Ejecutivo, en su primera semana en el cargo, no nos ha brindado lecciones semejantes de honestidad y transparencia y se ha dedicado a pasear por los mercados y a posar para los medios en tiendas de comida rápida. Es indispensable, en consecuencia, que sepamos cuánto se gasta en Casa Presidencial en alimentos para él y su familia, pues, con el sueldo y los gastos de representación que tiene asignados, que los ciudadanos le financien desde alimentos hasta ropa de cama y de diario parece una contradicción y una evidente corrupción.
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