Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
El cartel de los millonarios traficantes de influencias
Ir
Información

El cartel de los millonarios traficantes de influencias

redes sidebar

Los empresarios millonarios también pueden ser delincuentes. No de los que asaltan en las calles o extorsionan en los barrios populares. Algunos, como los señalados por el MP y la Cicig en el caso denominado “Traficantes de Influencias”, delinquen desde las lujosas oficinas de sus empresas, sus apartamentos de descanso o, en el caso de los que también son jueces o diputados, desde sus despachos.

En un apartamento ubicado en la zona 14, que según la ocasión lo usaba para encuentros privados o reuniones de trabajo extraparlamentarias, el joven diputado del partido Todos, Felipe Alejos Lorenzana, citó de urgencia a los representantes de un grupo de empresas a las que ofrecía sus servicios de intermediación ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). “Hay clavos”, les advirtió, nervioso, a los asistentes al encuentro en el edificio Ángel Gabriel. Era el 15 de abril de 2015, y desde las primeras horas de ese día el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), habían sorprendido al país con decenas de detenciones de funcionarios, empleados y empresarios, por un caso de defraudación tributaria que meses después obligaría a la renuncia y detención de la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina.

Entre los detenidos ese día por el caso denominado “La Línea”, explicó Alejos Lorenzana a sus clientes, se encontraba su socio y cómplice en las operaciones fraudulentas que realizaban a favor de estos ante la SAT, Giovanni Marroquín Navas. Les pidió tranquilidad y ofreció continuar con los trámites pendientes, luego de que la cosas se calmaran. El diputado que en ese entonces rondaba los 30 años, se había iniciado en la vida política en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que lo llevó al Congreso por primera vez y le abrió las puertas al poder y a las relaciones. Acompañó a Roberto Alejos Cámbara cuando este rompió con la UNE, y le ayudó a crear el partido Todos, del cual es secretario general. Sus habilidades de negociador le han valido para ubicarse en las juntas directivas del Congreso durante los últimos tres años, en las que ha ocupado la Primera Vicepresidencia del Legislativo.

Esas mismas habilidades le sirvieron también para desarrollar una línea de negocios poco ortodoxos, que ahora lo podrían llevar a la cárcel. El MP y la Cicig lo señalan de formar parte de una estructura criminal que utilizaba sus influencias políticas para favorecer a empresarios millonarios a agilizar los largos trámites de la devolución del crédito fiscal. “Ofrecía a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la SAT, para agilizar sus solicitudes de crédito fiscal”, explicaba el jueves la fiscal general Thelma Aldana, al argumentar las razones por las cuales horas antes el MP y la Cicig habían presentado una solicitud de antejucio en su contra. Dentro de la estructura criminal eran conocido como “Filipao”, agregó.

[frasepzp1]

Según la fiscal, Alejos Lorenzana “se concertó con Giovanni Marroquín Navas y por su conducto con los empleados de la SAT”, para llevar a cabo sus fines criminales. Entre el “portafolio de clientes” a los que brindó sus servicios de “agilización y tramitación” como traficante de influencias en la SAT, se encuentran Z Gas, el Ingenio Palo Gordo y Latex. A estas compañías, precisó Aldana, el directivo del Congreso les “prometió tramitación ágil y eficiente de sus expedientes de devolución de crédito fiscal, argumentándoles que él conocía la gente a lo interno de la SAT para ayudarlos en el tema”.

El jueves por la mañana, un sonriente Alejos Lorenzana decía a los periodistas que él y su partido apoyaban la lucha contra la corrupción que lideran el MP y la Cicig. Por la noche, luego de que varios canales de televisión transmitieran en vivo la conferencia de prensa de la fiscal general y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, en la que explicaron la forma de operar de la estructura criminal en la que lo implican, el diputado dejó de atender su teléfono. “Hasta que no me notifiquen y lo pueda revisar con mis abogados no me voy a pronunciar”, escribió en un mensaje de WhatsApp.

Archivo

Además de evidencias documentales, la fiscalía cuenta con declaraciones testimoniales de representantes de las empresas que fueron contactadas por el diputado para ofrecer sus servicios de “tramitación exprés”. Hasta que le sea retirada la inmunidad de que goza como legislador, explicó Aldana, podrá continuarse con la investigación en su contra.

“La Línea”, el punto de partida 

El MP y la Cicig identificaron a Giovanni Marroquín Navas como “el eje fundamental” del grupo criminal, en el que también participaban altos cargos de la SAT, millonarios empresarios y políticos. La investigación de este caso (como de la mayoría de los que se han conocido desde abril de 2015) inició con “La Línea”, la mafia que controlaba las aduanas del país y que según las autoridades era liderada por Pérez Molina y Baldetti.

Según las investigaciones, Marroquín Navas cobraba una comisión del 11,5% del monto total del crédito fiscal, que lograba que devolvieran con rapidez a las empresas que usaban sus servicios. Esto lo conseguia con el apoyo de funcionarios de la SAT: los exsuperintendentes Omar Franco Chacón, Rudy Villeda y Carlos Enrique Muñoz Roldan; el antiguo director de la Intendencia Jurídica, Alfonzo Romeo Castillo Castro, y el exintendente de Verificación, Ariel de Jesús Guerra Castillo. Los encargados de ofrecer esos servicios eran los empresarios Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, Mario Leal Castillo y Alejos Lorenzana.

[relacionadapzp1]

También formaban parte de esta red criminal el hijo de Marroquín, Marlon Marroquín Silva, a quien acusan de suscribir contratos para justificar las comisiones y realizar los cuadros para la repartición del dinero; Rigoberto Chacaj, quien trabajaba para Alfredo Muñoz Ledo en la empresa Tres Puertos; Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo de Carlos Muñoz Roldán y encargado de llevar sus propios casos con Marroquín; José Raúl Cardona Alfaro y Cristian René Álvarez Vega, quienes servían de puente entre Marroquín Navas y Muñoz Morales para el pago de las comisiones.

Marroquín Navas, preso desde abril de 2015, también formaba parte de la “estructura externa” de “La Línea”, con poder sobre las autoridades de la SAT. En los allanamientos realizados el 15 de abril de ese año, los investigadores encontraron cientos de documentos, agendas, teléfonos y otros dispositivos que contenían información sobre este otro grupo criminal señalado de traficar influencias. “En allanamientos a boutique Emilio se encontró evidencias de los casos de devolución del crédito fiscal de Ingenio Palo Gordo y Z Gas (…) El 15 de abril de 2015, durante la aprensión de marroquín, se encontró información valiosa”, explicó Aldana.

[frasepzp2]

Una semana antes, Marroquín Navas y Alejos Lorenzana habían negociado la comisión que cobrarían a Z Gas (la más grande distribuidora de gas del país, de capital mexicano) por tramitar con rapidez la devolución del crédito fiscal. El pago de la coima acordado fue de Q10 millones: Q1,5 millones para cada uno, y los restantes Q7 millones distribuidos entre las otras personas que participarían en la operación anómala.

La primera parte de ese caso fue presentada en febrero de 2016 y fue denominado como “Impunidad y Defraudación en la SAT”. En este aparecen empresas como Aceros de Guatemala y Tres Puertos. En las nuevas diligencias, sin embargo, se observó que la red era de mayor dimensión e incluía a actores externos (Muñoz Ledo Carrillo, Leal Castillo y Alejos Lorenzana) que servían como captadores de clientes. Las autoridades no saben desde cuándo operó la red, pero los datos que tienen van desde 2011 a 2014 y podría haber cobrado hasta Q19 millones. Señalan, además, que hay nueve empresas involucradas, entre ellas nuevamente figura Aceros de Guatemala, así como Industria de Tubos y Perfiles, Maya Quetzal, MAG Alcoholes, Ingenio Magdalena, Productos y Servicios Azucareros, Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de El Petén (Repsa) e Ingenio Palo Gordo. La mayoría de estas millonarias compañías han tenido problemas con el fisco y la justicia por evasión de impuestos y problemas laborales y ambientales.

[relacionadapzp2]

Repsa, por ejemplo, forma parte del Grupo HAME, propiedad de la familia Molina Botrán, y explota alrededor de 46 mil hectáreas de cultivo de palma africana. Hace dos años se le acusó de ecocidio en el río La Pasión. Fuentes cercanas a la SAT explicaron a Plaza Pública que este conglomerado ya había tenido problemas en el pasado porque no habían pagado impuestos y que se acercaron a las autoridades y pagaron más fondos que Aceros de Guatemala. “Ellos tenían varios expedientes archivados y cuando cambiaron las autoridades de la SAT se acercaron para pagar la deuda. Esta era de aproximadamente Q1,100 millones. Más de los Q789.2 millones que Aceros de Guatemala pagó de golpe”, explicaron.

En este caso Repsa es señalada por el MP y la Cicig de usar el mecanismo del amparo para aparentar legalidad en la agilización del cobro del crédito fiscal. Carlos Enrique Arévalo García, representante legal de la empresa, reconoció ante las autoridades que se pagó a Marroquín Navas por las devoluciones del crédito fiscal. Se tramitó la agilización de al menos seis expedientes. De acuerdo con el testimonio de Arévalo, se hizo un contrato entre Ingeniería Integral (Marroquín Navas) y se hacían los pagos conforme Repsa recibía la devolución del crédito fiscal. Todo a través de una empresa del grupo HAME de nombre Jocotén. El operador de la estructura podría haber recibido Q4,3 millones por este trabajo.

El crédito fiscal

El comisionado señaló que la particularidad de varios de los casos, incluidos el de la empresa de palma, es que se dio un abuso del recurso del amparo. El MP concluyó que Ariel Jesús Guerra, exintendente de Verificación, contactó con abogados para que interpusieran los recursos en contra de la SAT. Casi decir contra sí mismo.

La devolución del crédito fiscal es una obligación del Estado; está contemplada en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es la suma del impuesto cargado al contribuyente por operaciones afectas realizadas durante el mismo período”. Es decir que el impuesto pagado es reconocido por haber importado, adquirido o construido activos fijos. Hasta ahí todo bien. Pero cuando se paga sobornos para agilizar los trámites de la devolución, se comete un delito. De eso se trata este caso. La fiscal general se valió de un ejemplo claro. El mismo día que Aceros de Guatemala ingresó su requerimiento de devolución de crédito, otras dos empresas lo hicieron. La documentación de la primera se tardó 290 días. El trámite de las otras aún sigue en proceso.

[relacionadapzp3]

Adrián Zapata Alamilla, exintendente de asuntos jurídicos de la SAT, explicó que la devolución del crédito fiscal lleva un proceso complejo porque los empresarios deben de esperar varios meses para que su expediente sea revisado, aprobado por la SAT y enviado al Ministerio de Finanzas para que solicite al Banco de Guatemala que se les devuelva los fondos. “No es un pago automático, es un proceso de revisión que debe ser auditado y garantizar que se cumpla con todos los requisitos”, explicó.

Según el exfuncionario de la SAT, la “debilidad histórica de todas las instituciones del país” puede hacer de estos trámites “procesos bastante largos”, pero eso no justifica el pago de sobornos. Explicó que al trabajar en la SAT durante la administración de Juan Francisco Solórzano Foppa buscaron transparentar este proceso al hacer pública la lista de expedientes que se presentaban para solicitar el crédito fiscal, evitar así “influencias o favores” que pudieran alterar el orden de atención de los expedientes y se atendían según se presentaban para evitar la corrupción.

El tramitador millonario

El otro operador de esta estructura señalado por el MP y la Cicig, es el millonario empresario y excandidato a la vicepresidencia por la UNE en las elecciones de 2015, Mario Leal Castillo. Durante el gobierno del Partido Patriota se desempeñó como secretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina. Fue financista de las campañas electorales del PP, y de la suya con la UNE. Leal Castillo ha formado parte de las juntas directivas de Ingenio Magdalena y Grupo Cayalá. Su familia también es propietaria, entre otras empresas, de la cadena de supermercados La Torre, así como de gasolineras y constructoras.

Las autoridades señalan al empresario de ser un captador de clientes para la estructura. Era quien contactaba a las empresas con Geovanni Marroquín Navas para que este fuera el enlace con el ente tributario. Algunas de las compañías que podría haber auxiliado de esta manera son Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palma del Petén (Repsa), Maya Quetzal y el Ingenio Magdalena. Lo señalan de posiblemente haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero. En el caso del Ingenio Magdalena, el padre de Leal, Mario Leal Pivaral, es uno de los representantes de la compañía y es señalado de cohecho activo.

[relacionadapzp4]

Carlos Barreda, diputado de la UNE, tomó distancia del excandidato a la vicepresidencia de su partido en las pasadas elecciones. “Son actividades privadas de las cuales no teníamos conocimiento antes de que él fuera nuestro candidato a la vicepresidencia. Respaldamos la lucha contra la corrupción y el trabajo que hace el MP y la Cicig”, dijo Barrera.

El miércoles pasado, un tribunal emitió una orden de captura contra Leal Castillo, pero no fue posible detenerlo. Desde 2016, dijo el viceministro de seguridad Ricardo Guzmán, el empresario salió de Guatemala. “Posiblemente se encuentra en República Dominicana,” indicó. El siguiente paso para de detención será solicitar una orden internacional de detención con fines de extradición.

Sandra Sebastián

De las 28 personas señaladas por el MP y la Cicig de formar parte de esta red de traficantes de influencias, ocho fueron capturadas el jueves, once fueron declaradas prófugas, siete más citadas porque ya se encuentran en prisión preventiva por casos como “La Línea” e “Impunidad y Defraudación en la SAT”, y dos tienen solicitud de retiro de inmunidad. El diputado Alejos Lorenzana, y el juez séptimo de primera instancia penal, Adrián Rolando Rodríguez Arana. A este último se le acusa de los posibles delitos de prevaricato y denegación de la justicia por haber ordenado archivar sin fundamento legal, según el MP, los expedientes de tres causas penales por defraudación tributaria de Aceros de Guatemala.

Entre los capturados se encuentra el empresario Ingmar Walterio Iten Rodríguez, cuyo nombre también salió a relucir en “La Línea” e “Impunidad y Defraudación en la SAT”. El recién removido superintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa, denunció que en 2016 Iten Rodríguez dirigió un plan para asesinarlo a él y a la fiscal general.  “Sí recibí información de esos planes y me dijeron que era el empresario Iten Rodríguez el que estaba detrás de ese plan”, informó Solórzano.

Al empresario se le señala de ser uno de los principales financistas de las campañas electorales de los últimos 20 años, desde la de Alfonso Portillo (2000-2004) hasta la de Otto Pérez Molina (2012-2015). Al ser capturado, Iten Rodríguez afirmó que las acusaciones en su contra son un “montaje” del MP y la Cicig.

El “portafolio de clientes” de Filipao incluía a Z Gas, el Ingenio Palo Gordo y Latex, según el MP y la Cicig.
Las autoridades no saben desde cuándo operó la red, pero sospechan que entre 2011 a 2014 cobraron hasta Q19 millones.
Texto
Edición

Facebook comments