Cerrar

x
Ir

El castigo al hombre que no detuvo el terror

Recibe nuestro resumen semanal en tu correo
“Por lo antes expuesto, los juzgadores consideramos que el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar sus perpetración”, dijo la juez.
Unas de las últimas palabras de Yassmín Barrios fueron: “De la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, el tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra las demás personas que pudieron haber participado en los hechos”. Aplausos, chiflidos, gritos. Fue, quizás el momento en las mujeres ixiles sonrieron un poco más, aplaudieron un poco más.
Los asistentes en la sala celebraban la condena de 80 años de prisión para José Efraín Ríos Montt.
Luego de escuchar el fallo del Tribunal, Ríos Montt dijo que respetaría la decisión de los jueces.
Mujeres ixiles agradecen a los jueces del Tribunal la sentencia que dictó contra Ríos Montt..
Llora por sus familiares muertos en la guerra.
El ex jefe de estado fue condenado por genocidios y delitos contra deberes de la humanidad en la población ixil.
Mujer ixil baila y celebra la sentencia fuera de la Corte Suprema de Justicia en donde se realizó el juicio.
Familiares y amigos de víctimas del conflicto armado y autoridades indígenas frente al palacio de justicia.
redes sidebar
Tipo de Nota: 
Información

El castigo al hombre que no detuvo el terror

Tiempo aproximado de lectura: 18 mins
Historia completa Temas clave

Las víctimas sobrevivientes no pudieron ver el rostro del acusado y el acusado no pudo verlas a ellas. Es probable que los jueces y el condenado no se hayan visto a los ojos. Y, casi seguro, acusación y defensa no cruzaron miradas. La sala del palacio de justicia era un caos. Pasaron más de 30 años para que este momento llegara, las presiones mediáticas, los obstáculos legales, los saltos en el tiempo en el proceso. Las zancadillas que hicieron parecer que ese día no llegaría, llegó, llegó en una sala abarrotada, tensa, desorganizada. El tribunal leyó una sentencia construida con esmero para impedir caer en un laberinto de amparos, aunque la caída es casi inexorable. Mientras tanto, la historia ya ha sido marcada.

José Efraín Ríos Montt se fue a prisión con una orden. Una orden rabiosa, furiosa, desgarrada, angustiada, acorralada. Pero fue una orden. El abogado del recién declarado genocida gritó a la jueza que acababa de condenar: “¡Señora jueza, ponga orden en la sala!”. La jueza respondió, con el tono dulce y maternal que casi siempre controla: “Estamos poniendo orden en la sala. Les vamos a pedir a los jóvenes de la prensa que se sienten un momentito”. Los jóvenes de la prensa, que se abalanzaban sobre el condenado, no acataron. Ya no se escucharía más a Efraín Ríos Montt, apenas se le vería, a la mayor parte de la audiencia le fue imposible observar cuando el ex presidente de facto era llevado por la policía a prisión. 80 años de cárcel,  seis años menos que todo lo que ya ha vivido.

Una hora antes, a las 4 de la tarde, el foro estaba abarrotado, se había multiplicado el número de personas que apoyaron a la acusación durante el proceso, también se había multiplicado la prensa, mientras que los que acompañaban a los acusados se habían diezmando. Los acusados estaban casi solos. Solos, aunque a nivel de presiones políticas y a nivel mediático, en las columnas de opinión, en los programas de radio, en las redes sociales, muchos se oponían a la idea de que en Guatemala se declarara que hubo genocidio. Surgía el fantasma de la polarización. A diferencia de los días en que se presentaron testigos y peritos de la acusación, en que se había mantenido restringido el acceso a la prensa al área designada a la defensa y a la acusación; en los días de las conclusiones y éste, el de la sentencia, se permitió el acceso a todas partes de la sala.

La puesta en escena simbólica que representa un juicio ya no era teatral, ahora era una escenificación para los medios.

El estrado en donde se sitúa el tribunal estaba seguro, hombres de civil, probablemente los que acompañan rutinariamente a los jueces (Iris Yassmín Barrios lleva doce años viviendo con escoltas, desde que el 23 de marzo de 2001 el día que inició el juicio por el asesinato de Juan Gerardi, y sufriera un atentado en su casa).  En la zona de los acusados y de los acusadores  se duplicaba la presencia policial.

Calor, mucho calor,  tensión, expectativa. Los jueces Patricia Bustamante, Pabo Xitumul y Yassmín Barrios hicieron su entrada. Los tres de negro, excepto la blusa color granate bajo un saco negro de la jueza que presidía. Barrios empezó a leer a una velocidad avasalladora, primero con la voz temblorosa, pero al minuto ya estaba repuesta, “vamos a darla a conocer (la sentencia) en forma sintética en virtud de que por la avanzado de la hora y la complejidad del caso, después se dará a conocer”. “Señooora jueeez!”, se escuchó la inconfundible voz de Francisco García Gudiel, el abogado que logró incorporarse por último a la defensa de Ríos Montt y quien fue uno de esos personajes que entran y salen del foro durante todo el proceso.

“Una de las formas”, seguía Yassmín Barrios. “Señoooooraaa juez!”, gritaba el estridente García Gudiel. Por fin Barrios se detuvo, probablemente temía que en ese último día, a último minuto, surgiera uno de los tantos obstáculos legales que fue poniendo la defensa en el camino. “Señora juez, le estoy pidiendo la palabra que por el poder de disciplina les diga a los señores que nos den la oportunidad de observar y escuchar el fallo.”. Barrios dio la orden a los encargados de seguridad de sacar a cualquiera que interrumpiera. Se hizo evidente que en el Organismo Judicial no hay protocolos de seguridad o estos no se aplican con rigurosidad.

Todo volvió a la calma y Yassmín Barrios ya no se detuvo. Así como se ha comparado con una locomotora a la maquinaria de violencia estatal durante el conflicto armado en Guatemala y que rebasaría los límites más sangrientos durante los años de los gobiernos de Romeo Lucas y de Efraín Ríos Montt; así fue tomando impulso y velocidad el juicio que se llevaba espoleando desde hace trece años.

A los pocos minutos de iniciada la lectura, ya se sabía que habría sentencia y que sería condenatoria. No se sabía si sería en igualdad de condiciones para los dos acusados, se desconocía si sería sólo por alguno de los dos delitos (genocidio o delitos de deberes contra la humanidad), no se sabía cuál sería la pena, pero la mayoría daba por seguro que Ríos Montt nunca pisaría una prisión.

De cómo se teje una sentencia para evitar que se cuele un amparo

Yassmín Barrios inició con una contextualización histórica y luego hizo un recorrido que fue tejiendo, repitiendo, resaltando, haciendo unos nudos que permitieran, punto a punto, pieza a pieza, completar todos los elementos que definen jurídicamente el delito de genocidio.

“En el área ixil  en las aldeas y caseríos de Santa María Nebaj,  San Juan Cotzal,  San Gaspar Chajul, hubo violaciones sexuales y arrasamiento de las aldeas lo que obligó al pueblo maya ixil a desplazarse para salvar sus vidas, surgiendo destacamentos y campamentos militares en donde se les obligo a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil… según lo recogido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico como por el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, los juzgadores hacemos el análisis siguiente:”, inició Barrios, citando los documentos cuestionados como evangelios prohibidos por sectores conservadores de la sociedad.

El tribunal utilizó los planes de operación Victoria 82, Sofía 82 y Firmeza 83 como pilares en los que sustentaría la sentencia; las otras columnas serían los peritos y los testigos. Eligieron las evidencias sin fisuras, seleccionaron a los peritos. Aportaron información técnica y fría que fuera completando el cuadro que respaldara la condena. Por más de una hora la jueza introducía, entre citas de los peritos, los nombres de víctimas y testigos, sin detenerse en detalles emocionales que sí se vivieron cuando aquellos hombres y mujeres, algunos que por primera vez llegaban a la capital, ayudados por un traductor, decían en público lo que habían vivido. Por más de una hora se escuchó  “muertes, masacres, persecuciones, violaciones, niños arrancados del vientre de su madre, niños alejados de su comunidad, huir a la montaña, campamentos”; se habló de los huesos, con balas, con heridas en el cráneo, de las fosas que poco a poco han vuelto a abrirse para escupir a los esqueletos que muchos habían negado y siguen negando, y que otros muchos siguen buscando para darles un entierro digno.

Beatriz Bustamante y Pablo Xitimul, que han sido como dos custodios permanentes y discretos, quienes completan el tribunal, cruzaban sus manos sobre la mesa y veían a un punto indefinido frente a ellos. Barrios no levantaba la vista del documento. Ya desde que se leían los datos fríos, algunos lloraban.

Hechos, hechos y la cita a los planes y a relacionar al presidente de facto Efraín Ríos Montt con éstos.

Pasó Elizabeth Oglesby, que analizó cómo los planes del ejército tenían “el objetivo de control físico y psicológico. Se establece arrasar las poblaciones y sus cosechas, despojando a las poblaciones de sus fuentes de alimentación, determinando que existió planificación del alto mando militar, se concretizo en el uso de aviones y helicópteros para destruirlos, lo que dio lugar a persecución de gente a la montaña afectando a los más vulnerables”.

Se citó la declaración de Héctor Rosada Granados, que sirvió para explicar “como surgió la doctrina de seguridad nacional, y la polarización de comunismo y capitalismo, asumida en Guatemala como forma de defender a las elites dominantes, identificando a quienes estaban en contra como enemigo interno del Estado. Evidenciando un patrón genocida”.

Las descripciones de las fosas, de los huesos, los disparos, los entierros de los cuerpos, los cementerios clandestinos aparecieron al citar al perito Mario García Arreaga.

Las declaraciones de las víctimas de violación –un día entero pasaron por la sala las mujeres con el rostro cubierto por sus propios tejidos– y la declaración de la perito española Paloma Soria “demuestra que fueron violadas por parte del ejército siendo evidente el temor y el trauma que todavía experimentan al recordar los hechos. Se utilizó violencia física y psicológica, utilizadas en contra de ellas al ser acosadas sexualmente, una de ellas inclusive fue violada por aproximadamente 20 soldados. Demuestran de forma contundente que sí existió violación de mujeres por parte del ejército de Guatemala”. El tribunal aseguró: “Paloma Soria, quien fue precisa en acreditar el peritaje: siendo parte de un estrategia para destruir a los ixiles, violaciones a menores, mujeres embarazadas y ancianas, el peritaje constata que las violaciones se produjeron en forma continuada y contribuyeron a la destrucción del tejido social”.

El peritaje de Jaime Romeo Valdez describió la huida a la montaña y el reclutamiento en las Patrullas de Autodefensa Civil. El complejo peritaje estadístico de Patrick Ball fue mencionado brevemente para “confirmar en forma numérica lo dicho por las víctimas, dentro del análisis de cada testigo”.

La declaración de Marta Casaús Arzú dio los insumos al tribunal para “comprender la diferencia conceptual de discriminación y genocidio, permitiendo conocer los antecedentes históricos y sociales pertenecientes al racismo. Se consideró el racismo como una maquinaria de exterminio, siendo el racismo la base para el genocidio”.

Barrios insistía, las acciones violentas contra los ixiles no fueron espontáneas, eran la concretización de planes previamente elaborados. Se mencionaba la tarea de ideologización, no faltó la mención –varias veces- a aquellos mensajes dominicales que quedaron guardados en la memoria colectiva, pero que no quedaron registrados en los archivos audiovisuales de Guatemala, porque no los hay. Porque los canales de televisión grababan sobre las mismas cintas y la radio nacional TGW aseguró a Plaza Pública, cuando se solicitó por la ley de información pública sus archivos, que éstos “no existían”.

Durante todo el proceso, la defensa presentó evidencias y testigos raquíticos, mientras que la estrategia la jugaba en otras instancias, recusando a los jueces, intentando retrotraer el proceso por vicios u omisiones. Sin embargo, hubo  un aporte contundente, sólo que éste sirvió para anotar en su propia portería. El tribunal citó al general José Luis Quilo Ayuso. Fue una de las menciones más largas. “Tal como indicó el perito José Luis Quilo Ayuso, el Comandante General del Ejército era el general Efraín Montt, confirmando que los planes son autorizados por el presidente y comandante general, que fueron elaborados  por el director de inteligencia militar siendo claro el perito al indicar que en el plan Victoria 82. Siendo uno de los objetivos del ejército el recuperar a la población civil. Indicando que fue Ríos Montt quien dio la orden para elaborarlos”.

Pero no todos los peritajes y testigos fueron tomados en cuenta, o al menos no fueron mencionados en esta primera versión sintética de la sentencia. Hubo ausencias, tan sorpresivas como la del video presentado por la acusación, grabado por Pamela Yates, quien ha estado presente durante casi todas las audiencias, en el que Ríos Montt decía a sus entrevistadoras: “Si yo no puedo controlar al ejército, ¿entonces qué estoy haciendo aquí?”. Tampoco se habló de la Fundación de Antropología Forense y de su director, Fredy Peccereli, que durante la fase de conclusiones fue uno de los más apaleados por García Gudiel. La defensa aseguraba que el título de Peccereli no estaba convalidado en Guatemala y llegó a llamarlo “charlatán”.

Se evitó mencionar a testigos o peritos que implicaran a alguien más en el proceso. El más evidente fue el de Hugo Ramiro Leonardo Reyes, quien causó agitación al mencionar al presidente Otto Pérez Molina, al general Quilo Ayuso y al coronel Juan Chiroy –el acusado principal por la masacre de Totonicapán en 2012–. No se habló tampoco de otros posibles implicados como financistas, iglesias, grupos subversivos, o cualquier otro actor protagonista que pudiera enturbiar la sentencia, o dar voces de alerta o de enojo en el enrarecido ambiente social y político en que se desenvuelve el juicio.

“Por lo antes expuesto, los juzgadores consideramos que el acusado José Efraín Ríos Montt tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar sus perpetración”, dijo la juez.

Una condena con final abierto

José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fuera director de Inteligencia, llamada D2, en el gobierno de facto de Ríos Montt, durante todo el proceso fue un actor secundario, insípido para la prensa, con un imborrable rostro de aflicción. Llegaba en silla de ruedas, sentado en uno de esos neumáticos tan poco dignos y permanecía estoico durante todas las audiencias. Cruzaba escasas palabras con su compañero de purgatorio. José Mauricio Rodríguez Sánchez fue absuelto de todos los cargos y cuando llegue a estar firme la sentencia podrá salir en libertad, o podrá cambiarse de hospital que era lo que pedía el abogado defensor cuando presentó las conclusiones de su defendido.

“¡Un D2 no tiene poder de mando!”, insistía el abogado Francisco Calderón. No tiene poder de mando, resumió la jueza. Su nombre no fue relacionado con los planes tantas veces mencionados, con su tarea en inteligencia, con la obtención de información, con nada. Rodríguez Sánchez fue absuelto.

“Se declara a Efraín Ríos Montt culpable de genocidio”. En la sala se percibió una especie de exhalación masiva, como si cientos de pechos hubieran expulsado el aire al mismo tiempo. No hubo palabras. Las mujeres ixiles se veían unas a otras, pero seguían en silencio.

Se rompió el silencio, sonaron los aplausos, cuando la jueza dijo 50 años de prisión inconmutable por el delito de genocidio y 30 años por el delito de deberes contra la humanidad, y atronaron mucho más, cuando se dijo que Ríos Montt iría directo a prisión. Los aplausos, los chiflidos, los gritos reventaron en la ardiente sala.

Los temblores después de una condena

Hace cuatro años, el 31 de agosto de 2009, fue condenado en Chimaltenango a 150 años de cárcel por desapariciones forzadas Felipe Cusanero, el primer comisionado militar que terminará su vida tras las rejas. El comisionado militar es uno de los últimos eslabones del ejército que une a la población civil con las filas, un hombre nombrado para que reclute, para que dé información, para que organice a los civiles en las poblaciones a donde no alcanzaba a llegar el ejército. Cusanero se fue a prisión sin señalar a nadie más, no levantó ni medio dedo, no pronunció un solo nombre.

En el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Sánchez, en los últimos días de la accidentada carrera por emitir condena, empezaron a colarse nombres, empezaron a percibirse de reojo señales de que las piezas del dominó al caer podrían provocar una reacción en cadena que pocos esperaban y que conforme avanzaban se iban dando señales de alerta. Las reacciones de quienes se oponían al juicio, o al discurso que niega el genocidio, los comunicados de prensa, empezaron a revelar los temores: polarización, disminución de la inversión extranjera, violencia política, ruptura del Estado de Guatemala, pero también se filtraban sutiles amenazas de “van a ir por otros” en más juicios. Se sugería la idea de nuevos derroteros en las investigaciones, entre ellos financistas del sector privado que aportaron con dinero, con insumos, con aeronaves. En los entrelíneas de las declaraciones de Zury Ríos, la hija de Efraín Ríos Montt, o las de Alberto Reyes, vocero del movimiento de hijos de militares, quedaban claras estas amenazas.

El día que Efraín Rios Montt rompió el silencio y decidió hablar, uno antes de que se dictara sentencia, el acusado no negó las masacres o incluso un genocidio. Ríos Montt negó estar enterado y señaló como responsables de su área a cada uno de los encargados de su comando.

Unas de las últimas palabras de Yassmín Barrios fueron: “De la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, el tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra las demás personas que pudieron haber participado en los hechos”. Aplausos, chiflidos, gritos. Fue, quizás el momento en las mujeres ixiles sonrieron un poco más, aplaudieron un poco más.

Algunos nombres podrían  estar relacionados con la fuerza de tarea Gumarcaj, situada en el área ixil. Al comparar las fechas de participación con los archivos de la National Security Archives, surgen algunos nombres: Roberto Enrique Mata Gálvez, (comandante de la Fuerza de tarea Gumarcaj, 27/7/1982 a 1/6/1984), Juan Guillermo Oliva Carrera (ejecutivo de compañía, 1982), Anacleto Maza Castellanos (en la Fuerza Área, relacionada directamente en Victoria 82), podrían ser aquellos que Ríos Montt no llegó a nombrar. ¿Hasta dónde llegarán las investigaciones y la persecución? Es imposible saber.

Apretar los puños en los ojos

Había muchas lágrimas. Las activistas que han apoyado el proceso desde diversas instancias: Hellen Mack, Rigoberta Menchú (quien fue la primera en iniciar proceso hace trece años) lloraban. Algunas de las mujeres ixiles lloraban; otros tantos intentaban contenerse.

La sala de audiencias estaba por reventar. “Se acaban de cagar en Guatemala”, murmuraba rabiosa una muchacha de las bancas cercanas a los acusados. “No sabíamos a qué sabe la victoria”, decía alguien del otro lado. Era un silencio abrumador, era la sensación de que aquello aún no había terminado. Fue allí, cuando pasaban los minutos eternos para que llegara la policía para conducir al condenado a prisión, cuando éste gritó su orden a la jueza. Fue allí cuando el caos de los fotógrafos que se arremolinaban a su alrededor para fotografiarlo amenazaba con aplastar al acusado antes de que cumpliera condena. La juez a gritos intentaba poner orden, el auditorio después de haber estado gritando “¡Justicia, justicia, justicia!”, ahora gritaba a los periodistas “quítense, quítense”.

Entonces, empezó a sonar una voz. Cantaba. “Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, darle paisaje al ciego, corazón al malvado”, era la versión del poema de Otto René Castillo, el poeta guerrillero torturado hasta la muerte por los militares en 1967, cantada por quien la musicalizó. Fernando López empezó a cantar y poco a poco se fueron uniendo voces tímidas, hasta que una buena parte del auditorio también cantaba. En ese momento entró la policía, al menos quince agentes se plantaron frente al espacio rodeado en el que estaba el acusado.

“¡Viva el pueblo ixil!”, se empezó a corear. Y ellas, las mujeres ixiles que estuvieron permanentemente, estoicamente, silenciosamente, durante más de un mes, miraban al frente. O no entendían o se sentían avergonzadas. Uno de los traductores que los acompañaba se puso al frente y dijo “vamos a agradecerle a los jueces”; y allí, sí, todas se movieron, se levantaron, se llevaban las manos al corazón y se inclinaban, y se volvían a inclinar y decían “gracias”, “tantix, tantix”. Efraín Ríos Montt fue sacado de la sala.

La jueza Barrios se puso de pie y saludó al público que coreaba “¡Yassmín, Yassmín!”, saludó, e hizo una señal de abrazo. Fue también la foto de ese abrazo y de ese saludo el que ha servido para revelar que son muchos los que se oponen a la sentencia, la foto circula en internet como muestra de que “el tribunal era imparcial”. Si las redes sociales son realmente un termómetro social, sí que estarían indicando que la polarización que siempre ha estado, que el discurso de la guerra fría que no se ha abandonado, el de comunistas, izquierdistas, hippies, derechistas, fascistas, oligarcas, se ha alborotado. Ya el domingo, dos días después de la sentencia, el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la cúpula del sector privado organizado, realizaba una conferencia para pedir que se anule el fallo. La embajada de los Estados Unidos, el otro gran poder del siglo XX en Guatemala, respondía con un comunicado pidiendo que se respetara el juicio. De momento, en los tribunales de la República de Guatemala, ya hay una sentencia que encontró culpable jurídicamente a un ex jefe de Estado por haber sabido del terror del genocidio y no haberlo detenido. 

***

Ríos Montt se fue directo a la exclusiva prisión de Matamoros, situada en el mismo fuerte militar donde el joven José Efraín inició su carrera. Los jueces se quedaron en la sala a la espera de que los asistentes salieran.

José Mauricio Rodríguez Sánchez volvió al Hospital Militar.

Los ixiles caminaron hacia los buses que los habían transportado desde el 19 de marzo. En la plaza frente al Palacio de Justicia se había organizado una fiesta en pocas horas con música y flores. Una valla de personas los esperaba y aplaudían.

Los ixiles, que siempre estuvieron como una presencia silenciosa y que solo rompieron el silencio cuando pasaron a declarar su tragedia, empezaron a caminar en medio de los que los recibían con aplausos. Muchos de los que les aplaudían también son víctimas sobrevivientes, tienen familiares desaparecidos, vivieron en el exilio, sólo que de otros momentos de la historia o de otras circunstancias. Los que fueron llamados enemigos internos, incontrolables, rebeldes, los ixiles, ahora sonreían.

Llovía.

Dicen que una mujer salió bailando.

 

 

*Corrección: en un inicio se indicó que fue Ríos Montt quien dio la orden a la jueza, sin embargo, se verificó que fue su abogado quien gritó para defender al recién condenado. El texto fue corregido para evitar confusiones.

Autor
Autor
a
a